El ayudante ejecutivo de la alcaldía de Trujillo Alto a cargo de operaciones, Radamés Benítez Cardona, se declaró hoy “no culpable” de los cargos de conspiración, soborno y extorsión que enfrenta, durante una vista inicial ante el juez federal para el Distrito de Puerto Rico, Bruce J. McGiverin.

Benítez Cardona, quien fue arrestado en la mañana de este jueves en su residencia en Carolina, estuvo representado por el licenciado Michael Corona.

El funcionario municipal fue acusado por un gran jurado federal por recibir dinero a cambio de asegurar contratos en el municipio. Quedará en libertad al prestar una fianza asegurada de $10,000, entre otras condiciones.

Según el pliego acusatorio, a Benítez Cardona se le imputa estar involucrado en un soborno en el que tanto un representante de una compañía de desperdicios sólidos y un representante de una compañía de asfalto estuvieron involucrados.

Los contratistas no fueron identificados. No obstante, ayer, miércoles, trascendió que el propietario de la compañía de desperdicios sólidos Waste Collection, Oscar Santamaría, así como el dueño y presidente de JR Asphlat, Raymond Rodríguez, llegaron a un acuerdo de culpabilidad con las autoridades federales y aceptaron haber cometido soborno a cambio de obtener contratos.

En conferencia de prensa, el jefe de la Fiscalía federal, W. Stephen Muldrow, reveló que el número de contrato en controversia en Trujillo Alto era el 2018-000004.

En el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor aparece este contrato registrado a nombre de Waste Collection por el monto de $24 millones. El mismo comenzó la vigencia octubre de 2017 y vence el 30 de junio de 2025.

Muldrow detalló que “Benítez Cardona se enriqueció aceptando sobornos y comisiones ilícitas de parte de dos personas, identificados como individuo A e individuo B en la acusación, a cambio de obtener contratos municipales para la compañía A, una empresa de manejo de desperdicios sólidos, a medida que surgían las oportunidades”.

“El individuo B negoció un plan de sobornos y ‘kickbacks’ con Benítez Cardona en nombre del individuo A. El plan requería el individuo A pagara un soborno mensual a Benítez Cardona de 75 centavos por cada casa que recogían la basura en relación con el contrato municipal en Trujillo Alto 2018-000004, adjudicado a la compañía A. Estos 75 centavos se convertían en un total mensual de aproximadamente $17,250 por 23,000 casas. El individuo B también le dio a Benítez Cardona un pago por adelantado de aproximadamente $200,000 en nombre del individuo A para asegurar que la compañía A recibiera el contrato de recogido de basura para el municipio de Trujillo Alto”, añadió el jefe de la Fiscalía federal.

Por estos delitos, Benítez Cardona se expone a una pena en prisión de cinco años por conspiración para cometer soborno, 10 años por el cargo de soborno y 20 años por extorsión.

Por un esquema similar también fue arrestado hoy el alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, en su residencia. No obstante, no estaba relacionado a la empresa de recogido de basura, sino a una empresa de construcción a la que Santamaría también estaba ligado.

Pérez Otero funge como alcalde de Guaynabo desde el 2017 cuando llenó la vacante de Héctor O’Neill. En esa elección especial se enfrentó al senador Carmelo Ríos. En las elecciones generales del 2020 fue electo nuevamente. Ese mismo año también fue electo como presidente de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico.