Ante la constante baja población de transgresores y confinados que hay bajo la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), la agencia cerrará una de las tres instituciones juveniles que hay en la isla y una de las cárceles de adultos, una acción que redundará en un ahorro de entre $2.5 y $3 millones anuales para el Gobierno.

Así lo confirmó a Primera Hora el secretario del DCR, Erik Rolón, quien justificó el cierre –que se llevará a cabo en un solo movimiento el próximo 15 de enero– como una “cuestión de eficiencia”, pues la cantidad de espacios vacíos en los complejos correccionales tienen como consecuencia un costo millonario al erario.

Actualmente, hay tres instituciones juveniles ubicadas en Humacao, Villalba y Ponce. 

El secretario insiste que será la semana que viene que se tomará la decisión final sobre cuál complejo cerrará sus puertas. Entre los factores a evaluar se destaca la condición de la infraestructura del lugar.

En cambio, fuentes Primera Hora indican que una de las clausuras será el Centro de Detención Juvenil del barrio Mambiche en Humacao, el cual lleva operando hace más de 20 años en la región este del país y tiene en nómina a unos 240 empleados de la agencia.

El otro complejo que cerrará sus puertas es la cárcel Ponce 304, donde actualmente hay una matrícula de 257 reos.

El lugar tiene cabida para 304 presos.

“Estos cierres responden a la demanda de servicios que hay actualmente. Para que tengas una idea, en instituciones juveniles tenemos abiertos 360 espacios (120 por cada institución) y sólo tenemos ocupadas unas 140. Esto sin duda tiene un costo al erario y son fondos que se pueden aportar para lograr eficiencia en otros servicios que estas poblaciones se merecen… se trata de garantizar el mismo servicio a un menor costo y utilizar ese dinero sobrante para otras causas”, indicó Rolón.

El costo operacional por institución ronda entre $1 millón y $1.5 millones.

De otra parte, la inversión anual por cada reo adulto es de $35,000 y de los transgresores de más de $150,000.

Para poner en síntesis el contraste de matrículas en los pasados años, Rolón dijo que hace seis años habían ingresados 300 menores en las instituciones juveniles. 

Hace una década esa cifra se elevaba a 800 menores encarcelados.

Explicó que en Humacao y Villalba la matrícula de transgresores (en edades de entre 8 y 18 años) es de poco más de 40 menores; en Ponce es de 50.

“Aun cerrando una institución, todavía tenemos la disponibilidad de 100 espacios abiertos -un 45%- que podrían ser utilizados en caso de que surja un incremento”, destacó.

El secretario ratificó en varias instancias que el proceso de cierre y traslado de transgresores y confinados adultos se hará bajo parámetros que aprobará un monitor federal que supervisa que se cumpla con las disposiciones impuestas por tribunal en el caso US vs. Commonwealth of PR (caso 94-CV-2080) y el famoso proceso de Morales Feliciano. 

Este pleito de clase fue sometido en el 1979 y no fue hasta el 2016, que llegó a su fin bajo unos requerimientos que debe cumplir el DCR.

En aquel momento, los reclamantes alegaban que las condiciones de confinamiento provistas por el estado constituían una violación de sus garantías constitucionales. 

“Para nosotros, hasta cierto punto es beneficioso que se tome esta decisión junto al monitor federal, con quien nos reuniremos el lunes para discutir los pormenores del cierre, porque nos garantiza cumplir con todos los señalamientos que se exigen por ley”, indicó Rolón al explicar que los miembros de ambas poblaciones serán trasladados a otras instituciones.

Con estas dos últimas acciones, suman ocho los complejos cerrados por el DCR en los últimos dos años.

Entre ellas se incluye un Centro de Tratamiento Social Juvenil, que estaba ubicado en Bayamón. 

El ahorro total para la agencia con todos los cierres sobrepasa los $12 millones al año.

¿Y los empleados?

En el caso de la institución juvenil de Humacao, son 239 empleados quienes se verán impactados, mientras que en Ponce la cifra es menor.

Sin embargo, Rolón a todos se les garantizará su empleo.

“Buscaremos ubicaciones que no sean tan onerosas para el empleado y tomando en consideración normas gerenciales. En el caso de los oficiales de juveniles tienen la ventaja de que trabajan en una institución donde se requiere adiestramientos especializados. Así que no veo ningún problema en que se puedan adaptar a un complejo de adultos, porque su especialidad es mayor. Y, prácticamente, serían trabajos similares”, expresó.

Además, el secretario de Corrección explicó que los complejos clausurados serán utilizados para reubicar áreas administrativas por las que, en estos momentos, se paga alquiler.

“Por ejemplo, tenemos programas de comunidad que nos cuestan renta y esos serían los que trasladaríamos. Esto representa otro ahorro adicional. En el caso de Humacao, por ejemplo, tenemos programas de la comunidad en otros pueblos cercanos y podrían mudarse a esa institución que podría cerrar”, dijo Rolón.

En cambio, para el gobierno municipal de Humacao y su alcalde Marcelo Trujillo, el cierre sería un golpe adicional a la maltrecha economía que enfrenta el pueblo desde el azote del huracán María.

“Ha sido un rumor que se ha escuchado hace algún tiempo y nos preocupó mucho por el impacto que tiene en los empleados y la economía. Debido a esto el alcalde, junto al senador popular José Luis Dalmau, hicieron gestiones para detener el cierre. Enviaron cartas al Departamento de Corrección y al gobernador Ricardo Rosselló. Pero, aparentemente, el cierre va y es muy lamentable”, expresó el administrador municipal de Humacao, Luis Raúl Sánchez.

El funcionario indicó que a esta clausura se sumaría la posibilidad de cierre de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) de Humacao, el cual sería trasladado a Fajardo.

“Estos cierres tienen un efecto dominó, porque indirectamente la gente que recibe servicios en estas oficinas ayudan a nuestra economía consumiendo en los comercios y bienes cercanos a esos lugares”, expresó Sánchez.

 Insistió en que tras el huracán del 20 de septiembre de 2017, la denominada “Ciudad Grus” no ha logrado recuperarse satisfactoriamente. 

En gran parte la debacle responde al cierre de comercios tipo megatiendas como Sam’s Club y JC Penney, entre otros.