El presidente de la Asociación de Policías Unidos Luchando (APUL), Gabriel Hernández Ramos, expresó hoy que a pesar de las numerosas propuestas discutidas a través de los años por el gobierno, la Legislatura y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) todavía no se ha logrado el tan esperado retiro digno para los todos miembros del sistema de Rango del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR).

En esta ocasión, está abogando por la aprobación del Proyecto de la Cámara 1119 que fue radicado en diciembre de 2021 por los representantes José “Cheíto” Rivera Madera, presidente de la Comisión de Turismo y Cooperativismo y Orlando Aponte Rosario, que destina un 60% de los recaudos por concepto de licencia y marbetes de las máquinas tragamonedas al Fideicomiso de Retiro de Policías, lo que generaría más de $24 millones anuales y podría redundar en un aumentar de 42 a 50% la partida que reciben.

No obstante, una enmienda aprobada por el Senado la cual alegó Hernández Ramos que fue impulsada por su presidente José L. Dalmau Santiago, elimina estos ingresos para los policías, ya que se propone que un 85% será distribuido en partes iguales entre los dueños de negocio y los mayoristas y el restante 15% a la Comisión de Juego de Puerto Rico.

“Ya el proyecto fue aprobado por la Cámara, aprobando también las enmiendas que había puesto el Senado solamente la de los senadores Gregorio Matías y la de (Thomas) Rivera Schatz, donde incluyeron a los 300 agentes que el Sistema de Retiro dejó fuera para esta aportación. Así que, la Cámara ya aprobó eso, se lo envió al Senado nuevamente”, sostuvo Hernández Ramos, quien hizo la salvedad de que la medida fue hecha exclusivamente con el fin de beneficiar el retiro para los policías. De aprobarse, estos jubilados excluidos recibirían una asignación de $77,500 para su fondo.

Hernández Ramos recordó que, durante los pasados nueve años se les han hecho muchas promesas, entre ellas la aprobación de la Ley 81 del 3 de agosto del 2020 para Proveer un Retiro Digno para los policías, pero al final se colgó y esta pieza legislativa es una de las alternativas que les quedan para solucionar el conflicto.

En enero, la JSF acordó con el gobierno una asignación de $850 millones para equiparar el dinero que reciben los oficiales por su jubilación al 50% del salario base de $2,300 mensuales, para aquellos con 30 años de servicio que hayan cumplido 55 años de edad.

“Tristemente por el Sistema de Retiro no haber hecho un reglamento para que se pudiera retirar la Policía la juez federal (Laura)Taylor Swain lo colgó. La Policía salió a luchar, le han prometido muchos proyectos no se ha dado. La Junta (de Supervisión Fiscal) dio 850 millones de dólares y ahora el 24 de marzo el gobierno cambió la edad (a 58 años) y cambió la cantidad de dinero. Lo que más nos frustra es que aún los guardias llenando los requisitos ahora el Sistema de Retiro impuso para esta aportación no le han dado el dinero”, subrayó.

Observó que a su juicio cambio de la edad para recibir la aportación fue una movida para retener a los agentes y oficiales ante el acelerado éxodo de los pasados años y no un retiro mejorado. Esta acción, dijo que ha dejado fuera a unos 324 policías que se jubilaron a los 55 a 57 años con 30 años de servicio los cuales seguirán recibiendo su retiro con un 42 por ciento de su salario devengado para el 2013, pero sin obtener el incentivo adicional.

APUL le solicitó una consulta al licenciado Tomás Berríos para que determine si procede acudir a los tribunales para hacer la reclamación de este beneficio o tomar acciones adicionales para este grupo.

A su vez, indicó que no se descarta llevar a cabo una manifestación frente al Capitolio para exigirle a los legisladores que busquen una solución final al problema.

“Ya los policías están cansados, están frustrados, se sienten engañados, porque como ellos han estado dentro de una cisterna desde el 2013 sienten que les tiraron una soga para ellos salir y cuando agarraron la soga y comenzaron a subir le tiraron una tijera y se la cortaron. Nos quedamos en el mismo hoyo, nos dieron por muerto respirando, agonizando, y no han traído una solución, perdóname las soluciones han estado es que no han querido ejecutarlas”, puntualizó Hernández Ramos.

Durante el fin de semana de Halloween del año pasado, de manera espontánea más de 5,000 agentes se ausentaron, como señal de protesta por no ponerse en vigor la Ley 81 del Retiro Digno, así como para elevar su reclamo de mejores condiciones de trabajo. Ante esta situación y el cierre de cuarteles, se reportaron 14 asesinatos en Puerto Rico durante ese período.

Según se expone en la Ley 3 del 2013, el grave problema que enfrenta el Sistema de Retiro de los empleados públicos se debe a aportaciones inadecuadas para mantener un nivel saludable de solvencia, el impacto de leyes especiales para conceder beneficios adicionales a los provistos por la Ley 447 y Ley 1, los programas de retiro temprano para reducir el tamaño de la plantilla laboral, los cambios en la expectativa de vida, los préstamos personales y la emisión de bonos de obligaciones de pensiones.