Ante la insistencia del banquero Julio Herrera Velutini, uno de los coacusados en el caso de corrupción pública contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, de posponer la fecha del inicio del juicio por jurado, la jueza federal Silvia Carreño Coll abrió las puertas a que se acordara una posposición.

En una nota que dejó en el expediente federal, la jueza estipuló que en la próxima vista del estado de los procedimientos, citada para este jueves, las partes deben recomendar nuevas fechas para la celebración del juicio.

“Para la próxima conferencia de estado, el Tribunal espera que las partes completen la siguiente tarea: (1) venir preparadas para discutir por qué es necesario un aplazamiento y (2) proporcionar al Tribunal tres fechas mutuamente aceptables (a más tardar el 25 de agosto de 2025) para realizar el juicio con jurado. Para ser muy claro, el Tribunal no considerará posibles fechas de juicio después del 25 de agosto”, estableció la jueza.

Herrera Velutini ha presentado varias mociones para establecer que los problemas que han enfrentado para acceder a la prueba y lo voluminosa de la misma impide a los abogados de defensa a estar preparados para el juicio.

En la actualidad, la fecha del juicio pautada es entre el 21 de enero al 14 de febrero de 2025.

Otra moción que queda pendiente para que la jueza federal atienda es la petición de desestimación del caso radicada por el tercer coacusado en este caso, el exagente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés, Mark Rossini.

De acuerdo con el pliego acusatorio, la exgobernadora Vázquez Garced enfrenta tres cargos por defraudar al gobierno de Estados Unidos, soborno con fondos federales y fraude electrónico. Esos delitos que le imputan conllevan penas entre tres años de probatoria hasta 10 años de cárcel y multa de hasta $250,000.

La también exsecretaria de Justicia fue acusada por un gran jurado federal el 8 de marzo de 2022 junto a Herrera Velutini, dueño de Bancrédito Interantional Bank & Trust Corporation, así como el exagente Rossini.

Según el pliego acusatorio, estos tres acusados conspiraron para beneficiar la campaña a la gobernación de Vázquez Garced en el 2020 a cambio de favores en el gobierno que beneficiaran a Bancrédito.

Específicamente, la acusación alude a que Herrera Velutini y Rossini, presuntamente, le prometieron apoyo financiero a la exgobernadora para su campaña política del 2020, a cambio de que ella utilizara su influencia política para destituir y remplazar al entonces comisionado de la OCIF, George Joyner Kelly, pues el organismo regulador realizaba una investigación en contra de Bancrédito.

En febrero de 2020, Joyner Kelly presentó su renuncia, alegadamente, bajo presiones. Entonces, la exgobernadora nombró como su remplazo a Víctor Rodríguez Bonilla, quien se alega había sido recomendado por Herrera Velutini para que asumiera la dirección de OCIF. Supuestamente, la exgobernadora recibió un soborno de $300,000 por facilitar esa gestión de cambio de mando.

Como parte de este caso, también fueron acusados Frances Díaz, presidenta de Bancrédito, y John Blakeman, exasesor político de Vázquez Garced. Ambos hicieron alegación de culpabilidad y están colaborando con las autoridades federales. No han sido sentenciados.

Según lee la acusación, para llevar a cabo su conspiración, Vázquez Garced se comunicaba con Herrera Velutini y Rossini de manera secreta y usando intermediarios, específicamente a Díaz y Blakeman.