El juicio contra el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, inicia mañana, lunes, con la selección del jurado que dilucidará si es culpable o no culpable de participar en un esquema de corrupción liderado por el empresario Oscar Santamaría, el cual salpicó a líderes municipales del Partido Nuevo Progresista (PNP) y del Partido Populares Democrático (PPD) que recibían dinero en efectivo a cambio de contratos para sus compañías.

Se alega que Pérez Otero, quien llegó a presidir la Federación de Alcaldes, recibió entre finales de 2019 a mayo de 2021 pagos de $5,000 mensuales por parte del empresario colombiano a cambio de un contrato para la empresa de construcción Island Builders. Por los supuestos delitos, fue acusado por un gran jurado federal a principios de diciembre de 2021 de soborno, conspiración y extorsión.

La imputación contra el también exrepresentante surgió luego de que Santamaría se declarara culpable bajo un acuerdo de cooperación con la Fiscalía federal que se llevó enredado tanto a políticos como a otros empresarios que ejercían la misma práctica para agenciarse de contratos municipales.

Debido a que la mayoría de los alcaldes acusados bajo este esquema se han declarado culpables, la particularidad de este juicio sería la posibilidad de que la Fiscalía federal siente por primera vez a su testigo estrella a esbozar cómo cometía sus sobornos.

Además de Santamaría, Primera Hora supo que por el banquillo de los testigos podría pasar el contralor electoral, Walter Vélez.

Según se ha adelantado, se espera que la Fiscalía federal, que será representada por los fiscales Myriam Fernández y Nicholas Warren Cannon, sienten a declarar entre cinco a siete testigos.

Además, se espera que se presente la prueba recogida durante la investigación del caso.

En un documento sometido por la Fiscalía federal para fijar la fianza contra Pérez Otero se estableció que “la evidencia en posesión de los Estados Unidos incluye, pero no se limita a, lo siguiente: a) llamadas telefónicas grabadas por consenso; b) grabaciones de video de pagos de sobornos; c) mensajes de texto; d) videos de vigilancia; e) contratos y sus modificaciones; f) facturas de pago de contratos gubernamentales; g) fotografías de dinero utilizado para hacer pagos de sobornos; h) testimonio de testigos; y i) cheques emitido por la municipalidad de Guaynabo en pago por obra contractual”.

Mientras, los abogados de defensa, Osvaldo Carlo, Eduardo Ferrer y José Olmo, esperan también sentar a testificar a otros cinco a siete testigos adicionales.

Parte de la defensa que se establecerá en el juicio ya ha sido adelantada en una de las mociones radicadas por estos abogados durante los pasados meses en un intento para que no se realizara el juicio. La misma alega que el dinero que recibió Pérez Otero de parte del Santamaría eran aportaciones que este realizó desde el año 2017 a su campaña política.

En una de las partes, la moción establece que, “durante la entrevista conducida por agentes del FBI a Santamaría, en el 2021, Santamaría indicó que después de la elección de 2017 ofreció contribuir a pagar la deuda de campaña de Pérez Otero sin solicitar nada a cambio y comenzó a hacer contribuciones de $5,000 cada cuatro a seis semanas”.

Se estima que el juicio, que se realizará en la sala de la jueza federal Aida M. Delgado Colón, en el Tribunal Federal de Distrito en Hato Rey, podría durar entre dos a tres semanas. Solo habrá una interrupción del juicio este martes y el miércoles, ya que la jueza viajará a Estados Unidos para una reunión judicial.

Para encontrar culpable o no culpable a Pérez Otero, el jurado que se seleccione debe alcanzar un acuerdo unánime. De lo contrario, se tendría que celebrar otro juicio con un nuevo jurado.

La pena máxima a la que el exalcalde se expone, de ser hallado culpable, es de 20 años en prisión.

Pérez Otero llegó a este proceso judicial tras haber declinado unas cinco ofertas de parte de la Fiscalía federal que lo hubiesen llevado a emular a otros excompañeros alcaldes que se declararon culpables por haber participado en los sobornos de Santamaría. Estos fueron los de Cataño, Félix “El Cano” Delgado; de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz; de Guayama, Eduardo Cintrón Suárez, así como de Aguas Buenas, Luis Arroyo Chiqués y Javier García Pérez.

Otro de los exalcaldes acusados bajo este mismo esquema, el humacaeño Reinaldo Vargas, aceptó el pasado viernes un acuerdo para declararse culpable. La vista para formalizar el cambio del alegato de culpa todavía no ha ocurrido.

El esquema de soborno

En el caso de Pérez Otero, quien es contable de profesión, se cree que pudo haber recibido $100,000 en efectivo de parte de Santamaría entre finales de 2019 a mayo de 2021.

De hecho, la Fiscalía federal cuenta con fotos y vídeos en los que presuntamente se observa cuando el empresario le hace entrega de una paca de dinero al otrora líder del PNP. Una de las transacciones se alega ocurrió el 19 de agosto de 2021, cuando ya Santamaría colaboraba con los federales en la investigación. Un día después de este pago, según surgió del documento de la fianza, el municipio pagó a la empresa de construcción involucrada en el esquema de soborno un cheque por $440,784.91.

Según la acusación federal, “el individuo A (Santamaría) regularmente se reunía en secreto con Pérez Otero para pagar en efectivo prebendas y sobornos para asegurar y mantener contratos municipales”.

“A cambio de los pagos en efectivo del individuo A, Pérez Otero tomó pasos en beneficio del individuo A y sus negocios, la compañía A (Island Builders), incluyendo asesorar, presionar y dirigir a oficiales municipales para asegurarse que la compañía A fuera recompensada con contratos municipales en Guaynabo y se emitieran los pagos en conformidad con esos contratos”, añade la acusación.

