“Sale del tribunal con una orden de protección, y llega a su hogar y no tiene luz”.

Este es tan sólo un ejemplo que ofreció la directora del Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (Comité PARE), la fiscal Ileana Espada, como los casos que se tienen que atender en el Centro de Operaciones y Procesamiento de Órdenes de Protección (COPOP) relacionado a la violencia económica, una modalidad de violencia de género que se busca atajar para erradicar esta emergencia social.

La violencia económica es un delito desde el 28 de julio de 2023, cuando el gobernador Pedro Pierluisi firmó una enmienda a la Ley 54 de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica para incluir el uso de los aspectos económicos o financieros como una causal para encausar y conceder órdenes de protección.

“La violencia económica es en esencia una herramienta de control que impide que las víctimas se liberen de la violencia de género”, enfatizó el gobernador, durante el simposio “Erradicando la violencia de género: Pare a la Violencia Económica” que se realizó este miércoles en el Centro de Convenciones Pedro Rosselló González, en Miramar.

En este encuentro educativo entre agentes de la Policía, fiscales, líderes gubernamentales y organizaciones ligadas a aspectos económicos, como la Asociación de Bancos, se destacaron varios datos trascendentales en torno a la lucha contra la violencia de género y los avances que se han logrado a cuatro años de que Pierluisi decretara una emergencia.

Espada expuso, de manera general, que en estos pasados años se ha registrado un aumento de órdenes de protección y denuncias de casos relacionados a la violencia de género, así como se ha detectado que la mayoría de las víctimas son mujeres entre 25 a 44 años.

“En términos sociológicos es llamativo. Siempre pensamos que la violencia doméstica es personas jóvenes. Estamos viendo unas demografías bien interesantes. Se está recopilando el grado de estudio, acceso a educación y, realmente, no se puede tener un perfil, pero sí la Policía está recopilando esa demografía, edades, lugares, historial, muchos datos que son bien importante para las políticas que se están implementando”, dijo Espada.

De inmediato, no hay disponible un análisis de la razón por la que el grupo de 25 a 44 años es el más impactado por la violencia de género. La fiscal indicó que han llegado a un acuerdo con el Instituto de Estadísticas para profundizar en el tema.

Mientras, el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, destacó los avances que se han logrado al trabajar unidos, con protocolos y adiestramientos para funcionarios que atienden de cerca la problemática.

“Para mí, padre de cuatro hijas, entiendo que ha habido un avance sustancial en lo que se refiere a violencia de género… Hemos visto mujeres que han salido de ese ciclo, que han dado el paso para recibir las ayudas del gobierno y ayudas que están brindando tanto Comité PARE, como otras iniciativas que se han creado”, señaló.

Entre estos cambios introducidos, Espada y López Figueroa hablaron que de ahora hay fiscales asignados a atender casos de violencia de género y las víctimas son acompañados por intercesoras en estos procesos de denunciar a sus agresores.

“La mujer está más presta a decir lo que le está pasando. Hemos recibido más querellas este año, los números lo evidencian y estamos muy contentos de que las personas confíen en el sistema”, precisó Aymée Alvarado, directora de la División de Violencia de Género de la Policía, al señalar a lo que a su juicio es el avance más significativo.

En lo que va del año, se han registrado 18 muertes por violencia de género. Sólo una tenía una orden de protección, dijo López Figueroa. Estas muertes representan seis más que las registradas en el pasado año 2023.

Además, se han emitido unas 10,000 órdenes de protección. El pasado año cerró con 12,000 órdenes emitidas. Mientras, se han registrado 6,793 querellas policiacas por violencia de género hasta el pasado 30 de septiembre. En todo el 2023, la Policía registró unos 7,665 casos.

Por otro lado, entre los cambios que se promueven para lograr que más víctimas denuncien a su agresor están, por ejemplo, acuerdos con LUMA Energy y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) para que no se les quite el servicio a mujeres con órdenes de protección. Esto evitaría que el agresor determine suspender el servicio como manera de opresión o violencia económica, explicó la fiscal Espada.

Además de la suspensión de estos servicios necesarios, también mencionó que otras modalidades de violencia económica incluyen el que se tomen préstamos, tarjetas de crédito o se hagan compras de vehículos a nombre de la víctima y nunca se paguen, así como que dejen las cuentas bancarias vacías.

“La modalidad de violencia económica es una modalidad invisible. Las personas no la conocen, incluyendo, pues, los ciudadanos y ciudadanas. No saben lo que es la violencia económica y la Policía se ha dado a la tarea de comenzar desde la base. De que los propios policías y agentes, que son los primeros respondedores, puedan conocer lo que es”, afirmó la fiscal, al enaltecer la importancia de estos simposios que realizan.

Busque ayuda

La violencia de género es un patrón de comportamiento en el cual la pareja o expareja utiliza la fuerza física o sexual, la coacción, las amenazas, la intimidación, el aislamiento, el abuso emocional o económico para controlar a la otra persona. De ser una víctima de violencia de género, sepa que puede conseguir ayuda al llamar al Sistema de Emergencia 9-1-1, al cuartel de la Policía más cercano o a la línea de emergencia de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres al 787-722-2977 o al 1-800-981-7676.