El juez Héctor L. López Sánchez, del Centro Judicial de Mayagüez, declaró ha lugar una moción presentada por el ministerio público para que el testimonio de una menor de 15 años, presuntamente embarazada por su padre, sea a través de circuito cerrado.

Este es el caso contra Alexis Alicea Torres, imputado de incesto, maltrato, agresión sexual y amenaza o intimidación a testigos y, su pareja, Liz Annette Rodríguez González, quien enfrenta tres cargos de maltrato contra su hijastra, en hechos registrados en el pueblo de Lajas.

La decisión del magistrado surgió tras una vista de necesidad realizada este martes en la sala 304, en donde la trabajadora social clínica, Johanna Galarza González, recomendó no sentar a la menor a declarar frente a los supuestos maltratadores.

Relacionadas

A preguntas de la fiscal Marilisa Jiménez, la funcionaria del Departamento de la Familia en Guánica expuso una serie de instancias en las cuales entrevistó a la menor a partir de abril de este año.

“El caso fue fundamentado por personal de la UIE (Unidad de Investigación Especial) por maltrato físico, emocional, negligencia en el cuidado de salud y académica, violencia doméstica en presencia de menores y sospecha de abuso sexual contra el padre”, contestó la fémina desde hace cinco años labora con la agencia.

Durante el interrogatorio, la funcionaria dijo que conoce a la menor “desde que su caso fue asignado a la oficina local de Guánica”.

Galarza González resaltó que fueron varias las ocasiones en que se reunió con la menor.

Liz Annette Rodríguez González, quien enfrenta tres cargos de maltrato contra su hijastra, en hechos registrados en el pueblo de Lajas. Rodríguez González es pareja de Alexis Alicea Torres.
Liz Annette Rodríguez González, quien enfrenta tres cargos de maltrato contra su hijastra, en hechos registrados en el pueblo de Lajas. Rodríguez González es pareja de Alexis Alicea Torres. (Sandra Torres Guzmán)

“Esa primera visita, (la menor) estaba llegando del hospital, se veía cansada por el tiempo que llevaba cuidando al (su) niño. Aparentaba estar tranquila. Llevaba varios días porque su hijo estaba hospitalizado”, destacó.

Asimismo, admitió que no recuerda en detalle los pormenores de la segunda ocasión en que la entrevistó. Sin embargo, destacó que, “la menor se observa fluctuante en su estado de ánimo, aparenta estar más tranquila”.

“¿Cómo es la menor?”, inquirió la representante del ministerio público.

“Es una buena chica, se muestra cariñosa, un poco reservada en varias ocasiones, aparenta tener fortaleza, pero sufrió mucho. Necesita mucho apoyo, muchos servicios”, confesó la testigo que fue juramentada momentos antes de iniciar su relato.

“¿Por qué usted dice que ella ha sufrido mucho?”, insistió la fiscal.

“Lo sé, porque el caso llega a nuestra oficina por un abuso que ha sufrido por años por parte de su papá; abuso sexual. (Ella) aparenta estar bien, pero necesita mucha ayuda por lo que conlleva en este tipo de maltrato. Esta niña ha pasado de todo”, reveló la trabajadora social clínica.

Asimismo, resaltó que la custodia provisional de la joven permanece bajo el Departamento de la Familia desde el 30 de marzo de este año. De hecho, la testigo declaró que la agencia lleva a cabo un procedimiento paralelo al que se realiza en el tribunal mayagüezano.

“¿Cómo se encuentra (la menor) al día de hoy? Describa, hable, descríbale al juez”, insistió la fiscal.

Los fiscales Andrés Vélez, Marilisa Jiménez y Rosa Acevedo.
Los fiscales Andrés Vélez, Marilisa Jiménez y Rosa Acevedo. (Sandra Torres Guzmán)

A eso, la licenciada Bárbara Díaz-Piferrer, representante legal de Alicea Torres, reclamó que “se le está pidiendo una opinión, la testigo no ha sido cualificada como perito. Si le está pidiendo opinión tengo objeción, porque la opinión la tiene que dar una experta”.

“No es lo que la fiscal diga, es lo que la ley y la jurisprudencia permita. Los casos en la esfera federal han resuelto que no se necesita un perito en esta etapa del procedimiento. Es la probabilidad de que ese menor tenga que declarar frente al imputado y haya alguna situación emocional que le impida hacerlo”, respondió la fiscal Jiménez.

Entretanto, el juez permitió la pregunta: ¿Cómo se encuentra la menor actualmente?

“Su estado de ánimo ha ido fluctuando, ha estado tranquila, llorosa, ha necesitado una intervención. A partir de que se da la remoción, la menor ha presentado problemas para dormir, se ha presentado llorosa, en ocasiones no ha querido hablar, en otras se ha mantenido callada”, afirmó la testigo.

En una de las instancias, Galarza relató que, a insistencia de la menor, le mostró unas fotos de su familia que salieron en las noticias. Esto ya que la joven, presuntamente, estaba molesta porque le quitaron el acceso a los medios de comunicación.

Por eso, la trabajadora social no recomendó que la menor declare “en presencia de sus agresores”.

“Basándome en esa situación que ocurrió, que vio fotos y se descompensó, me reafirmo en que la menor puede sufrir más daño; le pido que la proteja, que no la expongamos a testificar mirando a sus agresores de frente”, apuntó.

De otra parte, la defensa reclamó el derecho constitucional al careo entre el acusado y su acusador.

“Estamos hablando de un derecho constitucional al careo del acusado con su acusador. Estamos hablando aquí de una joven de 15 años que está en noveno grado y que está en la escuela. Que la trabajadora social dijo que está dispuesta a declarar y que fue enfática que se descompensó por unas fotos publicadas”, advirtió la abogada.

“Estamos solicitando que celebre la vista preliminar cuando la joven esté bien a declarar, que sea bajo circuito cerrado. Hacemos la súplica. Tenemos la ineludible responsabilidad de velar por la salud física y mental de los menores”, sostuvo la fiscal.

Luego de escuchar los argumentos de ambas partes, el juez López Sánchez resolvió que el testimonio de la joven será mediante circuito cerrado. La vista preliminar está pautada para el próximo 28 de septiembre.