Ponce. La jueza Ginny Vélez Carrera, del Tribunal de Primera Instancia de Ponce, encontró en la tarde de este viernes causa para arresto contra el exalcalde de Santa Isabel, Enrique “Quique” Questell Alvarado, por dos cargos de aprovechamiento ilícito e influencia indebida.

La jueza impuso una fianza global de $4,000 con derecho al 10%, por lo que la suma que prestó Questell Alvarado de manera privada fue de $400. Quedó en libertad sin necesidad de usar grillete electrónico.

La vista preliminar del caso fue pautada para el 22 de junio. También quedó citado para el próximo lunes a las 10:00 a.m. para ser fichado en la oficina del Panel del FEI, en Hato Rey.

Fueron los fiscales especiales independientes (FEI), Emillo Arill García y Manuel Núñez Corrada, quienes presentaron las denuncias contra el exalcalde bajo el alegato de que este buscó la manera de reunirse con el exsecretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rafael Machargo, para que supuestamente le ayudara con una querella que tenía pendiente ante la agencia por una corporación de la que figura como parte propietaria.

Uno de los cargos presentados fue por violación al artículo 4.2 (B) de la Ley de Ética Gubernamental. Este artículo establece que “un servidor público no puede utilizar los deberes y las facultades de su cargo ni la propiedad o los fondos públicos para obtener, directa o indirectamente, para él o para una persona privada o negocio, cualquier beneficio que no esté permitido por ley”.

El segundo cargo fue por violación al artículo 292 del Código Penal sobre ejercer influencia indebida en la adjudicación.

Para sostener sus argumentos, los FEI presentaron cuatro declaraciones juradas, incluyendo una de Machargo. También presentaron copia de la querella del DRNA, en la cual se incluyó el nombre de Questell Alvarado, así como la certificación de la corporación en controversia, Aquamak, en la cual este figura como uno de los tres incorporadores, según detalló Núnez Corrada durante la vista judicial de Regla 6.

De ser encontrado culpable, el exalcalde se expone a una pena de cuatro años de prisión, sin derecho a probatoria por el delito de la Ley de Ética Gubernamental, así como una pena tres años de prisión por la influencia indebida.

En todo este proceso de acusación, Questell Alvarado guardó silencio.

Uno de sus abogados, Francisco Sánchez Rodríguez, informó que le dio instrucciones de permanecer callado.

“Está tranquilo, estamos tranquilos”, afirmó.

¿De qué se le acusa?

Las imputaciones contra el exalcalde están relacionadas a unas supuestas intervenciones que realizó para librar a la corporación Aquamak de una querella que evaluaba el DRNA. La decisión final sobre las acciones que tomaría la agencia estaban a cargo de Machargo.

A Aquamak el DRNA le radicó en el 2019 una querella porque entre 2015 y 2016 realizó cinco estructuras en la zona marítimo terrestre (ZMT) en el barrio Playa, calle Villa del Mar, donde tiene unas facilidades recreativas. También por podar y remover mangle del área.

Fueron los representantes Estrella Martínez Soto y Héctor Ferrer Santiago quienes se querellaron contra el exalcalde ante el Departamento de Justicia el 6 de abril de 2021, un día después de que en una vista legislativa de la Comisión para el Desarrollo y Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Sur Central. Allí, Machargo informó públicamente que el 6 de julio de 2020 se reunió en una residencia privada con Questell Alvarado en relación a la querella.

Trascendió durante la vista judicial, que el exsecretario del DRNA se inhibió de atender la querella contra Aquamak ese mismo 6 de abril de 2021.

Machargo ha rechazado que haya cometido algún acto ilícito tras este encuentro. De hecho, el Panel del FEI ya informó que no lo acusará. Determinó referir su caso a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).

En sus argumentaciones para intentar que el caso contra Questell Alvarado no prosperara, el abogado Sánchez Rodríguez pidió a la jueza que evaluara que fue el director de campaña de Wanda Vázquez Garced, Jorge Dávila, quien llevó a Machargo a reunirse con su cliente. Por ello, aludió a que se trató de un encuentro político para beneficio de la candidata.

También rechazó que, si hubo algún beneficio de ese encuentro, fuese para Questell Alvarado.

“¿Era un beneficio para él? En todo caso era para la corporación, pero la corporación no se benefició de nada”, sentenció, al aludir que no hubo ningún dictamen de Machargo sobre la querella ante el DRNA tras el encuentro.

