El juicio contra Jensen Medina Cardona, acusado de asesinar en una marina de Fajardo a Arellys Mercado Ríos, tuvo que pausar nuevamente esta tarde ante la ausencia de testigos por parte del Ministerio Público.

Es la tercera ocasión, en menos de una semana, que la jueza Gema González, del Tribunal de Fajardo, tiene que culminar los trabajos del día antes del horario establecido a causa de que la fiscalía no ha podido lograr la comparecencia de testigos, aun cuando las fechas del juicio contra Medina Cardona se calendarizaron desde el pasado 13 de abril.

En esta ocasión, el decimoséptimo día de juicio- la pausa surge luego que los fiscales Diannette Aymat, Yamil Juarbe, Eduardo Beale y Jaime Perea informaron que el segundo testigo del día y el que sería el número 14 del caso quedaba a disposición de la defensa del acusado pues no había interés por parte del Ministerio Público para sentarlo a declarar.

Se trata del señor Leimy Rivera Cintrón, encargado de dar mantenimiento a las cámaras de seguridad de Villa Marina Boulevard, en Fajardo. El hombre, según trascendió en sala, no prestó declaración jurada.

Durante una entrevista de 10 minutos que realizaron los abogados de Medina Cardona a Rivera Cintrón- a fin de evaluar si lo utilizarán como testigo de defensa en una etapa posterior del juicio- salió a relucir que el Ministerio Público utilizó un sistema de grabación conocido como Network Video Recording (NVR) para extraer los visuales que se entregaron como piezas de evidencia.

Los licenciados Jorge Gordon Menéndez, Orlando Cameron Gordon y Jorge Gordon Pujols, sostuvieron que nunca les entregaron algún documento que informara que las imágenes fueron extraídas de un equipo externo, ni la fecha en que la gerencia de Villa Marina entregó el equipo a las autoridades.

Tras los argumentos presentados en el tribunal la jueza cuestionó al Ministerio Público el por qué no habían entregado los documentos o puesto a disposición de la defensa el equipo NVR. De hecho, la magistrada otorgó un receso de una hora y media para que los fiscales localizaran lo solicitado por los abogados pero esto no ocurrió.

La fiscal Aymat dijo que estuvieron verificando “en el expediente y cajas de evidencia de la fiscalía”, pero solo pudieron encontrar el documento de solicitud que se le hizo a la marina, más no así el acuse de recibo de entrega.

La portavoz del Ministerio Público defendió la gestión del cuerpo indicando que desde noviembre de 2019 se puso a disposición de los abogados de Medina Cardona la evidencia disponible a fin de que estos la examinaran. Aymat argumentó que los abogados tuvieron un interés particular por grabar unas imágenes de las cámaras de seguridad y así se hizo.

Sin embargo, Gordon Menéndez dijo que siempre se habló de la evidencia “en términos generales” y nunca se especificó que había un equipo de grabación entre las pruebas.

“La pregunta es: ¿cuándo la defensa fue a grabar lo que haya grabado, ustedes le dijeron que tenían la máquina esa?”, cuestionó la jueza a Aymat.

“Es que uno contesta lo que le preguntan”, respondió la fiscal.

En un tono fuerte la jueza le recordó a la fiscal que “el deber ético que tiene el Ministerio Público es entregar toda y cada una de la evidencia que tengan”.

Ante la situación, la jueza otorgó hasta el jueves a la fiscalía para localizar el documento pendiente, mientras que a la defensa se le concedieron cinco días a partir del jueves 17 de junio para informar si contratarán a algún perito que examine el VNR y la probabilidad de que la calidad de las imágenes o contenido de los vídeos se hayan afectado durante la transferencia desde las cámaras de seguridad de la marina. Posteriormente, se otorgarán cinco días más para que el perito seleccionado informe al tribunal su disponibilidad para realizar el peritaje en las oficinas de la fiscalía.

Este escenario provocó el Rivera Cintrón quedara bajo las reglas de procedimiento tras habérsele juramentado en sala.

Fue entonces, que la jueza instó a los fiscales a llamar al próximo testigo, pero estos indicaron que no tenían a nadie.

Según Aymat se hicieron gestiones para localizar a varias personas pero hay una agente por maternidad, otros están de vacaciones o tenían citas médicas y algunos, incluso, viven en Estados Unidos.

La jueza les advirtió que era el segundo día consecutivo en el que descartan sentar a testificar a testigos del Ministerio Público y lo ponen a la disposición de la defensa, pero no hacen gestiones para que los trabajos continúen con el interrogatorio a otras personas.

“Hicimos lo que pudimos, juez... estas personas son seres humanos que tienen que cumplir con citas médicas y otros compromisos”, dijo la fiscal.

