Aguadilla. La vista preliminar que enfrentaría hoy, jueves, el expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Rafael Ramos Sánez, en el Tribunal de Aguadilla por su presunta participación en el llamado escándalo de WhatsApp, fue recalendarizada para el próximo 5 de marzo, luego que las partes acordaron iniciar un proceso para organizar y agilizar la prueba documental que será presentada en sala.

A su salida de la sala 402, que presidió la jueza Leila Graulau Igartúa, tanto la defensa de Ramos Sánez como los Fiscales Especiales Independientes (FEI) que llevan el caso en su contra, coincidieron en que la cantidad de prueba es extensa y requieren más tiempo para poder evaluarla.

“Realmente lo que ha pasado es parte del proceso. Más que una suspensión es iniciar lo que es la etapa en la que nos encontramos con un análisis de los documentos”, comentó el fiscal Ramón Mendoza.

Por su parte, el abogado de Ramos Sáenz, Ivandeluis Miranda, indicó que, como parte del intento por agilizar los procesos, la defensa tendrá acceso a parte de los documentos que sometería fiscalía.

“La prueba es voluminosa, pero ese es el propósito, que vamos a tener acceso a esa prueba documental que el Ministerio Público quiera poner a nuestra disposición y lo que de esa prueba documental se pueda establecer que no hay un problema de cadena custodia, se facilita el proceso de presentarlo en sala”, apuntó Miranda.

Ambas partes aseguraron que, hasta el momento, no se ha conversado sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo en este caso.

Al salir de sala, el exjuez Ramos Sáenz no emitió declaraciones. Sin embargo, a su llegada al tribunal, Ramos Sáenz dijo estar confiado de cara al proceso judicial que enfrenta.

“Estamos tranquilos. Nos vamos a someter al debido proceso y esperamos que sea lo que Dios quiera”, comentó de forma escueta.

Contra Ramos Sáenz pesan 17 cargos por violaciones al artículo 252 del Código Penal por aprovechamiento ilícito de servicios públicos, un cargo por el artículo 250 (enriquecimiento ilícito) y otro por violación al reglamento del Código Electoral.

Según la denuncia presentada por el FEI, el acusado presuntamente participó activamente en el grupo llamado Plan Para Puerto Rico (P3R). Mientras fungía como juez municipal, en el 2015, supuestamente utilizó su correo electrónico de la Rama Judicial para funciones relacionadas al grupo político. Mientras, el 2016, también consultó a los miembros del P3R decisiones judiciales mientras se desempeñaba como presidente de la CEE de Moca, a través de los chats de WhatsApp “P3R-coffee break” y “P3R-estructura gerencial”.

El fiscal Mendoza indicó que no descarta utilizar como testigos algunas de las personas que conversaron con el exjuez a través del chat o mediante correos electrónicos. Algunas de las personas vinculadas al escándalo de WhatsApp figuran el exsecretario de la Gobernación, William Villafañe, la exsubsecretaria de la Gobernación, Itza García, y el exprocurador general Luis Ramos Negrón, entre otros.

“Nosotros vamos evaluando en cada etapa qué testigos vamos incluyendo en las denuncias. De esos, vamos a utilizar a algunos, no todos”, apuntó.

Sin decidir en caso de Wanda Vázquez

Por otro lado, el fiscal del FEI dijo que aún no han decidido si su oficina acudirá al tribunal en alzada contra la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, luego que un tribunal de primera instancia de San Juan no encontrara causa para su arresto el mes pasado en el caso que enfrentaba por supuesta intervención indebida en un proceso contra dos hombres acusados de cometer escalamiento en la residencia de su hija.

“Esa decisión no la hemos tomado todavía. Entendemos que el término (para radicar en alzada) estaría venciendo para la primera semana de febrero, pero nosotros tomaremos una determinación cuando estemos en posición para hacerlo”, sostuvo Mendoza.

Contra Vázquez Garced se sometieron cargos relacionados a violaciones a la Ley de Ética Gubernamental y el Código Penal radicados por la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI).

Sin embargo, luego de evaluar 14 declaraciones juradas y otros documentos presentados por la fiscalía, la jueza Yazdel Ramos Colón encontró no causa.