Una pareja de hermanos fue asesinada esta tarde en la entrada de la Sala de Investigaciones del Tribunal de Caguas, confirmó el Negociado de la Policía de Puerto Rico.

Según le indicaron los familiares de las víctimas a medios de comunicación en la escena, los hermanos Rosa J. Calderón Pérez, de 45 años, y Ángel Calderón Pérez, de 44 años, llegaron al tribunal para acompañar a un tercer hermano que estaba citado para ventilar una querella radicada el domingo por uno de tantos conflictos con sus vecinos en los pasados dos años, cuando fueron baleados por el esposo de la mujer con quien se presume tenían la controversia vecinal.

Rosa laboraba como guardia de seguridad en una compañía privada y vestía el uniforme al momento de ser ultimada.

El tiroteo se reportó a eso de las 4:30 p.m. cuando el hombre caminó desde el estacionamiento hasta la entrada de la Sala de Investigaciones del Tribunal y les disparó. Este fue arrestado y desarmado de inmediato por alguaciles y policías que se encontraban en el lugar.

Las autoridades identificaron al agresor como Roy KaraKozian, de 34 años y de origen libanés. Este es ciudadano estadounidense y reside en el barrio Río Cañas de Caguas.

El fiscal Darío Vissepó fue asignado a la escena mientras que la División de Homicidios de Caguas con refuerzos de otras unidades de trabajo tienen a cargo la pesquisa.

“Esta tarde, en los predios del Centro Judicial de Caguas, se suscitó un incidente donde desgraciadamente dos personas fallecieron. Ambas personas estaban a las afueras de la Sala de Investigaciones tras haber sido citadas por Fiscalía con relación a un conflicto entre vecino”, indicó tras el incidente, la jueza presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz Rodríguez.

“Agradezco a los alguaciles y alguacilas que, junto a policías que se encontraban en el Centro Judicial, reaccionaron para proteger a la ciudadanía y a nuestros empleados, y aprehender al sospechoso. Asimismo, agradezco al personal de la Sala de Investigaciones de Caguas por el trabajo realizado ante este suceso, así como a los funcionarios y funcionarias que asisten en las labores relacionadas a esclarecer este terrible incidente”, agregó.

Al lugar llegaron el comisionado de la Policía de Puerto Rico, Antonio López Figueroa, el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres, y la jefa de fiscales del Departamento de Justicia, Jessika Padilla Correa, quienes ofrecieron expresiones a la prensa. “La situación está totalmente controlada, el sospechoso se puso bajo arresto. Tenemos a un testigo de esta situación, una situación totalmente lamentable, que nos consterna a todos...estos son casos que ocurren de imprevisto no es un caso común”, afirmó López Figueroa.

López Figueroa confirmó que el Negociado Federal para Investigaciones (FBI, en inglés) colabora con la pesquisa del incidente y que, además, se harán gestiones para contactar a los representantes consulares del Líbano y ponerlos sobre aviso del incidente, aunque el detenido es ciudadano estadounidense. “Siempre se le da conocimiento a cualquier tipo de cónsul que represente esa nacionalidad en Puerto Rico, eso es parte del protocolo de la reforma de Puerto Rico”, sostuvo.

“Nosotros trabajamos con el FBI y las agencias federales en todo tipo de investigación. Trabamos mano a mano. Ese ha sido el éxito del plan integral del gobierno de Puerto Rico”, añadió.

Mientras, Padilla Correa catalogó el incidente como “lamentable”.

“En ninguna de las jurisdicciones, ninguno de los funcionarios del Tribunal esperamos que esto va a ocurrir. Nosotros siempre tomamos medidas de seguridad. El Tribunal tiene su propio proceso de seguridad en cuanto a personas que entran armadas. Nosotros estamos dándole seguridad a los fiscales, estamos buscando herramientas y equipo que eso es algo que ya el Departamento estaba trayendo para tener sensores para las personas que entran a la fiscalía. Ya eso nosotros lo tenemos y el proyecto empieza la semana que viene a llegarle a todas las jurisdicciones. Así que nada, esto nos va a poner a repensar y ver qué medidas hay que tomar, si alguna”, apuntó.

La hermana mayor de las víctimas, Ruth Calderón, expresó a TeleOnce que esta disputa vecinal demoró por más de dos años debido a los lentos procesos del tribunal.

“Perdí dos hermanos queridos por esto”, dijo a las cámaras del noticiario entre lágrimas.

Según relató Calderón, el problema se debe a “un canto de tierra”, pues hace dos años, la mujer y esposa del presunto asesino llegó de los Estados Unidos y se mudó a una casa que alega ser de su familia.

Durante los pasados dos años, Calderón aseguró que ella y sus hermanos han documentado patrones de violencia de parte de la mujer, que supuestamente la muestran matando animales y lanzando insultos. En la más reciente discusión, que se suscitó el domingo, la vecina aparentemente los “insultó y burló” de nuevo.

