Agentes de la Policía arrestaron esta madrugada a 15 miembros de cuatro gangas que se dedicaban al trasiego de armas, sustancias controladas, vehículos hurtados y a cometer “carjackings” en 10 municipios, así como otras tres personas que colaboraban con ellas.

“Estamos hablando de varias organizaciones criminales dedicadas a los ‘carjackings’, a los vehículos hurtados, armas y drogas”, comentó el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, a Primera Hora al agregar que está “sumamente satisfecho” con los resultados del operativo que llevaron a estas detenciones.

“Hoy damos un gran golpe a lo que es el trasiego de vehículos hurtados, al igual que el trasiego de armas de fuego”, celebró el teniente coronel y director del Negociado de Vehículos Hurtados, Gerardo Oliver.

Estos arrestos forman parte de la operación Frente Común por la Paz y son producto de una investigación confidencial de dos años.

“Esto es una organización compleja, obviamente organizada. Por eso tomó tanto tiempo”, indicó el comisionado a este diario tras ofrecer una conferencia de prensa en el Cuartel General de la Policía, en Hato Rey.

La investigación persiste, pues, aunque se presentaron 75 cargos criminales contra los integrantes de las organizaciones criminales y se diligenciaron 20 órdenes de arresto, dos personas están prófugas. Estas fueron identificadas como Emanuel Rivera Ayala y Edwin Rivera Alicea.

“Por este medio les digo que se entreguen a las autoridades para que tengan su día en corte”, exigió López Figueroa.

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Las autoridades entienden que los involucrados en las organizaciones criminales suman a mucho más que los señalados hoy, por lo que se esperan más arrestos.

“Las actividades de estas pandillas afectan a los ciudadanos, los negocios, la economía y la seguridad pública y, además, en la gran mayoría de los casos, están vinculados a otras actividades delictivas. Estos individuos eludieron la ley por un tiempo y ahora responderán por ello”, subrayó López Figueroa.

En medio de las detenciones, se ocuparon seis rifles, 12 pistolas, modificadores de armas, magazines, balas, municiones, tres radios y $3. Además, se incautaron 15 vehículos que habían sido robados a través de “carjackings” y otros 10 automóviles que también habían sido robados para, luego, presuntamente ser utilizados para cometer asesinatos y robos, entre otros delitos. También, se ocupó una gran cantidad de marihuana, cocaína en polvo y en modalidad “crack”, varios “decks” de heroína.

“También estaban envueltos en tráfico de sustancias controladas”, sostuvo el comisionado a este medio.

Cómo cometían los crímenes

Las pandillas desarticuladas trabajaban en conjunto, máxime una que cubría zonas de San Juan y Caguas con otra que se enfocaba en zonas de Toa Alta y Bayamón, así como áreas de San Juan.

“Se conocían entre sí. Uno le daba armas a otro para que pudieran venderlas y traspasarlas, igual que los vehículos (producto) de “carjacking”. Se les vendían a organizaciones para cometer delitos de asesinato y otros delitos de robo”, explicó Oliver.

Era Karla Verdejo Cardona, alias “Loco”, quien operaba en las zonas de San Juan y Caguas y que matizaba los vínculos de los cuatro grupos para trabajar directamente con el robo de vehículos a mano armada. Verdejo Cardona tiene una probatoria federal por el robo de vehículos que culmina en mayo de 2024. Al momento, está encarcelada en la Cárcel de Mujeres, en Vega Baja.

“Esta era una líder que cometía los carjackings con su grupo. Tenía probatoria federal por este mismo tipo de delito. También era una persona que se dedicaba al trasiego de armas de fuego, armas sumamente potentes”, comentó López Figueroa.

En su organización participaba un adolescente de 17 años, el más joven de los acusados a quien se le radicó una falta y contra quien pesa una orden de aprehensión. Asimismo, José “Joseph” Jomar Díaz Marcano y Javier “Nene” Bonilla Mojica también eran miembros de esta ganga.

Pese a que Verdejo Cardona entrelazaba las cuatro organizaciones, el vínculo más estrecho lo compartía con Pedro J. Cebollero Reyes, alias Pito, que lideraba las operaciones de la ganga en San Juan, Toa Alta y Bayamón. Cebollero Reyes, además, era suplidor de piezas para “junkers”, hojalateros y de venta de armas de fuego.

Ambos fugitivos son miembros de la ganga de Cebollero, así como Christian “Pepe” Cores Rivera, Kenneth Rivera Ayala, Miguel “Flaco” Colón Rivera y José “Nene” Gómez Morales.

