El vicepresidente de la Cámara de Representantes, José “Conny” Varela, solicitó que se investigue el sistema de supervisión electrónica del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) debido a los recientes casos de remoción de grilletes, y la renovación del contrato a la compañía Track Group Puerto Rico Inc. (TGPR).

De la exposición de motivos de la Resolución de la Cámara 1056 (RC 1056) se desprende que, en el año 2022, unos 27 participantes del Programa de Servicios con Antelación a Juicio (PSAJ) se cortaron sus grilletes electrónicos.

Mientras que la agencia ha informado que, de las 1,400 personas, quienes bajo orden de un tribunal son vigilados por PSAJ del DCR, 17 han cometido el delito de removerse el dispositivo e irse a la fuga en lo que va del 2023.

El Negociado de Inteligencia y Arrestos ha indicado que faltan por arrestar Ángel Resto Mojica, alias “K-Drian”, y Víctor G. Flores Castellano, apodado “Risitas”, quienes burlaron el sistema entre el 22 y el 25 de septiembre en violación al artículo 278 del Código Penal de Puerto Rico.

El legislador enfatizó en que debe investigarse el contrato para estos servicios entre el DCR y la compañía Track Group Puerto Rico Inc., que tan reciente como el 2 de octubre fue renovado a una suma mayor que en años anteriores cuando se separaba una partida de $1.4 millones anuales para estos servicios.

“(...) En el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor se registraba un contrato multianual con esta compañía, por la cantidad de $9,000,000.00, el cual vencería el 30 de junio de 2026. En el mismo Registro, aunque aparece un contrato con TGPR entre julio de 2018 y junio de 2019, y otro entre febrero y junio de 2021, no aparece contrato alguno ni para el periodo entre julio de 2019 y febrero de 2021, ni para el periodo entre junio de 2021 y octubre de 2023 con esta compañía”, detalló Varela, sobre las inconsistencias que observó.

Agregó que, “un contrato de tal magnitud, en momentos que surgen tantos incidentes de cortes de grilletes, y cuando se cuestiona la efectividad del sistema de supervisión electrónica, debe ser evaluado cuidadosamente, para asegurarnos que se garantiza la seguridad del público, y los fondos se usan de forma eficiente”.

También mostró preocupación por la seguridad de la ciudadanía.

“Estas situaciones de corte de grilletes crean un peligro inminente para los ciudadanos de Puerto Rico, quienes quedan expuestos a personas, presuntamente violentas, que circulan en la comunidad sin la debida supervisión. Además, levantan interrogantes sobre la efectividad de los sistemas de supervisión electrónica, los equipos que se utilizan y la capacidad de la compañía contratada para llevar a cabo la supervisión”, insistió.

Al presente, no sabe a qué comisión será asignada la pesquisa ni cuándo se convocará a vista públicas.

La intención de investigar surgió tras la radicación del Proyecto de la Cámara de Representantes 1276 para enmendar el lenguaje del artículo 278 del Código Penal, sobre manipulación o daño al sistema de supervisión electrónica y añadirle las palabras más específicas que configuran el delito: remueva o desactive.

El mismo se encuentra en un comité de conferencia para que se lleve a votación y de ser aprobado enviarlo para la firma del gobernador.

Este medio se encuentra en espera de una reacción del DCR.

La situación cobró notoriedad para el 8 de junio del 2016, cuando el entonces secretario del DCR, Einar Ramos López, anunció su intención de cancelarle el contrato a la empresa Track Group, tras el asesinato de una víctima de violencia de género por alegadas fallas en el sistema.

Crucita González Méndez, de 35 años, quien durante años fue víctima de un patrón de violencia de género por parte de su pareja, Javier Valle Cardona, fue asesinada en su residencia del barrio Hoyamala en San Sebastián, luego de que el hombre se quitara el grillete electrónico y fuera hasta su hogar donde forzó la puerta de entrada de la casa y, a pesar de que su hijo de 16 años intentó forcejear con él para impedir que la agrediera, entró al dormitorio con un cuchillo de cocina y la apuñaló.

La víctima nunca fue avisada de que el hombre había violado el perímetro de protección.