Ponce. La vista preliminar contra el exalcalde de Santa Isabel, Enrique Humberto Questell Alvarado, fue aplazada debido a que el principal testigo y exsecretario del Departamento de Recursos Naturales (DRNA), Rafael Machargo, alegó tener COVID-19.

Esto de acuerdo con los fiscales especiales independientes (FEI), Emilio Arill García y Manuel Núñez Corrada, que luego de una conversación telefónica, notificaron al juez Rubén Serrano Santiago de la sala 402 del Centro Judicial de Ponce, que Machargo no podría asistir a declarar.

Sin embargo, el procedimiento judicial fue pospuesto hasta el miércoles, 6 de julio a pesar de que en sala se encontraba una abogada del DRNA, que también figura como declarante en el caso contra Questell Alvarado.

El exalcalde enfrenta dos cargos de aprovechamiento ilícito e influencia indebida desde el pasado 10 de junio cuando se encontró causa para su arresto.

De acuerdo con las denuncias presentadas por los fiscales Arill García y Núñez Corrada, supuestamente, el exalcalde santaisabelino buscó la manera de reunirse con el entonces secretario del DRNA para que este interviniera a su favor en una querella que tenía pendiente ante la agencia desde el 2019 contra la empresa Aquamak, de la cual Questell figura como uno de sus propietarios.

La querella se remonta al 2015 y 2016 cuando el imputado, presuntamente, erigió cinco estructuras en la zona marítimo terrestre del barrio Playa de Santa Isabel, donde posee instalaciones recreativas, además de que alegadamente podó y removió mangles de la zona.

Mientras tanto, el juez Serrano Santiago advirtió que Machargo tendrá que presentar evidencia de que tuvo coronavirus para la fecha en que se presente a declarar.

Cabe destacar que Questell Alvarado acudió a la vista preliminar en compañía de su hija Arlene. Su defensa está a cargo del licenciado Pablo Colón,

De ser encontrado culpable, el exalcalde afiliado al Partido Nuevo Progresista (PNP), se expone a una pena de cuatro años de cárcel sin derecho a probatoria por el delito contra la Ley de Ética Gubernamental, así como una pena de tres años de prisión por influencia indebida.