Pablo Casellas , acusado por el asesinato de su esposa, la ejecutiva de seguros Carmen Paredes, solicitó al Tribunal de Primera Instancia de Bayamón el traslado de su juicio a otro distrito judicial para garantizar un juicio justo e imparcial, luego de que una encuesta realizada por un grupo de investigadores contratado por la familia reflejara que la gran mayoría de los potenciales jurados de la región judicial de Bayamón “vendrán con la cabeza hecha de que él es culpable de los delitos que se le imputan”.

En una moción en solicitud de orden de amparo del debido proceso de ley y el derecho a un juicio justo e imparcial, la defensa de Casellas expone que desde el 14 de julio de 2012, cuando Paredes fue asesinada, la publicidad que ha recibido el caso es una “parcializada, inflamatoria, derogatoria y tan intensa que, razonablemente, puede inferirse de ella que se ha creado, promovido y mantenido una atmósfera de pasión y prejuicio en contra del acusado”.

“Lo peor de esto es que la publicidad tomó fuerzas y se desarrolló ante las filtraciones y comentarios de funcionarios del Estado y la divulgación de estos vía programas de televisión dirigidos al entretenimiento público”, se expone.

Se indica que los medios de comunicación tienen un impacto sustancial en la opinión pública y que las personas, incluidos los potenciales jurados del caso, generan opiniones a la luz de lo que ven y oyen a través de la prensa, televisión, radio e internet, lo que afectaría las posibilidades de un juicio imparcial.

Para sostener sus alegaciones, la defensa de Casellas le informa al juez José Ramírez Lluch, del Tribunal de Bayamón, quien preside el caso, los resultados del estudio, que arrojan que el 94% de las personas del distrito judicial de Bayamón reporta leer, ver y/o escuchar noticias regularmente.

Un 70%, se indica, piensa abiertamente que Casellas es culpable de los delitos que se le imputan; un 5% es de la opinión que Casellas ha incurrido en conducta i rracional o se le ha dado trato preferencial debido a la posición de su padre y por tener dinero; un 12% dice no tener opinión por no tener información suficiente; un 8% sostiene no conocer el caso y un 5% señala que la verdad se sabrá en el juicio.

Por todo esto, piden el traslado del caso. Además, solicitaron que se decrete una moratoria por un término razonable y que se conceda 10 perentorias adicionales al acusado, sin concederle el mismo número al Ministerio Público.