La defensa de Alexis Candelario Santana intentó hoy, martes, inclinar la balanza a favor de su cliente en el caso de pena de muerte a través de un testimonio que giró en torno a las pocas fugas en el sistema carcelario federal.

El argumento a favor de Candelario Santana, cerebro y gatillero de la masacre de La Tómbola, buscaba demostrar que con una sentencia de cadena perpetua el convicto pasaría el resto de sus días en prisión.

La Fiscalía Federal, por su parte, presentó estadísticas sobre asesinatos y agresiones en las instalaciones del Negociado Federal de Prisiones para destacar la posibilidad de que Candelario Santana podría representar un riesgo de seguridad.

Mark Bezy, ex alcaide de instalaciones federales, indicó que los penales federales tienen los mejores sistemas de seguridad en Estados Unidos y, posiblemente, el “mundo entero”. Sin embargo, el fiscal Bruce R. Hegy estableció durante su contrainterrogatorio del testigo de la defensa que no había ninguna garantía de que Candelario Santana no representaría una amenaza para el bienestar de la población penal.

Otro testigo de la defensa, un comandante de prisiones del Departamento de Corrección y Rehabilitación, describió a Candelario Santana como un “confinado positivo en su compromiso hacia otros” reos mientras cumplía una sentencia en el campamento penal Zarzal, en Río Grande, luego de declararse culpable de 12 asesinatos.

Pero, el juez José A. Fusté cuestionó al testigo porque hay evidencia de un traslado de Candelario Santana a una institución penal de Guayama a raíz de una agresión a un reo por una deuda de drogas.

“Esto no es un circo. Esta es la vida real. Es un caso de pena capital y no voy a permitir que en mi sala ocurran cosas como ésta. Usted revise los expedientes y venga preparado a responder todas las preguntas que se le hagan. ¿Me entiende? ¿Quedó claro?”, le cuestionó Fusté al teniente Luis García Colón, quien actualmente es comandante de la institución Bayamón 501.

Candelario Santana fue encontrado culpable el pasado 8 de marzo y, actualmente, se ventila un segundo proceso en que se determinará su pena: cadena perpetua o muerte por inyección letal.

El hombre dirigió una banda de sicarios que dispararon indiscriminadamente contra el antiguo negocio de La Tómbola el 17 de octubre de 2009 para vengarse de un primo que tomó control de su punto de narcotráfico. El atentado dejó un balance de ocho muertos, el fallecimiento de una criatura de ocho meses de gestación (su madre sobrevivió) y 20 heridos de bala.