Eso fue apenas una parte del explosivo testimonio que ofreció ayer Vargas en el tribunal federal como parte del primer día de desfile de prueba contra cuatro coacusados de participar en un alegado esquema de corrupción gubernamental.

Los acusados son López, ex administradora de la Administración de Derecho Laboral (ADL); Ivonne Falcón, ex vicepresidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA); su hermana Marielis Falcón, así como Glenn Rivera Pizarro, ex asistente del administrador de la Cámara de Representantes.  

Vargas ya se declaró culpable de su participación en el esquema y se enfrenta a cinco años de cárcel.

Según narró el testigo, su amigo de la infancia Anaudi y otras personas, incluyendo el ex senador popular Eder Ortiz, crearon varias compañías para hacer negocios con el gobierno. Ni Anaudi, ni Eder aparecían en los documentos, pero sí se beneficiaban de los contratos, dijo Vargas. También se beneficiaron José Rodríguez y Ramses Maldonado, entre otros.

El grupo comenzó a operar en el 2012 organizando actividades de recaudación de fondos para el entonces senador y luego candidato a la gobernación Alejandro García Padilla. También levantaron sus chavitos para Jaime Perelló, Carmen “Yulín” Cruz, Eduardo Bhatia y Maritere González.

Luego, cuando se perfilaba que el Partido Popular Democrático (PPD) ganaría, Anaudi y los socios comenzaron a soñar en grande: produjeron una lista más larga que la de un niño en Navidades a los Reyes Magos que bautizaron como Opportunity Road Map y que también le decían Opportunity Matrix con todos los posibles servicios que podían ofrecer a las distintas agencias donde tenían contactos.

Así fue como acabaron extendiendo sus tentáculos a las agencias ADL, AAA, Administración de Servicios Generales (ASG), Cámara de Representantes y Departamento de Educación, entre otros bajo los nombres de 3CommGlobal, Links Group, Kendall Consulting Group y/o Eko Technology.

Tempranito en el 2013, cabildearon en reuniones en el Senado para que Sally fuera confirmada como jefa de ADL. Anaudi, Eder y el testigo se reunieron y establecieron las estrategias que debían seguir para llenar plazas en puestos claves, relató.

Una vez lograron los votos y la confirmación de Sally, se fueron al Hotel Sheraton Convention Center y le hicieron una fiesta con la que sellarían su pacto.  

Con Sally, su asistente Kenneth Pérez, su encargada de prensa, a quien Vargas solo identificó como Anushka, se reunieron en múltiples ocasiones y firmaron contratos.

Dos meses después del cambio de gobierno ya Anaudi, el testigo y otros socios habían comprado materiales  para dar el servicio de registrar electrónicamente a participantes de ferias de empleo auspiciadas por ADL. Mientras tanto trabajaron hasta seis versiones distintas de la propuesta de ese servicio. La misma Sally revisó el documento, según dijo.

O sea, que ya tenían todo listo cuando en julio se oficializó el contrato, firmado por Sally.

Un documento presentado al jurado estableció que de esa labor facturaron a la ADL 1,334.15 horas, para un total de $86,720.

El testigo reconoció que no tenían experiencia en el tema.

¡Ah!, pero no se conformaron con registrar participantes, sino que también firmaron otro contrato con Sally como directora de ADL para organizar toda la logística de las ferias de empleo en distintos municipios. Ese documento se enmendó siete ocasiones en un periodo de 10 meses, para ampliar el monto hasta un tope de $460,000.

Del mismo modo, Anaudi y sus socios lograron otro contrato con ADL, firmado por Sally para ofrecer talleres a personas cesanteadas, que se pagaría con fondos federales de la Ley de Inversión en la Fuerza Trabajadora (WIA), aunque no tenían experiencia. Poco les importó que los contratos dijeran que no podían subcontratar los servicios, ellos lo hicieron de todos modos.

Cada contrato era con una empresa “distinta”, pero quienes trabajaban eran los mismos y todo el equipo directivo de ADL lo sabía, dijo el testigo.

La dinámica en la AAA se dio gracias a que Anaudi conocía a Ivonne Falcón, entonces vicepresidenta, y a Sonia Barreto, directora de compras, quien ya se declaró culpable por su participación en este esquema. El testigo dijo que se reunió en varias ocasiones en las oficinas centrales de la corporación pública con Ivonne y con Sonia y establecieron un plan piloto para medir la calidad del agua en plantas de tratamiento, aunque de ese tema tampoco sabían nada. También salían a almorzar, una ocasión en un restaurante de sushi, recordó.

Según el testigo, Eder Ortiz y Anaudi fueron quienes recomendaron el nombramiento de Sonia  en su puesto. El propósito era posteriormente presentar proyectos a “una persona conocida”.

En mayo de 2013, cinco meses después del cambio de gobierno Anaudi, quiso celebrar su cumpleaños y pidió prestada la suite del Gobernador en el “Choliseo” José Miguel Agrelot y se lo concedieron. El testigo no detalló quién dio el visto bueno para eso. En esa ocasión se presentaba en concierto Don Omar.

Fue entonces que el juez Pedro Delgado interrumpió para preguntar “¿qué es Don Omar?” y acto seguido estallaron las risas en la sala, incluyendo los acusados, el testigo y el jurado. Vargas le explicó al juez que era un cantante de reguetón.

Para agosto de 2014 cuando ya los contratos con las agencias habían empezado a rendir frutos, el grupo de Anaudi decidió alquilar su propia suite en el Choliseo a razón de $10,500 mensuales a cambio de 20 boletos gratis para los conciertos. Allí se reunían con Sally, con Ivonne y con Sonia, y con otros posibles clientes para hacer negocios, dijo el testigo.

En la suite “siempre había bebidas y comida… whisky, vodka, ron, cervezas… Sally… siempre tomaba champán rosado y había que tenerle sus strawberries”, indicó el testigo.

Esa suite se pagó con una tarjeta de crédito a nombre de unos de los socios, José Rodríguez. Tanto acumularon en deuda, cuando el FBI ya les seguía la pista y empezó a tambalearse el entramado que montaron, que dejaron de pagar la tarjeta, se la cancelaron y al día de hoy deben $275,000.

Más adelante el testigo contó que estaban en proceso de obtener contratos con la Cámara de Representantes cuando al mismo tiempo eran parte del comité de finanzas del presidente de ese cuerpo, Jaime Perelló.

En las reuniones del comité estaban el ex representante Ferdinand Pérez, la actual directora de campaña de David Bernier, Liza Ortiz, el licenciado José Julio Aparicio, Xavier González entonces administrador de la Cámara y también declarado culpable de este esquema.

“Anaudi tenía muy buena relación con el presidente de la Cámara Jaime Perelló y le pidió una oportunidad de presentar un proyecto o qué oportunidad había en la Cámara”, estableció el testigo.

Para los contratos del grupo de socios con ese cuerpo la pieza clave fue Víctor Burgos otro de los que se ha declarado culpable en este caso.

Fue el mismo Burgos quien les recomendó a Anaudi y sus socios que se debía cambiar el cuadro telefónico de la Cámara Baja, indicó Vargas.