Aplazan vista preliminar contra “La Diabla”
El tribunal le concedió hasta mañana a su familia para que presente el nombre de su abogado en el proceso por varios cargos, incluyendo asesinato.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 1 año.
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El proceso de la vista preliminar contra Heidy Michelle Marmolejo García, imputada del asesinato por encargo de su exnovio, tuvo que ser aplazado este lunes, por 24 horas, porque la mujer aún no había completado la contratación de un abogado privado.
Paralelamente, el coacusado del caso, Gyovan Javier Stella Laboy, a quien se le imputa haber llevado a cabo el asesinato por encargo, renunció a la vista preliminar ya que está cerca de cerrar un acuerdo con la Fiscalía para declararse culpable a cambio de la modificación de los cargos que enfrenta.
Durante la vista de este lunes en la mañana en el tribunal de Carolina, ante la jueza Lynnette Rivera Rodríguez, la joven Marmolejo García, apodada “La Diabla”, no contó con representación legal. La abogada Amanda Torres Cruz, de la Sociedad de Asistencia Legal (SAL), estuvo por un momento en la sala y explicó a la jueza que Marmolejo García y su familia le habían comunicado su interés en contratar un abogado privado, y que hacían gestiones al respecto. Ante ese panorama, se entendía que la imputada no se considera indigente, y SAL no asumiría su representación legal.
La jueza explicó que, aunque existe un derecho constitucional a estar representada legalmente, la contratación del abogado no podía afectar las fechas señaladas por el tribunal, y “hoy era el día para informar el abogado” que la estaría representando. Posteriormente, concedió dos recesos para ver si durante ese tiempo se concretaba la contratación del abogado.
Marmolejo García enfrenta cargos de asesinato, tentativa de asesinato, violaciones a la Ley de Armas y riesgo a la seguridad u orden público al disparar un arma de fuego.
Luego del segundo receso, preguntó directamente a la familia de Marmolejo García cuál era la situación, y el padre de la imputada solicitó le concedieran hasta el lunes próximo para culminar la contratación del abogado que ya tenían “identificado”. La jueza le otorgó tiempo adicional hasta mañana (martes) a las 11:00 a.m., cuando deberán presentarse en el tribunal con el nombre de la persona que asumirá la defensa.
El equipo de la fiscalía, que conforma Kechia Díaz, Juan Mercaci y Lismar Rodríguez, insistió repetidamente ante la jueza que, cualquiera que fuera la decisión que tomara el tribunal, los términos corriendo no afectaran al ministerio público, pues las dilaciones en el caso habían sido responsabilidad de la imputada.
“Cuando cualquiera de las dos partes, en este caso la acusada, no está lista para entrar a los méritos del caso, esos 30 días nuevamente comienzan a transcurrir cuando ella pide la suspensión. En este caso, aunque ella no ha pedido la suspensión propiamente, el hecho de no estar preparado para entrar a los méritos del caso, hace que esos términos nuevamente comiencen a transcurrir y no vayan en contra del ministerio público”, explicó la fiscal Díaz sobre su reclamo ante la jueza.
“La solicitud es que los términos nuevamente comiencen a correr, porque no ha sido a consecuencia de una dilación que ha provocado el ministerio público”, insistió.
Por otro lado, el abogado Ramón Torres Cruz, representante de oficio de Stella Laboy, explicó que su cliente “renuncia a la vista preliminar”, consciente de lo que eso significa, incluyendo renunciar a su derecho a presentar testigos, contrainterrogar testigos de la fiscalía y demás.
Torres Cruz indicó que esa decisión respondía a que estaban trabajando con la fiscalía para resolver con un preacuerdo, en el que su cliente “asumiría responsabilidad por sus actos”. A preguntas de la jueza, fiscalía confirmó las conversaciones.
Stella Laboy enfrenta cargos de asesinato, tentativa de asesinato, violaciones a la Ley de Armas y resistencia u obstrucción a la autoridad pública.
“Ya había unas conversaciones con el ministerio público sobre la posibilidad de un acuerdo en este caso. Y la posibilidad del acuerdo que hay, es un acuerdo bueno. Yo se lo presenté. Él (Stella Laboy) está de acuerdo con él (acuerdo)”, explicó el abogado Torres Cruz.
“El efecto es que la jueza autoriza al ministerio público radicar las acusaciones tal y cual están imputadas, pero entonces en el juicio se hace el acuerdo y ahí se rebaja lo que se vaya a rebajar, se elimina lo que se vaya a eliminar, para entonces hacer alegación de lo que queda”, agregó, aclarando que comoquiera su representado estaría cumpliendo tiempo en prisión, aunque “muchísimo menos que si saliera culpable de los delitos imputados”.
La fiscal Díaz confirmó las conversaciones “adelantadas” para ese acuerdo, pero evitó ofrecer detalles al respecto.
Según ha trascendido, a Marmolejo García se le imputa haber contratado a dos presuntos gatilleros, Stella Laboy y Giovanni J. Maldonado Díaz, para asesinar a su exnovio Edgar Paul Tejada García, quien se dedicaba a instalar puertas corredizas y además se le conocía como el exponente de música urbana El Ministro.
El pasado 28 de octubre, mientras Tejada García estaba a bordo de una camioneta conversando con la madre de su hijo menor, frente a su residencia en la urbanización Country Club, en Carolina, se le acercó un vehículo desde el cual comenzaron a dispararle. Tejada García arrancó su vehículo, pero perdió el control del mismo e impactó una valla, y allí los atacantes continuaron disparándole hasta ultimarlo en la marginal de la Avenida Román Baldorioty de Castro.
La mujer que estaba junto a él en el vehículo resultó ilesa.
Por esos hechos, Stela Laboy y Maldonado Díaz fueron acusados primero por posesión ilegal de armas de fuego, y posteriormente les radicaron cargos de asesinato.
Trascendió que Maldonado Díaz estaría cooperando con las autoridades.
Luego de ser citada para la radicación de cargos, Marmolejo García se fue a Texas, donde a mediados de julio pasado fue localizada por las autoridades y arrestada, con ocho meses de embarazo. En su contra se había emitido una orden de arresto con una fianza de $2,850,000. Posteriormente fue extraditada a Puerto Rico.