El juicio contra la exsecretaria de Educación (DE) Julia Keleher se llevará a cabo en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, determinó hoy el juez federal Pedro Delgado.

Como medida cautelar ante la cercanía del periodo eleccionario y la posible mención del caso en los debates políticos, tal cual argumentaron abogados de la defensa, el juicio fue pospuesto hasta el 22 de febrero de 2021.

El juez también denegó la moción de modificación de la orden de mordaza para que fuera menos restrictiva.

Gran parte de los argumentos de la defensa presentados hoy se basaron en los resultados de una encuesta comisionada por los abogados de Keleher, que concluyó que el 85% de los residentes de Puerto Rico que cumple con los requisitos para formar parte de un jurado está al tanto de la acusación en este caso.

Asimismo, el 77% de los que están familiarizados con el caso presume que los acusados son culpables, y el 73% cree que hay una cantidad sustancial de evidencia contra los acusados.

El estudio realizado por la firma DecisionQuest, Inc. también concluyó que el 68.8% de los encuestados expresó “mucha rabia u hostilidad hacia los acusados”.

Los resultados de la encuesta, sostuvo Domínguez, sostienen que en la isla se ha impedido a Keleher de un derecho constitucional fundamental, que es la presunción de inocencia.

“A nuestra clienta se le presume culpable”, afirmó.

La encuesta también concluyó que el 70% de los que respondieron creen que todos los contratos de la compañía BDO Puerto Rico con el gobierno son productos de actos de corrupción.

En julio de 2019, el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) detuvo a la exsecretaria de Educación, a la exdirectora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela Ávila, y al presidente de la empresa BDO en la isla, Fernando Scherrer, entre otras personas, a los que acusó de defraudar al gobierno federal en tres diferentes esquemas en el otorgamiento de contratos ascendentes a $15.5 millones en Educación y $2.5 millones en ASES.

La vista argumentativa se llevó a cabo sin la presencia de los acusados, pese a que debían estar en sala. Los imputados fueron excusados en mociones previas por sus abogados.

“¿Cuántos casos usted ha presidido en los que los abogados tengan que excusar a sus clientes de acudir a una vista porque tienen miedo por su seguridad?”, expresó al juez el licenciado Abbe David Lowell, abogado de Scherrer.

El fiscal Capó puso en duda esos resultados por tratarse de una encuesta comisionada por la defensa y cuestionó la metodología. Sin embargo, la firma en cuestión es una reconocida compañía que también ha sido utilizada por la Fiscalía para sustentar posturas en casos, trascendió en sala.