Calderón describió a la mujer como una “envejeciente” haciendo alusión a que esta quizás es una de las razones por la que la Justicia se ha dilatado en atender la situación.

“Nos siguieron cambiando la fecha, cambia, cambia, cambia, cambia…(y) mira lo que pasó. Esto se hubiera evitado”, lamentó a las cámaras de TeleOnce.

Respecto a estos comentarios, Padilla Correa manifestó que, en las disputas entre vecinos, hay asuntos que son de carácter civil, en los que no interviene fiscales, ni policías.

“Yo no me voy a poner a especular. Nosotros estamos haciendo una investigación sobre los procedimientos. No todos los procedimientos son criminales, hay procedimientos civiles que no entran los fiscales ni la Policía de Puerto Rico. En esta etapa nosotros hemos mandando a buscar a ver qué tipo de controversia y que había entre estas partes para poder informar, pero yo especularte de que los procesos son más lentos o no, sería irresponsable. Hay una garantía que tienen todos los ciudadanos y nosotros se los garantizamos. Lo que sí nosotros podemos garantizar es que nosotros trabajamos de día a día para poder cumplir con cada caso que radicamos, que podamos procesar a las personas cumpliendo con el debido proceso de ley.” sostuvo.

Padilla Correa añadió que “Lo primero que nosotros hicimos, cuando supimos la noticia, fue corroborar que los fiscales que trabajan aquí en el Tribunal estuvieran bien, los compañeros fiscales y alguaciles. Después que corroboramos, dimos las instrucciones de que se dispusiera a trabajar la escena de las dos muertes. Mi más sentido pésame a la familia de estos dos occisos, pero le podemos garantizar que el Departamento de Justicia y la Policía de Puerto Rico estamos trabajando para procesar este caballero y poder lograr una convicción mas allá de toda duda razonable”.

Por su parte, la directora ejecutiva del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), María Conte Miller, informó que la División de Servicios Técnicos de la Policía está a cargo de la investigación de escena en el Tribunal de Caguas.

“El ICF se ocupará del traslado de los cuerpos y el análisis de la evidencia que someta la Policía al Instituto. Una vez se reciban los cuerpos de las víctimas se asignaran los casos a los patólogos y se procederá con las entrevistas a los familiares”, expresó en declaraciones escritas.

“En estos momentos nos encontramos en la escena de este lamentable suceso ocurrido dentro de las facilidades del Centro Judicial de Caguas. Como en otras ocasiones hemos puesto a disposición de la Policía Estatal de Puerto Rico todo nuestro personal para que colabore en cualquier faceta de la investigación que se está llevando a cabo”, manifestó por su parte el coronel Luis Miranda Morales, asesor en Seguridad del Municipio de Caguas.

López Figueroa describió el incidente como uno imprevisto. “Estos son casos que surgen de un momento para otro. Ustedes mismos estaban aquí en el Tribunal tomando la información de otro caso en el Tribunal. Son casos que surgen, ya la persona tiene sus víctimas, espera la vulnerabilidad de ellos y ahí entonces es que ataca”, dijo.

Sin embargo, en el pasado se han reportado otros incidentes violentos, bien sea en los predios de los tribunales o por acecho de imputados o testigos cuando han salido tras asistir a algún proceso judicial.

Uno de estos casos ocurrió en diciembre del 2022, en la autopista José de Diego, cuando Christopher Rosario, de 21 años, fue tiroteado mientras transitaba en un vehículo compacto color rojo, tras salir del Tribunal de Caguas, donde compareció a un caso por violación a la Ley de Sustancias Controladas.

Otro suceso se reportó el 21 de octubre del 2015, cuando Michael Meléndez, de 23 años, acudió al Tribunal Federal en Hato Rey a una charla como parte de las condiciones que debía cumplir para permanecer en probatoria tras ser acusado por violación a la Ley de Armas, en el 2013, cuando le dispararon.

La víctima era uno de los sospechosos de participar en la masacre del residencial La Rosaleda, en Guaynabo, ocurrida el 24 de agosto de ese año, murió al día siguiente.

El 21 octubre del 2012, Irma Torres Santos, de 35 años y vecina del sector Villa Borinquen, en Vieques, cayó abatida en el portón que da paso al tribunal de Fajardo, lugar donde la mujer había asistido para acompañar a un familiar, identificado como Abdiel Rivera Velázquez, a una vista judicial relacionada a un caso de sustancias controladas.

El 27 de junio de 2013, fue ultimado a balazos en el estacionamiento del Tribunal de Carolina, Adalberto García, de 24 años, quien fue acechado por varios gatilleros que esperaron a que saliera de una vista judicial para asesinarlo cuando se disponía a abordar su vehículo.

En ese tribunal, en marzo de 2012, fue asesinado Alexis Correa Peña, de 22 años, en un tiroteo de carro a carro después de salir de una vista judicial. Un año antes, en mayo del 2011 fue ultimado, también a pasos del Tribunal de Carolina John Mercado Franco, un presunto gatillero de Loíza.