La Cámara de Representantes evalúa un proyecto de ley que permitiría que las víctimas de violencia doméstica cuenten con la compañía de un profesional en psicología durante todas las gestiones y citas a las que tengan que comparecer como parte de su recuperación y del procesamiento de la parte agresora.

Sin embargo, aún se desconoce cuál sería el impacto fiscal del Proyecto de la Cámara 1239, de la autoría de la representante popular Brenda López de Arrarás, y que este miércoles fue acogido con reservas por parte de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) y el Departamento de la Familia (DF). La Policía, en cambio, apoyó por completo la propuesta legislativa.

La licenciada Josefina Royo, de la OPM, planteó que resultaría más costo efectivo establecer un Programa de Ayuda Psicoemocional para mujeres en situaciones de violencia de género basado en un modelo de psicoterapia de equidad de género simiContarlar al Espacio de Salud Entre Nosotras (ESEN), de la Asociación de Mujeres para la Salud, desarrollado en España hace 25 años.

Como parte de ese proyecto, en el que intervienen psicólogas, se ofrecen a las participantes diversas terapias para lidiar con situaciones de violencia de género, divorcio, abuso sexual, identidad de género, incesto, entre otras.

“Es menos oneroso al erario público apoyar mediante una asignación presupuestaria especial la implantación y desarrollo de un programa similar al del Espacio Entre Nosotras que pagar a un psiquiatra o un psicólogo para cada mujer que acude a los tribunales en busca de protección judicial”, manifestó Royo durante una vista pública de la Comisión cameral de Asuntos de la Mujer y Equidad, que preside López de Arrarás.

La legisladora del Partido Popular Democrático (PPD) aclaró que su propuesta no contempla la designación de un psiquiatra como acompañante de una víctima de violencia doméstica, y sólo dispone para que psicólogos asuman esa posición durante cualquier procedimiento médico, policial, judicial, o algún otro compromiso relacionado con su recuperación.

Según el texto de la medida, el profesional de la salud mental tendría discreción para decidir cuándo su compañía sería necesaria. La intención es que las personas perjudicadas por algún problema de violencia de género reciban apoyo psicológico y emocional que les fortalezca y empodere para sobrellevar todo el proceso.

López de Arrarás reconoció que el proyecto de su autoría tiene que ser comentado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para conocer su viabilidad fiscal, y dijo que, en la alternativa, se podrían desarrollar acuerdos colaborativos con agencias como el DF y el Departamento de Salud para destacar algunos de sus recursos como parte del programa.

De igual forma, avaló una propuesta de la licenciada Yashira Vega Montalvo, asesora legal de la Policía, para que se ausculte con instituciones universitarias la posibilidad de que estudiantes de psicología a nivel doctoral puedan hacer una práctica supervisada como acompañantes de las víctimas de violencia de género.

Mientras, Royo también recordó que existe la figura de las intercesoras o intercesores legales, que son adiestradas en los aspectos psicosociales de la violencia de género y sirven de apoyo en los tribunales a las víctimas de esos hechos.

Abogó por la permanencia de la intercesoría legal, y detalló que la OPM subvenciona a organizaciones no gubernamentales que ofrecen estos recursos. Actualmente, existen 18 intercesoras alrededor de la Isla, y la entidad pública también asigna fondos para el servicio en horario nocturno en las regiones de San Juan, Bayamón y Fajardo.

Royo indicó, además, que el año pasado la OPM estableció una academia para capacitar a esos profesionales, y reclamó mayores recursos fiscales para que esa iniciativa pueda extenderse.

“Consideramos que los servicios de apoyo en los tribunales se deben continuar ofreciendo… Para fortalecerlos, recomendamos la institucionalidad de sus funciones y la asignación de fondos a la OPM para su subvención”, enfatizó la funcionaria.

La secretaria del DF, Idalia Colón, presentó un memorial escrito en el que también se inclinó porque, en lugar de establecer el “Programa de Acompañantes”, se refuerce la intercesoría legal. La funcionaria, sin embargo, advirtió que si se le da paso al proyecto de López de Arrarás, se enmiende la medida para disponer que la intervención del profesional en psicología ocurrirá solo si la víctima lo solicita voluntariamente.

En tanto, la Policía apoyó la medida por entender que complementa otros esfuerzos que hoy se llevan a cabo, como un proyecto piloto en el que las víctimas de violencia de género tienen disponibles trabajadores sociales para que les asistan en la etapa previa a la radicación de cargos contra el agresor.

“El trabajador social puede intervenir en ciertos procesos previos a la radicación de los cargos a la parte agresora, y el psicólogo durante el proceso penal per sé para ofrecerle apoyo emocional y psicológico a la víctima ante todo lo que conlleva el mismo”, apuntó la licenciada Vega Montalvo, portavoz de la Policía.