Según el Registro de Contratos del Departamento de Estado, Santamaría no figura como incorporador de Island Builders. Los que figuran son Luis F. Sierra Rodríguez y Carlos Javier de Jesús Pagán, ambos de Cidra.

No obstante, cuando en diciembre de 2021 Santamaría llegó al acuerdo de culpabilidad, emitió unas expresiones escritas en la que identificó a la empresa como una de las que utilizó para sus sobornos.

“En cuanto a las compañías VIP y Island Builders las ganancias devengadas por mi persona han sido devueltas en su totalidad en el cargo de confiscación impuesto por el Departamento de Fiscalía Federal. Deseo hacer constar que sus directivos estuvieron ajenos a cualquier acción indebida de mi parte”, señaló el empresario.

En el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor, aparece el pacto que Island Builders tuvo con Guaynabo. El mismo fue concedido en junio de 2020 y vencía en junio de 2022. No obstante, tras el arresto del exalcalde, el municipio le quitó el contrato a la empresa en diciembre de 2021.

En dicho contrato, el municipio estuvo representado por la licenciada Mariela Vallines Fernández, quien era la vicealcaldesa de Guaynabo en aquel entonces y que en la actualidad ocupa el cargo de directora del Distrito del Centro de Convenciones. Island Builders, por su parte, estuvo representada por su presidente, De Jesús Pagán.

Vallines Fernández indicó a Primera Hora que en ninguna etapa del proceso criminal contra Pérez Otero ha sido contactada por las autoridades federales para ser entrevistada. Por ello, argumentó que “puedo presumir, siendo abogada, que no me están considerando para ser testigo” en este juicio.

Según el contrato, la empresa Island Builders realizaría el proyecto denominado “Improvements to Municipal Roads and Other Works at Rio Ward” en Guaynabo.

El contrato destaca que hubo una subasta para esta obra que se declaró “desierta”.

Se informó en el contrato que la Legislatura Municipal aprobó una resolución el 3 de febrero de 2020 en la que se autorizó a “Pérez Otero o al funcionario que este designe, en representación del Municipio Autónomo de Guaynabo, a proceder administrativamente con el proyecto ‘Improvements to Municipal Roads and Other Works at Rio Ward’ por haberse declarado desierta la subasta celebrada para tal propósito. Dicha resolución también dispuso que la autorización concedida debía realizarse en conformidad con las leyes, reglamentos, ordenanzas, resoluciones, procedimientos y cualquier otra fuente de derecho aplicable y que el Director de Finanzas validaría toda cotización que se reciba de los proyectos y expediría certificación a los efectos de que la cotización seleccionada resulta ser la más económica y/o ventajosa para el municipio, así como también certificaría la disponibilidad de fondos”.

El contrato alude que “el 5 de junio de 2020 el señor Edwin Reyes Gonzalez, (ex)director del Departamento de Finanzas del municipio, validó las cotizaciones recibidas y certificó que la cotización seleccionada para la realización del proyecto es la más económica y/o ventajosa para el municipio”.

Al contrato se le realizaron tres enmiendas, entre 2020 y 2021, que aumentó la suma por la que se debía pagar a $2,396,751.60.

A petición de Primera Hora, el municipio de Guaynabo informó que a la empresa Island Builders se le llegó a pagar $1,894,922 por unos trabajos de construcción y rehabilitación en el barrio Ríos. No se pudo consignar qué labor realizaron.

“La Oficina de Auditoría Interna se encuentra en el proceso de evaluar los trabajos realizados y el alcance de los trabajos”, se indicó en declaración escrita.

Además de estos tres cargos federales por los que Pérez Otero enfrentará juicio, el Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) tiene ante su consideración una petición del Departamento de Justicia para que designe un fiscal especial independiente (FEI) en su contra por posible incumplimiento del deber y malversación de fondos públicos relacionados al arrendamiento del edificio Guaynabo Medical Mall.

La presidental del PFEI, Nydia Cotto Vives, indicó que este caso no se ha calendarizado para determinar si procede que se emprenda una investigación en contra del exalcalde que conduzca a una posible acusación criminal en el foro estatal.

¿Quién es Ángel Pérez?

Pérez Otero, de 52 años, está casado con la exrepresentante y exjueza Liza Fernández, con quien tiene dos hijas. También tiene un hijo que es militar.

Comenzó su carrera política como representante del distrito que comprende a Guaynabo, Bayamón y Cataño. Estuvo en este cargo político, como miembro del PNP, entre 2005 al 2012. Llegó a ser presidente de la Comisión cameral de Hacienda.

Durante su estancia en la Cámara de Representantes, enfrentó conflictos con el exalcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, al punto de que perdió el escaño legislativo. Pero, en agosto del 2017, logró su renacer político cuando sustituyó al guaynabeño en medio de un escándalo de hostigamiento sexual por el que se declaró culpable años más tardes. En estas elecciones especiales, fue retado por el senador y secretario de la Palma, Carmelo Ríos.

Revalidó con el voto del pueblo en las elecciones del 2020, tras haber enfrentado unas primarias contra el hijo de O’Neill, Edward O’Neill Rosa. En diciembre de ese mismo año fue seleccionado por sus pares para convertirse en presidente de la Federación de Alcaldes. Un año más tarde, específicamente el 9 de diciembre de 2021, las autoridades federales sorprendieron al tocar la puerta de su hogar para arrestarle por los cargos de corrupción.

Un día después de su arresto, Pérez Otero presentó su carta de renuncia al municipio. O’Neill Rosa lo sustituyó como alcalde de Guaynabo, tras vencer a varios aspirantes en una elección especial.