El juez Héctor L. López Sánchez del Tribunal de Mayagüez pautó para el 22 de noviembre a una nueva vista sobre el estado de los procedimientos durante la vista preliminar contra el suspendido alcalde mayagüezano, José Guillermo “Guillito” Rodríguez Rodríguez, y la directora de Finanzas del ayuntamiento, Yahaira Valentín Andrade, por malversación de fondos públicos y negligencia en el cumplimiento del deber, informó la Oficina de Prensa de la Administración de Tribunales.

Se espera por las determinaciones de recursos judiciales, entre ellas las radicadas por las defensas de ambos acusados en los que se solicita la desestimación de los cargos presentados alegando que los fiscales especiales independientes presuntamente ocultaron prueba exculpatoria contenida en dos cartas en las que se consignaba que el ayuntamiento recuperó los $9 millones en fondos legislativos destinados para mejoras al hospital de trauma que se les imputa malversar.

También, los fiscales especiales independientes acudieron al Tribunal Supremo de Puerto Rico para objetar que las denuncias criminales contra el alcalde se atiendan en el Tribunal de Mayagüez, ya que se amparan en que la Ley del Panel sobre el FEI les permite escoger la jurisdicción de su preferencia, cuando algún elemento del delito se produce en varias jurisdicciones.

Los funcionarios están involucrados en unas presuntas acciones irregulares que llevaron a la pérdida de $9.8 millones destinados para el Centro de Trauma de Mayagüez durante una investigación el desempeño de las funciones del alcalde en el municipio y en la corporación Mayagüez Economic Development (MEDI).

De acuerdo con la teoría presentada desde el inicio de los procedimientos por el licenciado Harry Padilla, quien representa a Rodríguez, su cliente fue timado por parte de sus asesores financieros, quienes supuestamente le recomendaron la fallida inversión de los fondos asignados por la legislatura y que el dinero que se alega fue utilizado en inversiones cuestionables por varios acusados en el foro federal se recuperó.

Mientras que, en una vista previa, los fiscales especiales independientes a cargo de la acusación, los licenciados Miguel Colón Ortiz y Manuel Núñez Corrada, han afirmado que el municipio apenas recuperó unos $4 millones, de los cuales $1.2 millones fueron utilizados para pagar honorarios de abogados.

Ambos se exponen a ocho años de prisión por el cargo de malversación de fondos públicos y tres años por negligencia en el cumplimiento del deber, de ser hallados culpables en la etapa de juicio.