La vista preliminar contra el desaforado abogado, Juan Maldonado, y el coacusado Aaron Vick por la fallida compra de pruebas rápidas en el inicio de la pandemia del COVID-19 fue suspendida en la tarde de este jueves por petición de sus abogados de defensa.

En la vista judicial, ante la jueza Joie-Lin Laó Meléndez, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, trascendió que la abogada de Maldonado, Mayra López Mulero, sometió una moción para informar que su cliente no podía comparecer a la vista debido a que estuvo en contacto con un positivo a COVID-19.

La abogada tampoco asistió. Fue representado por el abogado Gabriel Vázquez Segarra.

También se informó que López Mulero acudió al Tribunal de Apelaciones para cuestionar la jurisdicción del FEI en este caso, ya que ninguno de los dos acusados es o ha sido funcionario público.

El fiscal Ramón Mendoza explicó que ya el Tribunal de Apelaciones declaró no ha lugar el reclamo de la defensa de Maldonado. Sin embargo, todavía no se ha cumplido el periodo para que puedan solicitar una reconsideración.

Mientras, el abogado Leo Aldridge representó a Vick en la vista judicial. Este aludió que esperan por el resultado de un pleito que han incoado ante el Tribunal de Distrito federal en el que se le imputa discrimen al Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ) por negarse a diferirle la fianza de $200,000. Dijo que una vez el juez federal Daniel Dominguez resuelva la controversia, el acusado llegaría a la Isla a responder por los cargos que se le imputan.

Ante tal escenario, la jueza Laó Meléndez citó a las partes para una vista de los estados de los procedimientos, la cual será por videoconferencia, para el 22 de febrero a las 2:00 p.m.

La vista preliminar fue citada para el 25 de marzo a las 9:30 a.m.

Maldonado, quien fue el abogado gestor del controvertible contrato otorgado por el Departamento de Salud a la empresa de construcción Apex General Contractors para adquirir las pruebas a sobreprecio y a un monto de $38 millones, no estuvo presente en la vista judicial. Observó los procedimientos mediante videoconferencia. Este enfrenta cargos por tentativa de fraude, falsificación de documentos privados, falsificación ideológica, traspaso de documentos falsificados e intervención ilegal o indebida en procesos gubernamentales.

Entretanto, Vick, quien apareció como el enlace de la empresa Apex General en la transacción de la venta de pruebas rápidas a sobreprecio, no compareció ni si quiera por videoconferencia. Su abogado explicó que este no se ha presentado al tribunal a enfrentar los cargos criminales, ya que teme que se le trate de manera distinta por no residir en la Isla.

“Él está ansioso y deseoso de venir a Puerto Rico, pero no puede ser bajo amenaza de ser tratado distinto”, afirmó Aldrich, al hacer alusión a que a Maldonado PSAJ le diferió la fianza, pero a su cliente no.

Vick enfrenta cargos similares a Maldonado, exceptuando que no se le imputó la falsificación de documentos privados.

Fueron los fiscales especiales independientes (FEI) Mendoza, Manuel Núñez y Juan Catalá radicaron los cargos contra Maldonado y Vick el 4 de noviembre.

El testigo estrella contra los acusados lo es el presidente de Apex, Roberto Rodríguez.

El fiscal Mendoza aceptó a la prensa, durante el proceso de radicación de cargos, que a Rodríguez se le dio “inmunidad total” para probar el caso contra Maldonado y Vick.

Relacionado a este proceso en el que intervino Maldonado, el Tribunal Supremo determinó el miércoles en la tarde suspenderlo del ejercicio de la abogacía y de la notaría “de manera inmediata e indefinida”.

El lío de las pruebas

Fue el 26 de marzo de 2020 que se le adjudicó el contrato de $38 millones a la empresa constructora Apex para venderle pruebas rápidas de COVID-19 al gobierno de Puerto Rico y que concluyó con esta radicación de cargos.

Ese contrato fue cancelado, luego de que un banco detuviera la millonaria transacción y los detalles de la irregular compra salieran a la luz pública.

Según trascendió, en un proceso expedito, el gobierno pretendió comprar a sobreprecio a la empresa de construcción un millón de pruebas serológicas sin ninguna experiencia en el manejo de productos médicos, pero con conexión con el liderato del Partido Nuevo Progresista (PNP).

De las declaraciones juradas levantadas en la pesquisa surge que varios funcionarios y personas sin autoridad legal intervinieron indebidamente con los procesos de compras, indicó el Panel del FEI en diciembre del 2020. Ello incluyó presionar a la entonces secretaria interina del Departamento de Salud, Concepción Quiñones de Longo, para que firmara en 20 minutos una orden de compra millonaria sin seguir el análisis y rigor que la normativa exige.