Una orden de mordaza para todas las partes del caso de corrupción contra el productor Sixto Jorge Díaz Colón fue emitida hoy, viernes, y hasta que concluya el juicio, por el juez federal Gustavo Gelpí.

El hombre, mejor conocido como Sixto George, fue arrestado en su hogar el pasado miércoles por agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) tras ser acusado de intento de extorsión contra el gobierno de Puerto Rico. El caso se remonta al polémico chat de Telegram que forzó la renuncia del entonces gobernador Ricardo Rosselló en el 2019.

“Como medida de precaución para proteger los derechos de todas las partes y preservar la integridad de todos los procedimientos futuros, se prohíbe a las siguientes personas divulgar, hablar o discutir con la prensa, los medios de comunicación y el público, incluso, entre otros, a través de las redes sociales, cualquier información que no sea la ingresada sin restricción en el expediente o divulgada en audiencia pública, relacionada con los hechos del caso”, lee la orden de Gelpí citada por El Nuevo Día.

“Esta orden no debe interpretarse en el sentido de excluir los esfuerzos de investigación del gobierno o de la defensa y no tiene la intención de evitar que la prensa y los medios de comunicación informen, opinen e informen sobre el caso. Tampoco funcionará para cerrar procedimientos automáticamente o bloquear el acceso a partes públicas del registro”, añadió el togado federal.

Las personas que violen la orden se enfrentan a sanciones económicas que incluyen el desacato.

Según el pliego acusatorio, Sixto George intentó extorsionar a oficiales de la administración de Rosselló al exigirle $300,000 en contratos y otros favores a cambio de lograr que no se publicara contenido adicional de las conversaciones en Telegram que sostenía el entonces primer ejecutivo del País con altos funcionarios y contratistas allegados.

El juez Bruce J. McGiverin le impuso al imputado una fianza de $15,000 y señaló la audiencia inicial para el 9 de febrero. El productor podría cumplir cárcel por los cargos criminales de extorsión y obstrucción a la justicia que fueron radicados en su contra.