Una confidencia que recibió el alcalde de Arecibo, Carlos “Tito” Ramírez Irizarry, fue la que ocasionó la denuncia a la Policía estatal que desembocó ayer, jueves, en la acusación criminal a un empleado que presuntamente utilizó una tarjeta municipal para abastecer de gasolina el tanque de su vehículo personal.

Debido a que inició el proceso judicial, el alcalde informó que durante este viernes Recursos Humano comenzó el proceso para “suspenderlo sumariamente” de su puesto como empleado de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias de Arecibo.

El acusado fue identificado por la Policía como Carlos Manuel Guzmán.

Según el alcalde, el empleado “yo lo heredé” de pasadas administraciones. Dijo que este no ocupa un cargo gerencial, sino que es “regular” y que lleva unos 15 años en el municipio.

Explicó que Guzmán tenía una tarjeta para poder llenar de gasolina un vehículo oficial, ya que estaba a cargo de un vehículo del municipio.

“Lo que pasa es lo siguiente, el que guíe vehículo, sea de Obras Públicas, Ornato, Manejo de Emergencias, y es un chofer de un vehículo, cuando el vehículo se encuentre sin gasolina, se le entrega una tarjeta para que vaya a echar. El director no puede estar, si le falta a un vehículo gasolina, irlo a llenar él. Él tiene cosas que atender. Su supone que el de la gasolina también tiene que ver que eso no es un vehículo municipal y levantar bandera. No lo hizo. Significa que, si no lo hizo, estaba en complot con el del garaje”, precisó.

No fue hasta que “llegó una confidencia a mis oídos”, que Ramírez Irizarry ordenó comenzar la investigación en el municipio. Los hallazgos los pasaron a la Policía estatal, quien continuó con la pesquisa.

“No podía poner la Policía Municipal a ver el caso, porque no se ve bien que la Policía Municipal esté investigando a un empleado municipal”, comentó.

Los cargos impuestos contra Guzmán son por apropiación ilegal agravada y utilización o posesión ilegal de tarjetas de crédito y tarjetas de débito. Al funcionario también se le imputan haber violado la Ley de Ética Gubernamental al utilizar los deberes y las facultades de su cargo y/o propiedad o fondos públicos para obtener, directa o indirectamente, beneficios para él. De ser hallado culpable, no cualificaría para una sentencia suspendida.

Pese a que se le encontró causa para arresto, el alcalde informó que no puede tomar una acción mayor contra el empleado, como despedirlo. Dijo que tiene que esperar que llegue el veredicto del juicio.

“Aquí, en el país, llevan a mucha gente a los tribunales y después salen bien. No podemos enjuiciar sin haber un proceso en los tribunales. Ese es el mal de este país”, afirmó el alcalde.

El funcionario, de hecho, dijo que no sabe cuánto dinero municipal pudo haberse perdido en este esquema. Aludió a que ese dato podría salir en el proceso judicial.

Explicó, además, que tendría que ver si la Oficina del Contralor o la Oficina de Ética Gubernamental emiten una orden para que el municipio busque la manera de recuperar los fondos que supuestamente se perdieron.