El presidente de la Asociación de Policías Unidos Luchando (APUL), Gabriel Hernández Ramos, elevó hoy al Congreso su reclamo para exigir un retiro digno para los miembros del Sistema de Rango del Negociado de la Policía de Puerto Rico, al igual que de otros beneficios, durante una reunión que sostuvo esta tarde con la comisionada residente en Washington, Jennifer González Colón.

“Seguimos luchando por nuestros policías...venimos aquí para que escuchen la queja, el dolor, todo lo que nos ha estado pasando desde el 2013. Gracias a Dios fuimos citados oficialmente al Congreso. Planteamos la problemática de la Policía, los $850 millones y todo lo demás que tristemente nuestro gobierno en Puerto Rico no ha querido escuchar”, expuso Hernández Ramos, quien estuvo acompañado del director ejecutivo de APUL, Carlos Pérez Monrozeau.

En enero de 2022, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) acordó con el gobierno una asignación de $850 millones para equiparar el dinero que reciben los oficiales por su jubilación al 50% del salario base de $2,300.00 mensuales para aquellos con 30 años de servicio que hayan cumplido 55 años de edad e incluía un incentivo adicional para los que decidan permanecer trabajando hasta los 58 años.

González Colón, se comprometió a comunicarse con la JSF para indagar por qué no se le han pagado los beneficios a los policías que se retiraron a los 55 años y va a solicitar los documentos, entre ellos el reglamento sometido por Luis M. Collazo Rodríguez, director ejecutivo de la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico, como parte de la investigación que va a iniciar.

También buscará los mecanismos en beneficios de los agentes de ley y orden de Puerto Rico para intentar equipararlos con los de Estados Unidos que cotizan para el Seguro Social.

“Tiene un compromiso genuino con los servidores públicos y con la Policía de Puerto Rico y vamos a estar en contacto con ella. Fue una reunión muy exitosa donde gracias a Dios nos escucharon en terreno de Estados Unidos, donde jamás una organización de policías ha llegado”, subrayó Hernández Ramos.

Han sido varios los proyectos legislativos que han intentado impulsar en busca de una solución al problema del retiro de miles de policías, entre ellos el Proyecto de la Cámara 1119 que garantizaría los recaudos necesarios para que los agentes retirados mantengan sus beneficios y se les mejoren sus condiciones a los que están cerca de la jubilación.

La medida, radicada por el representante José Rivera Madera, hubiese destinado noventa y cinco por ciento (95%) de los recaudos por conceptos de licencia y marbetes al Fondo de Retiro, pero a pesar de que el gobernador Pedro J. Pierluisi Urrutia lo convirtió en ley el 14 de diciembre de 2022, pero la JSF no ha aprobado otorgación de las partidas necesarias.

El P. de la C. 1593 para enmendar la Ley de Máquinas de Juegos de Azar a los fines de garantizarle a los policías jubilados un pago de al menos un 50% de su ingreso, que es la pieza legislativa que establece el porcentaje del beneficio del primer proyecto que ya es ley, también de la autoría de Rivera Madera, fue aprobada solo por la Cámara de Representantes.

Pérez Monrozeau, por su parte, reveló que le solicitaron que se les exima del pago de peajes a los agentes que laboran en la zona metropolitana y viven en pueblos distantes. Actualmente, reciben un incentivo de $30.00 al mes lo cual no es suficiente ya que pueden pagar hasta $100.00.

Hernández Ramos, es un policía retirado luego de 20 años de labor en el NPPR, quien se radicó en Estados Unidos en busca de un mejor porvenir para su familia y quien a través de las redes sociales se convirtió en portavoz un movimiento de lucha que no estaba afiliado a ninguna organización para obtener sus beneficios de retiro, mediante manifestaciones, marchas y cabildeo con legisladores, el gobierno y el ente fiscal.

El 19 de octubre del 2021 marcó el inicio de su lucha, al organizar una protesta frente a las oficinas de JSF ante el incumplimiento en aquel momento histórico con la Ley 81, que promovía un retiro digno para los policías, los bomberos y oficiales de custodia, entre otros servidores públicos, la cual quedó en letra muerta.