Apelativo paraliza vista de desacato contra el Departamento de Justicia
Mientras se ordena a la agencia a enviar la documentación a la corte para evaluar si es necesario permitir la divulgación.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 4 años.
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El Tribunal de Apelaciones dictó esta tarde una orden paralizando la vista de desacato civil que realizaba el juez Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, en la que se dilucidaría el rechazo del Departamento de Justicia de entregarle a la Cámara de Representantes el controvertible informe que realizó el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) sobre el almacén de suministros ubicado en La Guancha de Ponce.
Así lo informó el juez Cuevas Ramos en medio de la vista judicial.
“Ah, pues”, soltó cuando el alguacil le notificó que no podía proseguir con el caso.
“Yo no tengo el asunto ahora. Ellos (los jueces del Apelativo) resolverán qué van a hacer”, sentenció el juez.
El Apelativo le dio a la Cámara de Representantes hasta el miércoles a las 5:00 p.m. para someter por escrito cuál es su posición en torno a la insistencia de Justicia de no entregar el informe.
Este pleito judicial comenzó a principios de semana, cuando el presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez, radicó una demanda contra Justicia para exigir que le entregaran el informe que preparó el NIE a la Comisión Especial de la Cámara de Recuperación y Preparación Total. La cámara baja también realiza una investigación legislativa sobre el almacén hallado por ciudadanos el pasado 18 de enero con comestibles y agua expirada, así como con catres y toldos supuestamente necesarios para atender la emergencia reportada en la zona suroeste del país como consecuencia de varios terremotos.
El controvertible informe lo preparó el NIE basado en una investigación que le encomendó la gobernadora Wanda Vázquez en un plazo de 48 horas. Se supone que contenga cómo era la operación que realizaba el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead) sobre ese almacén.
A raíz de la demanda, el juez Cuevas Ramos le dio un plazo de 24 horas, que se cumplió ayer a las 4:30 p.m., a Justicia para entregar el polémico informe. El documento no fue entregado. Justicia, en cambio, sometió una moción de reconsideración.
Fue poco antes del mediodía de este viernes que Cuevas Ramos citó para la vista de desacato por el incumplimiento de Justicia de entregar el documento. Minutos antes de comenzar la vista, trascendió que Justicia había acudido en auxilio al Apelativo.
El juez llegó a comenzar su sesión judicial. Una de las primeras acciones que tomó fue requerir a los abogados de Justicia que le preguntaran a la secretaria Dennise Longo Quiñones si estaba dispuesta a dar el informe a la Cámara con la salvedad de que el mismo no podía hacerse público. Nunca se conoció la respuesta, pues el caso fue detenido por el Apelativo.
Lo que sí trascendió fue la opinión del juez sobre la controversia, quien fue firme en declarar que la divulgación o no de documentos hacia la Rama Legislativa no puede tornarse un “capricho” de la Rama Ejecutiva.
“Esto no es una controversia complicada. Esto es una controversia sencilla. Me parece que es sumamente peligroso permitirle al estado que, bajo el pretexto de pertenecer a un sumario fiscal, prueba o documento, entonces, no se quiera divulgar, porque entonces se queda bajo el capricho del gobernante qué documento va a ser accesible a los cuerpos (legislativos) y eso es peligroso”, sentenció Cuevas Ramos.
A su salida de sala, el abogado de la Cámara de Representantes, Carlos Rivera Justiniano, insistió en que la Comisión necesita el informe para realizar su investigación.
“La facultad legislativa se tiene que proteger. Es decir, la Constitución, en sus artículos 3 y 17, establece un procedimiento legislativo que el Ejecutivo no puede interponer y segundo, porque la Comisión hizo un requisito sobre un documento en específico y la posición del presidente de la Cámara es que esa facultad se haga valer y que se entregue el documento”, afirmó a Primera Hora.
Por otro lado, en medio del proceso judicial que realizaba Cuevas Ramos, la Oficina de la Administración de los Tribunales envió una orden de la jueza Lauracelis Roques Arroyo que establece que Justicia debe presentarle el informe del NIE a la corte para evaluar si es necesario permitir su divulgación, como pidió la Asociación de Periodistas de Puerto Rico en otra demanda.
“Recibidos los memorandos de derechos presentados por las partes, ante la naturaleza pública del documento en cuestión y cuando el expediente y la prueba suplementaria del Estado no justifiquen satisfactoriamente el privilegio gubernamental, entonces procede la inspección en cámara del documento en cuestión. Por lo antes expuesto, este Tribunal determina que procede la inspección en cámara del Informe Preliminar, ya que es esencial para que sea posible efectuar el análisis necesario que permita concluir si procede o no la divulgación del referido documento a la parte demandante. El Informe Preliminar deberá presentarse en un sobre sellado de forma física en la Secretaría de este Tribunal o puede marcarse como confidencial en SUMAC, en o antes del martes, 3 de marzo de 2020, a las 2:00 p.m. El incumplimiento con lo anterior podrá conllevar desacato civil”, indica la orden.
El abogado de Justicia no supo indicar a Primera Hora si también se irá al Apelativo para evitar que la jueza Roques Arroyo vea el informe del NIE.
“Eso está en evaluación en la oficina de la secretaria (de Justicia)”, señaló.