La Cámara de Representes aprobó hoy, lunes, un nuevo proyecto para reducir a $15 las multas por infracciones al Autoexpreso, ampliar a 120 horas el periodo para recargar la tarjeta de pago de peaje y establecer una amnistía de 90 días para la reducción y pago de atrasos de multas.

La medida aprobada hoy es un sustitutivo que une en uno solo los cinco proyectos relacionados a este tema que se radicaron en la Cámara de Representantes y el proyecto que con el mismo objetivo aprobó el Senado del pasado 26 de enero.

Al igual que la medida que avaló la Cámara de Representantes en la misma fecha antes mencionada, el nuevo proyecto sustitutivo se aprobó por unanimidad.

“Luego del estudio y análisis de las medidas consolidadas, esta pieza legislativa abarca y atiende las preocupaciones de ambos cuerpos hermanos (Cámara y Senado) que se traduce en una herramienta efectiva y sin dilación para resolver las situaciones que aquejan a la ciudadanía en torno al sistema de auto expreso”, lee la exposición de motivos de la medida.

Además de reducir de $100 a $15 la multa por las infracciones al Autoexpreso y extender el plazo para recargar las tarjetas de 48 a 120 horas, la medida obliga al Gobierno a colocar con anterioridad al peaje rótulos visibles que indiquen la velocidad máxima a la cual puede pasarse por el mismo y el costo establecido del peaje.

La legislación distingue entre aquellos que tienen el sello electrónico y cometen alguna infracción por no tener balance en su cuenta, de los que no tienen el mismo y utilicen los carriles dispuestos para el peaje.

En el primer caso se aplica la multa de $15, mientras que para los otros la multa se mantiene en los $100.

También establece la medida una multa de $15 por rebasar la velocidad máxima dispuesta para las distintas estaciones de peaje.

Dispone de la misma forma un procedimiento para notificar las violaciones y eventuales multas, mediante el cual el Departamento de Transportación y Obras Públicas está obligado a enviar una notificación inicial, mediante correo electrónico, el mismo día de la infracción en la que notificará al dueño del vehículo sobre la violación.

Es aquí donde entra la extensión por legislación a 120 horas para recargar la tarjeta, sin que se le aplique la multa. Al presente, dicho periodo es de 48 horas.

Se dispone también que una segunda notificación se enviará por correo, no más tarde de 90 días, a partir de haber transcurrido cinco días de la infracción imputada.

La amnistía que se establece en la Ley es por 90 días y en la misma se condona toda infracción a cualquier persona que haya solicitado recurso de revisión o que lo solicite dentro de los 30 días siguientes a la aprobación de la ley, que pueda demostrar que contaba con balance en su cuenta de Autoexpreso al momento de la infracción o que recargó su cuenta dentro del término de 48 horas.

“De no poder demostrar lo anterior, y habiéndose demostrado que las multas proceden, la persona afectada pagará un 15% del total de las infracciones, más la tarifa de peaje adeudada”, agrega.

Se establece también que si las infracciones o la tarifa de peaje acumulado, o la suma de ambas, excede los $1,000, luego de aplicado el 15%, se viabilizará un plan de pago por un término no mayor de 12 meses.

Otra disposición de este proyecto es que los que no soliciten el recurso de revisión dentro del plazo de 30 días antes mencionado, tendrán que pagar el 35% del total de las infracciones y de la tarifa de peaje acumulada.

La Cámara aprobó además este luenes la Resolución Concurrente de la Cámara 47, presentada por el representante José “Conny” Varela, para expresar su apoyo a la determinación del Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, de restablecer relaciones diplomáticas entre el gobierno estadounidense y el gobierno cubano.

También aprobó una resolución del representante Luis Vega Ramos, para identificar potenciales violaciones de derechos civiles y constitucionales en el uso público y privado de los sistemas aéreos no tripulados (SANT) o Unmanned Aircraft Systems (UAS), también conocidos como “drones”, sus demás implicaciones constitucionales y legales, así como las limitaciones y regulaciones vigentes aplicables.