De hecho, reforzó su argumento al estipular que en la vista pública ante la Legislatura del 5 de abril de 2021 Machargo alegó que no se inhibiría del caso. No obstante, un día después sometió tal inhibición, que ahora figuró como prueba para la acusación.

A su salida de sala, otro de los abogados del exalcalde, Pablo Colón, repudió que la presentación de cargos fuese por documento. Aludió a que no le permite al acusado presentar su prueba exculpatoria.

“Evidentemente, no le dan la oportunidad a la defensa de traer a la atención del tribunal aspectos importantísimos con respecto a ese juzgamiento... Es completamento injusto”, expuso.

Colón no rechazó que el encuentro entre su cliente y Machargo se diera. No obstante, rechazó que este buscara beneficiarse.

“¿Dónde fue esta reunión?¿En la alcaldía? ¿La casa de alcalde? ¿En la oficina del secretario de San Juan? Esta reunión fue en un lugar donde el alcalde se divierte. Fue una reunión política para discutir cuestiones políticas, no para discutir cuestiones que tuvieran que ver con el (ex)alcalde”, manifestó

Agregó que “no debemos ser tan ingenuos como para creer cosas que nadie más creería. En este caso, había un referido al (ex)alcalde con otras imputaciones que no se sostuvieron y como no había nada y hay que darle jurisdicción al FEI, hay que buscar algo para decir que la (ex)alcalde tuvo que ver. ¿Saben una cosa? Todo el mundo sabe que eso ahí no es del (ex)alcalde, es de una corporación. Por lo tanto, no pueden decir que el (ex)alcalde actuaba por sí, como decían las denuncias”.

El fiscal Núñez Corrada, en cambio, afirmó a la prensa que fue Questell Alvarado quien pidió el encuentro y quien llevó todos los documentos relacionados a la querella del DRNA para presentarlos a Machargo.

“Eso es lo que dicen. Esperamos por eso. No sean ingenuos”, indicó Colón, cuando se le cuestionó sobre el particular.

De inmediato, auguró que “esto no pasa de vista preliminar”.

Por su parte, el fiscal Núnez Corrada explicó que los alegatos contra Questell Alvarado. Alegó que Machargo no sabía el verdadero motivo del encuentro hasta que llegó a la misma.

“El señor Machago se encuentra con que el señor Questell está pidiéndole, con una serie de documentos, que él intervenga a resolverle su controversia, que tenía en Recurso la querella. Es voz populi en el pueblo Santa Isabel los negocios que tiene frente al mar y esa es la situación”, comentó el FEI.

También expuso que “el señor Questell utilizó otra persona, que ya se verá en la vista preliminar, para traer al señor Machargo al pueblo”.

Núñez Corrada tildó todo el incidente como uno de corrupción pública, aun cuando no haya recibido dinero y la querella no se haya resuelto a favor de Questell Alvarado o la corporación implicada.

“No todos los delitos de corrupción tiene que meterse los chavos en el bolsillo. Hay muchas maneras de corrupción y esa es una de ellas, tratar de influenciar en cuestiones personales de él, de un negocio de él, a influenciar, a resolver la controversia a favor de él. Eso es una manera de corrupción”, precisó.

Por otro lado, el FEI también tiene una investigación contra Questell Alvarado por presuntamente haber infringido varias disposiciones legales al nombrar a Carmen Rivera Torres al puesto de directora interina de Finanzas del municipio de Santa Isabel.

Justicia indicó en su referido al Panel del FEI que un informe de la Oficina del Contralor señalaba que el nombramiento de Rivera Torres fue ilegal debido a que no tuvo el aval de la Legislatura Municipal de Santa Isabel y que la funcionaria no contaba con un bachillerato en un área relacionada con el puesto que ocupaba. También, se mencionó que el informe señalaba varias acciones de Questell Alvarado que obstaculizaron los procesos de auditoría de la Oficina del Contralor en el municipio.

Questell Alvarado, del Partido Nuevo Progresista, perdió las elecciones generales del 2020 ante Rafael Burgos Santiago, del Partido Popular Democrático.

No es la primera vez que Questell Alvarado enfrentaría la justicia. En el pasado fue señalado por agresión, actos lascivos, discrimen político, malversación de fondos y fraude.