Esta no es la primera vez que Cebollero Reyes enfrenta cargos criminales, pues para la misma fecha en 2020 personal de la División de Vehículos hurtados lo capturó en otro operativo. Fue objeto de un seguimiento policiaco en el área de Bayamón y cumplió una sentencia en probatoria, también relacionado al hurto de carros.

El tercer grupo criminal, que operaba en Vega Alta, Dorado, Vega Baja y Corozal, era liderado por Jonathan Solís Pacheco, alias Gago, y Elvin Millet Torres, alias Flaco. En esta pandilla, Solís Pacheco estaba encargado de las transacciones de armas de fuego y carros robados, mientras que Millet Torres era suplidor y facilitador de armas de fuego. Luis Sánchez Rivera, alias Dread, y un confinado, cuyo nombre no se reveló, también pertenecían a esta organización.

Por su parte, Eliut Córdova Morales, líder del cuarto grupo al que también pertenecía Fabián “Gaby” Rivera Aponte e Ismael “Chino” Colón López, vendía armas ilícitas y automóviles robados en Vega Baja y Corozal.

Todas recurrían a la violencia para cometer sus crímenes, aseguró el coronel y comisionado auxiliar de investigaciones criminales, Roberto Rivera. No obstante, no se les acusa de cometer asesinatos al momento, sino de facilitar vehículos para que otros los cometieran.

“(Son) sumamente peligrosas”, reiteró al especificar que el operativo comenzó ayer, martes.

En lo que va de año, se han cometido 266 “carjackings”, cifra que representa 22 menos para la misma fecha del 2022.

“Sé que va a minimizar ahora con estos arrestos y el delito de carjacking siempre es preocupante, porque está solamente a un paso de un asesinato”, dijo López Figueroa.

Los facilitadores

Otras tres personas también fueron arrestadas hoy, ya que asistían a las organizaciones criminales, aunque no eran parte de ellas.

Una de las personas que los asistía era Miguel Mejías Basco, acusado de facilitar licencias de conducir y de vehículos de manera ilícita a través de su empleo, pues trabajaba como guardia de seguridad para una compañía privada que presta servicios una oficina gubernamental en Barranquitas.

Mientras, Diego “Látigo” Meléndez Febo, vendedor de pinchos, operaba un punto de ventas de armas y drogas y John A. Rondón Díaz suplía armas a las organizaciones en Bayamón y Vega Alta.

Los cargos criminales

Específicamente, los imputados enfrentan cargos criminales por violar el artículo 15 de la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular. También, por la venta y distribución ilegal de armas de fuego; portación y transportación ilegal de armas de fuego sin licencia; portación, posesión i ilegal de armas largas; por la distribución, posesión y venta ilegal de municiones, emoción o utilización de número de serie en un arma de fuego (artículos 6.02, 6.05, 6.09. 6.22 y 6.12, respectivamente, de la Ley de Armas). Asimismo, se presentó una denuncia por infracción al artículo 192 del Código Penal que prohíbe el recibo, disposición y transportación de bienes objeto de delito.

Los cargos de un grupo, incluyendo a Karla, serán radicados a nivel federal. No se especificó cuál grupo, ya que esto lo determinará los hallazgos de la pesquisa del Negociado de Investigaciones Federales (FBI, en inglés), indicó López Figueroa.

Los cargos fueron presentados por las fiscales Diannete Aymat Frías y Liza Y. Morales Jusino de la División para Combatir el Crimen Organizado y las Drogas del Departamento de Justicia en los centros judiciales de San Juan y Bayamón. Entretanto, la procuradora para Asuntos de Menores de San Juan, Ivelisse Maldonado Muñoz, presentó la falta contra el menor de edad.

Contra los imputados pesan fianzas globales por la suma de $5,775,000.

En el operativo participó personal del FBI, la superintendencia de investigación criminal del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), el Negociado de Vehículos Hurtados y un componente que incluyó a agentes de las divisiones de Inteligencia y Arrestos del NPPR.

“Estos individuos se apropiaban de forma violenta de los bienes de los ciudadanos y estuvieron eludiendo la ley por un tiempo, pero el trabajo conjunto y estratégico de los fiscales de la División para Combatir el Crimen Organizado y las Drogas y los agentes de la Policía logró detener a estos grupos que han hecho de la delincuencia una profesión. Hoy contamos con la prueba para procesarlos más allá de duda razonable. Llegó el momento de que respondan por sus delitos ante la justicia”, manifestó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.