El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos entregó hoy a la División de Robos a Bancos y Fraude y al Departamento de Justicia los documentos requeridos mediante una orden judicial con relación a la investigación centrada en varios alumnos de la clase graduanda del 2020 del Colegio San Ignacio de Loyola sobre un presunto esquema de fraude con fondos federales de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA, en inglés).

Durante el desarrollo de la pesquisa se creó un grupo de trabajo que está integrado por la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia, la fiscalía de San Juan, el Procurador de Menores y la mencionada división ya que existe una jurisdicción compartida porque uno de los involucrados ya cumplió los 18 años, aunque tienen que establecer la edad que tenía al momento que se llenó la solicitud. Hay otro alumno involucrado de 17 años.

Los investigadores analizarán los documentos entregados entre los que se encuentran las solicitudes de beneficios de desempleo por PUA que, se alega, fueron llenadas por los estudiantes para conocer los detalles sobre la información que se incluyó, la cual será pareada con otra evidencia y será rastreada para llegar hasta su origen, indicaron fuentes a Primera Hora.

Uno de los alumnos del colegio recibió por correo un cheque por la cantidad de $7,458 y el otro por $6,126.

La pesquisa sería ampliada ya que los presuntos implicados han indicado que en el esquema pudieron haber participado unos 30 alumnos del colegio.

Todavía los agentes se encuentran en espera de que el fiscal de la Región de San Juan, Edmanuel Santiago Quiles, les entregue un “subpoena” (requerimiento de documentos) para entregarlo al colegio que les debe proveer un listado de estos alumnos y sus nombres como parte de las gestiones investigativas y la recopilación de evidencia.

Los casos fueron referidos por la agencia a finales de julio luego de que un miembro del núcleo familiar de uno de los menores devolviera un cheque que había recibido por correo a pesar de que no es un desempleado.

En el caso del adulto, el cheque fue entregado por la agencia. Dicho cheque fue recuperado en el Centro de Convenciones de Puerto Rico utilizado como sede central para tramitar estas solicitudes, pero se desconoce cómo fue obtenido.

Entregan información

Primera Hora se comunicó con el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) para indagar sobre la situación, y José “Joe” Ríos, secretario auxiliar de beneficios al trabajador, explicó que la agencia ha cumplido con entregar toda información a la Policía y la Fiscalía.

“Debo aclarar que nosotros aquí no podemos decir que haya una comisión de fraude. Nosotros solamente respondemos a una petición de información que se nos hizo”, explicó el funcionario.

“El interés del Departamento es la recuperación de los fondos que puedan haber sido mal adjudicados”, aclaró. “La adjudicación de cualquier responsabilidad o irregularidad le corresponde a la Policía y la Fiscalía, que son los que hacen la petición de información”.

Ríos evitó entrar en detalles específicos sobre grupos o edades de las personas involucradas en los pedidos de información, precisamente por tratarse de una investigación que está en manos de la Fiscalía.

Se limitó a confirmar que “hubo una petición de información de la Fiscalía. Y nosotros respondimos a ese y a otros casos más sobre los que se han hecho requerimientos de información”.

Detalló que “hay diversos casos que se están trabajando, desde individuos que no tenían los requisitos para la reclamación, hasta otros casos de individuos haciendo uso de identificaciones falsas para intentar cambiar cheques de pagos que no le correspondían”.

El Departamento de Justicia, por su parte, también evitó entrar en detalles de la investigación en torno al posible fraude.

En un escueto mensaje, la secretaria interina de Justica, la fiscal Inés del C. Carrau Martínez, indicó que “es importante destacar que toda información en los casos de menores, en todas sus etapas, es confidencial y no se podrá divulgar su contenido, conforme a la Ley de Menores de Puerto Rico, por el alto interés público que reviste la protección de los menores”.