El director regional de Arecibo de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), Michael Abid Quiñones Irizarry, un activista del Partido Nuevo Progresista que fue escalando puestos, desde conserje hasta la dirección de una agencia, fue acusado ayer como parte de un esquema de fraude a la compañía American Family Life Assurance Company (Aflac).

Con él cayó su esposa, Leslie Ríos Caraballo, quien es ayudante del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

La autoridades federales le imputan a la pareja conspirar con un médico de Lares para reclamar ilegalmente $19,545 a Aflac, una compañía de seguros por accidente. Según el pliego acusatorio, ambos hicieron 143 reclamaciones falsas a la compañía por lesiones que nunca tuvieron. Para justificar sus reclamaciones, la pareja acudió al médico Ubaldo Planell Pabón, sobre quien se había corrido la voz que presuntamente se prestaba para proveer información falsa en las certificaciones médicas exigidas por la compañía.

Quiñones Irizarry, quien presidió la Juventud del PNP y participó en primarias para un escaño en el Senado por el distrito de Arecibo, fue arrestado ayer mismo en su residencia en Lares. Su esposa fue citada para presentarse en los próximos días. Su madre, Iris Yolanda Irizarry Quintana, también se encuentra entre los acusados.

El director de la CFSE en Arecibo fue llevado ante el magistrado Marcos López en un proceso que se realizó en el coliseo Manuel “Petaca” Iguina, en Arecibo, a donde llevaron a 182 arrestados ayer. Luego de alrededor de 10 horas detenido, el líder de la juventud novoprogresista salió del coliseo pero antes se tapó la cara con su camisa y corrió con un allegado para huir de la prensa.

El lareño ayer fue destituido de su función como director de la CFSE en Arecibo, informó la administradora Zoimé Álvarez Rubio, quien no ofreció ningún detalle sobre la preparación y capacidades de Quiñones Irizarry para dirigir regionalmente la corporación pública. Este líder de la Juventud del PNP se inició en la CFSE en el área de mantenimiento, posteriormente fue ascendido a oficinista y luego del triunfo de Luis Fortuño fue nombrado director regional de Arecibo, un puesto que tiene un salario anual cercano a los $60,000.

Sale en su defensa

Como suele hacer con sus amigos en líos con la justicia, el presidente del Senado suspendió de empleo, pero no de sueldo, a Ríos Caraballo y sostuvo que ayudará a este matrimonio porque “los amigos no se niegan”. La empleada ocupa una plaza de ayudante administrativa en la Oficina del Senado en Arecibo con salario de $3,000 mensuales.

“Es mi amigo y lo aprecio y si lo puedo ayudar, lo voy a ayudar”, dijo Rivera Schatz, tal y como ha hecho con sus amigos el senador Héctor Martínez y el alcalde de Vega Baja, Edgar Santana.

Caen 533 por fraude

Un Gran Jurado federal emitió 709 acusaciones contra 515 personas en Puerto Rico y otras 18 en Estados Unidos por conspiración para cometer fraude utilizando el correo, fraude postal y fraude al Seguro Social. “Esta investigación, conocida como Bad Medicine, resultó en la acusación federal más grande en cuanto al número de acusados en la historia del distrito federal de Puerto Rico. De los 533 acusados, 126 son empleados públicos”, señaló Luis Fraticelli, director del FBI en Puerto Rico.

El esquema consistía en que el asegurado de Aflac hacía reclamaciones a la compañía por lesiones que no sufrían para cobrar las pólizas destinadas a cubrir los gastos diarios incurridos durante enfermedad o accidente. “El 95 % de estas personas, de estos 533 acusados, sometieron más de 50 reclamaciones en un periodo de no menos de tres años”, dijo la jefa de los fiscales federales, Rosa Emilia Rodríguez.

La Fiscalía Federal señaló al Dr. Ubaldo Planell Pabón como la cabeza de este fraude. El esquema se dio entre el 2004 y el 2008. El médico firmó 45,000 informes médicos para reclamaciones falsas a Aflac. Por cada reclamación se le pagó entre $10 y $20.

El fraude al Seguro Social consistía en que el asegurado utilizaba el número de seguro social de sus hijos o dependientes para reclamar beneficios por lesiones inexistentes. La mayoría de las reclamaciones fueron por supuestas quemaduras.

Las reclamaciones pagadas fueron desde $5,000 hasta $143,00, por lo que el fraude ascendió a $6,926,374.