Causa para arresto contra imputados de fraude en Guaynabo
La magistrada fijó la vista preliminar para el 24 de abril en las sala 404 del tribunal de Instancia de Bayamón.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 11 años.
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La jueza Lorraine Biaggui, Trigo de la sala de Investigaciones del tribunal de Bayamón, determinó causa para arresto contra 29 persona implicadas en el fraude primarista del precinnto 7 de Guaynabo, fijándole fianzas de $1,000 por cada cargo imputado.
Se destacan entre los acusados, Norma Miranda, ayudante de la ex presidenta de la Cámara Jenniffer González; Karen Vázquez, ayudante del alcalde Héctor O'Neill; el comisionado electoral del Municipio de Guaynabo, y Wilfredo Martínez Hernández; el chofer y escolta del alcalde Héctor O'Neill, Ricardo Marrero Santos.
A estas personas se les imputa el cambio de dirección que realizaron ofreciendo información falsa sobre su lugar de residencia en el distrito 7 en la hoja de inscripción electoral con el fin de favorecer a Soto, quien era el candidato del alcalde O’Neill.
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Los cargos principales que se les radicaron incluyen apropiación ilegal de identidad, falsedad ideológica, archivo de documentos o datos falsos y perjurio, delitos que podrían conllevar una pena de seis meses y un día hasta tres años de cárcel.
La magistrada fijó la vista preliminar para el 24 de abril en las sala 404 del tribunal de Instancia de Bayamón.
De los 29 acusados, 26 que son representados por sus abogados, se allanaron a la vista de arresto. Solo tres de los imputados vieron la vista de causa. Estos fueron el capitán de la Policía retirado, Ariel Soto, y los sargentos José Rodríguez y Miguel Diaz.
Miranda, quien se allanó también a los procedimientos, declinó hacer comentarios.
A estas personas se les imputa el cambio de dirección que realizaron ofreciendo información.
A estas personas se les imputa el cambio de dirección que realizaron ofreciendo información falsa sobre su lugar de residencia en el distrito 7 en la hoja de inscripción electoral con el fin de favorecer a Soto, quien era el candidato del alcalde O’Neill.
El secretario del Departamento de Justicia, Luis Sánchez Betances, señaló esta mañana durante una conferencia de prensa que, entre los imputados se encuentra el recién nombrado comisionado de la Policía municipal, Wilfredo Martínez Hernández; las tenientes municipales Brenda I. Rodríguez Rodríguez y Ingrid Echevarría Colón; y los sargentos municipales César Beltrán Colón y Miguel Díaz Vélez.
“Una sociedad justa y democrática no puede tolerar la impunidad. En esta caso se trata de garantizarle a nuestro pueblo la integridad del sistema democrático en el que vivimos”, dijo el secretario de Justicia.
Se suman a la lista de acusados Karen M. Vázquez Negrón, ayudante del alcalde O’Neill; Ricardo Marrero Santos, integrante de la escolta del ejecutivo municipal; y Norma G. Miranda Gallardo, ayudante de trámite legislativo de la representante Jenniffer González.
26 de 29 acusados se allanaron a la vista de causa para arresto.
Ayudante de Jenniffer González enfrenta cargos
La defensa de Miranda Gallardo está a cargo del ex Fiscal Especial Independiente, Ernie Cabán, quien indicó que su la mujer no se allanó a la determinación de causa, por lo que fue llevada a la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ).
"Yo no me voy a allanar. Yo entiendo que el caso no procede" afirmó el licenciado Cabán. Posteriormente en una esquina de la sala, el letrado le explicó a Miranda Gallardo los cinco cargos que enfrenta. Según Primera Hora supo, se tratan de apropiación ilegal de identidad, falsedad ideológica, archivo de documentos o datos falsos y perjurio.
Miranda dijo a Primera Hora que no haría expresiones.
Además, se les radicaron cargos a los policías municipales Emmanuel Ramos Verdejo, Christian M. Moreno Peña, Alexis Franceschi Torres, Cynthia Pagán Porrata, Gerardo Tapia Reyes, Luis E. Villegas García y Juan E. Correa.
Varios agentes de la policía estatal también cayeron en esta ronda de acusaciones. Estos son el teniente José M. Rodríguez Pagán, el sargento Ángel Hernández Pérez y el capitán retirado Ariel Soto Cruz.
El resto del grupo queda integrado por los empleados o exempleados municipales Clara Vázquez Serrano, Irma T. Román Gómez, Miguel A. Pérez Marrero, Ángel E. Alicea Cintrón, David Figueroa Almodóvar, Carlos Rey Cotto, Luz M. Cruz Rivera, José A. Hernández Rondón, Aida Bastard Belpre y la empleada del consorcio Guaynabo-Toa Baja Yajaira Rojas López.
Estos delitos fueron configurados previamente por un comité ad hoc de la Comisión Estatal de Elecciones que investigó estos hechos y que rindieron un informe al Departamento de Justicia durante la secretaría de Guillermo Somoza.
Primera Hora supo que los delitos no prescriben hasta los cinco años de haberse cometido y varios de ellos se consideran delitos graves bajo el Código Penal de Puerto Rico.
Muchos de los acusados lucían sonrisas nerviosas. Otros se veían preocupados mientras eran asistidos por varios de sus abogados.
Funcionarios del Departamento de Justicia tienen una hoja de cotejo con el nombre y la foto de las personas citadas en el día de hoy los cuales van marcando según estos van llegando.
De acuerdo a la abogada Ana Quintero, quien representa a cerca de siete de los acusados, sus clientes son “de las menos importantes” ya que, según ella, “son empleadas que no participaron de nada”.
“A ellos los citaron y todavía no han sido informados del por qué de la citación”, expresó Quintero.
El fiscal de la División de Integridad del Departamento de Justicia, Alberto Valcárcel, a cargo de esta pesquisa, no ha arribado aún a la sala de investigaciones.
Alcaldía pide copia de acusaciones
La vicealcaldesa de Guaynabo, Aurialis Lozada Centeno, le envió una carta al Secretario de Justicia solicitándole formalmente copia de las denuncias radicadas hoy en cada caso y cualquier otro documento e información que sostenga dichos señalamientos a los fines de poder considerarlos en el curso del análisis encomendado.
“Nuestros abogados y personal de recursos humanos estarán analizando la particularidad de cada caso acorde con los señalamientos que le hace el Departamento de Justicia y la prueba disponible para determinar qué acción administrativa procede en esta etapa de presentación de las denuncias en los tribunales. Tan pronto el Departamento de Recursos Humanos y nuestra División Legal concluyan el análisis con sus recomendaciones al amparo de los estatutos internos del Municipio y de la Policía, procederemos a implantarlas”, manifestó Lozada Centeno, en un comunicado de prensa.
El alcalde Héctor O’Neill García se encuentra fuera del país en gestiones personales.
Lozada Centeno no hará comentarios en torno a las personas implicadas ni entrará a evaluar los señalamientos que les hace el Departamento de Justicia, por lo que recomendó que las preguntas relacionadas sean sometidas a los representantes legales de las personas que se mencionan en el caso.
La periodista Melisa Ortega Marrero colaboró en esta historia
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Han dejado a PR en bancarrota y ahora quieren encajarle el muerto a otro. Pobre Guaynabo y vuelven a elegir la misma porqueria de alcalde.