El alcalde de Cabo Rojo Roberto “Bobby” Ramírez Kurtz anunció que el municipio continuará con la implementación de la Iniciativa Naranja, que dispone un programa de reciclaje y el novedoso sistema de pago del servicio de recogido basura mediante la compra de bolsas anaranjadas, luego que una jueza del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez dejara sin efecto una orden que paralizó el viernes dicho programa.

“Hoy comunico a mi pueblo de Cabo Rojo que reanudaremos de inmediato el recogido y disposición de la basura depositada en las bolsas color naranja, en virtud el veredicto de la jueza Lynette Ortiz Martínez sosteniendo la legalidad y validez de la Ordenanza Municipal Núm. 26 que implanta la Iniciativa Naranja y dejando sin efecto la paralización que había dictaminado el viernes pasado a solicitud del Departamento de Justicia”, expresó Ramírez Kurtz.

Añadió que, mediante un acuerdo de las partes ante la jueza, se decidió dejar sin efecto la Seccón Núm 7 de la Ordenanza que trata sobre la certificación de las compañías que recojan basura en la demarcación de Cabo Rojo. Esto porque las mismas tienen que estar certificadas por agencias estatales y federales.

“Continuaremos con las reuniones de orientación en las comunidades y las vistas publicas que comienzan mañana sobre la Ordenanza Municipal Núm. 26. La acción del tribunal hoy reconoce la validez de nuestra visionaria política pública, implantada pensando en el futuro de nuestro pueblo y nuestro país, en el bienestar de todos los caborrojeños y la preservación del ambiente”, destacó Ramírez Kurtz.

Sostuvo que su administración municipal “continúa con su iniciativa de progreso y avanzada en la disposición de los desperdicios sólidos, un asunto en el cual el país se ha quedado rezagado. Nuestro objetivo es continuar orientando e informando al pueblo hacia una cultura de reciclaje y de protección ambiental”.

La jueza Ortiz Martínez dejó sin efecto la orden de paralización luego de escuchar los argumentos de los representantes legales del alcalde y la Legislatura municipal, durante una vista citada para dilucidar las alegaciones del Departamento de Justicia, en el Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez.

“La Ordenanza Municipal Núm. 26 beneficia a los 50,000 habitantes de Cabo Rojo y, por extensión, a los residentes de los otros municipios que se proponen imponer el cobro por la disposición de los desperdicios sólidos para continuar prestando servicios esenciales y evitar  el cierre de sus operaciones”, sentenció Ramírez Kurtz.

Denunció que ante las constantes imposiciones y recortes en aportaciones del Gobierno Central a los municipios, la Nueva Ciudad de Cabo Rojo se ha visto en la obligación de auscultar y analizar medidas alternas y/o innovadoras para mantener la continuidad de los servicios de forma costo-efectiva e ininterrumpida. El servicio de recogido manejo y disposición de desperdicio sólidos es una de las tareas y actividades más compleja, difícil y de severo impacto económico al Municipio” concluyó Ramírez Kurtz.