Ayer ocurrió una situación similar cuando el Ministerio Público rechazó sentar a declarar a un empleado del Sistema de Emergencias 9-1-1, pero no tenía más testigos disponibles. Las labores ayer recesaron dos horas antes de lo previsto. Hoy la jueza se vio obligada a despachar el caso a las 2:15 de la tarde.

Mientras, la semana pasada se tuvo que posponer el juicio luego que el único testigo del día, el capitán de barco Gabriel Árevalo De Castro, no llegara a su cita al tribunal por “razones de trabajo”.

Se adelantó que para mañana se presentarán los testigos número 15 y 16 del Ministerio Público con el interrogatorio al agente William Lugo y a un patólogo del Instituto de Ciencias Forenses.

“El Ministerio Público tiene que hacer esfuerzos un poco más razonables para que los testigos estén disponibles a llegar a tribunal no importa si están de maternidad, de vacaciones, si están haciendo otros oficios”, dictó la magistrada antes de indicar que las labores continuarán mañana a la 1:30 de la tarde en la sala 305 del tribunal de Fajardo.

Agente declara sobre armas de Jensen

De otra parte, las labores en la mañana del martes comenzaron con el interrogatorio al testigo número 13 presentado por la fiscalía, un agente del Negociado de la Policía.

El agente Luis Ríos Camacho, de la División de Homicidios de Fajardo, comenzó a ser interrogado poco después de las 9:00 de la mañana sobre las armas de fuego que le ocuparon al acusado durante la investigación del caso.

Durante el proceso se presentaron en el desfile de prueba de la fiscalía dos pistolas calibre 9mm que le fueron ocupadas a Medina Cardona -a través de un familiar del acusado- el 22 de agosto en un domicilio ubicado en el barrio Río Cañas, de Caguas.

La defensa objetó la admisibilidad de las armas, cuestionando la cadena de custodia que se utilizó para las piezas de evidencia, particularmente cuando las mismas fueron llevadas para análisis al Instituto de Ciencias Forenses.

Trascendió por voz del agente Ríos Camacho que las armas le fueron entregadas por el agente a cargo del caso Luis Alejandro. En cambio, este último no le dio ningún recibo o documento que evidenciara el traspaso.

Además, salió a relucir en sala que el agente investigador Alejandro no le entregó las armas a Ríos Camacho “embaladas”. Este término es el que se utiliza para referirse al proceso de cubrir una pieza de evidencia -usualmente con plástico- para proteger la prueba en la cadena de custodia. Usualmente, también se rotulan.

El testigo aclaró, en cambio, que las armas sí estaban embaladas cuando las recibió por parte de Ciencias Forenses. A preguntas de la defensa salió a relucir que otro agente - no identificado- acompañó a Ríos Camacho a realizar las gestiones en Ciencias Forenses. En cambio, esta persona no es testigo de la Fiscalía, otro asunto que objetaron los abogados de Medina Cardona.

La jueza González escuchó los argumentos de las partes y decidió aceptar las piezas como “pruebas condicionadas” y con la salvedad de que el individuo se convierta en testigo y esté sujeto a declarar en algún momento del proceso judicial.

Además, durante el contrainterrogatorio al agente Ríos Camacho admitió a preguntas de la defensa que entre los documentos entregados en el Instituto de Ciencias Forenses aparecen unas letras HK “tachadas”. El testigo alegó que él no hizo la tachadura y desconoce quién lo hizo.

Ante lo acontecido, el abogado Gordon Menéndez preguntó al oficial -con 20 años de experiencia en la Uniformada- si el número de serie de un arma cambia si se altera alguan letra o número. “En el número de serie sí”, respondió el testigo.

Pendiente el “certiorari” al Supremo

De otra parte, ayer los abogados de Medina Cardona adelantaron que recurrirían entre esta tarde o mañana (miércoles) a presentar ante el Tribunal Supremo un recurso de “certiorari” solicitando que no se admita como prueba una orden de compra sometida por Medina Cardona para adquirir la RAM. La transacción, aparentemente, se llevó a cabo el 3 de julio de 2019.

El documento de 15 páginas se convirtió en eje de controversia del juicio pues la jueza González determinó no admitirlo ante las objeciones que habían presentado los abogados de defensa.

En cambio, el Tribunal de Apelaciones declaró la semana pasada “ha lugar” el recurso de “certiorari” del Ministerio Público solicitando la admisibilidad del documento.

Los hechos de este caso se remontan al 18 de agosto de 2019 cuando tras un confuso incidente por un celular que se le había perdido a Medina Cardona, Arellys recibió un disparo mortal en el cuello. Tres amigos que la acompañaban esa noche fueron testigos del crimen.