El juez Alberto Pérez Ocasio de la Sala 606 del Tribunal de Bayamón accedió a aplazar para el 18 de mayo la vista para atender una moción que busca suprimir la confesión de José Luis Bosch Mulero, coacusado por la matanza de cuatro miembros de una familia en Guaynabo.

El cambio de fecha se produjo tras un intenso debate entre la fiscal Janet Parra Mercado y los abogados Mayra López Mulero y Oscar Martínez Borrás, en torno a qué parte le correspondía el peso de la prueba.

Las argumentaciones de las partes se mudaron al estrado de Pérez Ocasio, en un esfuerzo por “aligerar los procedimientos”, según expresó el propio juez al anunciar su decisión.

“Me han informado que para comenzar la vista es igualmente importante que se tenga una información que la defensa en estos días está recopilando a través de unas órdenes que emitió este juez. El Ministerio Público no tuvo reparo a que se tenga toda la información y el análisis para que ambas partes vengan preparadas ese día a celebrar la vista o solicitar el retiro (de la moción)”, consignó Pérez Ocasio a modo de resumen.

El juez hizo hincapié en que las partes debían mantener enterado de cualquier cambio o situación que requiera su intervención antes del 18 de mayo, a fin de que todos estuvieran debidamente listos para esa fecha.

La evidencia por recopilar responde al cumplimiento de 11 órdenes que emitió el tribunal, para que distintas entidades y personas faciliten expedientes médicos y de servicios que ha recibido Bosch Mulero durante su vida. Esos documentos se entregarían al perito contratado por la defensa para su análisis.

“Ese proceso no ha concluido por causas ajenas a la voluntad de estos abogados”, reconoció López Mulero.

“Le aseguro a su señoría que si antes del 18 de mayo de 2015 hubiera alguna situación que alterase nuestro interés de continuar con esta vista, lo informaremos por escrito para que su señoría pueda liberar esa fecha”, subrayó la abogada.

Por su parte, Parra Mercado reiteró estar preparada y con su prueba presente para comenzar la vista. No obstante, “como cuestión de estrategia debemos esperar a que la defensa culmine con su proceso pericial”.

Durante el debate que precedió al cambio de fecha, la fiscal Parra Mercado alegó que la moción sometida por la defensa no impugnaba si la confesión de los hechos que hizo Bosch Mulero ante el agente investigador Daniel Pagán había sido voluntaria o protegida por los derechos del entonces detenido.

“Una cosa es cuando se impugna la voluntariedad de la confesión o que el agente no se aseguró de que las personas entiendan los derechos a los que está renunciando. Eso es muy distinto a decir que la voluntariedad se vio afectada por una incapacidad mental o una capacidad mental limitada. Ya ahí la defensa tiene que probar que en efecto existe dicha capacidad mental limitada”, expuso la fiscal.

“No se está cuestionando el arresto, la detención, ni los motivos fundados. No se están cuestionando las advertencias. Lo que se está cuestionando es que él (Bosch Mulero) comoquiera no las habría entendido, porque tenía una capacidad limitada”, continuó.

Y, según Parra, para probar ese supuesto “a la defensa le recae el peso de la prueba”.

Sin embargo, el juez indicó que la moción ante su consideración alegaba falta de voluntariedad y que la teoría de la defensa sobre la capacidad mental del acusado es un asunto aparte.

“Vine a adjudicar una moción de supresión de evidencia. Yo me limito exactamente a la moción de supresión de confesión. Y la regla dice que el peso de la prueba recae en el Ministerio Público”, indicó Pérez Ocasio.

La fiscal Parra Mercado coincidió con el juez en que, bajo ese análisis, “tenemos el peso de la prueba”. Sin embargo, adujo que entonces no había razón para aplazar el comienzo de la vista hasta que el perito siquiatra de la defensa completara su análisis sobre la capacidad mental de Bosch Mulero.

“Si el asunto medular no es la capacidad mental de su cliente, ¿para qué necesitan un psiquiatra?”, cuestionó la fiscal.

Ante esto, López Mulero recordó que no tiene que adelantar su teoría ni el tipo de evidencia que traería.

“Le corresponde al Estado presentar que esa confesión se dio conforme a derecho y nos toca a nosotros refutar eso”, ripostó la abogada.

Esta tarde, también continuará la vista de supresión de evidencia del coacusado Christopher Sánchez Asencio.

Contra cada acusado pesan cuatro cargos de asesinato por las muertes de Miguel Ortiz Díaz, su esposa Carmita Uceda Ciriaco, su hijo adolescente Michael Ortiz Uceda y su suegra Clementina Ciriaco López.

También encaran un cargo de tentativa de asesinato contra el menor de 13 años, único sobreviviente de la matanza de su familia, además de secuestro agravado, agresión grave, destrucción de prueba, robo agravado, conspiración y varias violaciones a la Ley de Armas.

Los hechos se remontan al 17 y 18 de noviembre de 2014.