Tras un juicio con jurado de cinco días, el abogado Jorge L. Armenteros Chervoni fue hallado culpable el pasado 18 de noviembre por intentar proporcionar contrabando en prisión y por hacer declaraciones falsas en formularios de agencias federales, según informó la Fiscalía federal este lunes mediante un comunicado de prensa.

Según explicó la Fiscalía, el 22 de diciembre de 2021 Armenteros Chervoni intentó ingresar al Centro de Detención Metropolitano en Guaynabo, a través del vestíbulo delantero, dos celulares y 75 tarjetas SIM escondidas dentro de un compartimento secreto de un sobre de burbujas.

Antes de pasar el sobre por seguridad, Armenteros Chervoni le entregó al oficial del vestíbulo tres formularios de notificación de visitante para tres confinados diferentes, indicando que no tenía en su poder ningún teléfono u otro dispositivo electrónico.

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El oficial del vestíbulo detectó el contrabando y, después de inspeccionar el sobre de burbujas, lo abrió en presencia de Armenteros Chervoni, quien tiene 51 años y ejerce la abogacía tanto a nivel federal como estatal. El sobre contenía dos celulares y 75 tarjetas SIM dentro del compartimento secreto.

Armenteros Chervoni se expone a un año por intentar proporcionar contrabando a los reclusos y hasta cinco años de prisión por mentir en formularios de agencias federales.
Armenteros Chervoni se expone a un año por intentar proporcionar contrabando a los reclusos y hasta cinco años de prisión por mentir en formularios de agencias federales. (TERESA CANINO RIVERA)

El testimonio presentado en el juicio, que fue presidido por el juez federal Raúl Arias Marxuach, describió un mercado negro en el Centro de Detención Metropolitano para celulares y tarjetas SIM que los reclusos utilizan para participar en actividades delictivas.

Los dos celulares tenían un valor de $50,000 cada uno y las tarjetas SIM tenían un valor de $2,000 cada una, para un valor total de los dispositivos electrónicos de contrabando de $250,000, aproximadamente.

Armenteros Chervoni se expone a un año por intentar proporcionar contrabando a los reclusos y hasta cinco años de prisión por mentir en formularios de agencias federales. La sentencia fue programada para el 16 de febrero de 2023.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) investigó el caso mientras que el fiscal federal Julian Radzinschi, de la Unidad de Delitos Violentos, estuvo a cargo de procesarlo.