El abogado notario Antonio Peluzzo Perotín, imputado por falsificar documentos y firmas de jueces para emitir licencias de portación de armas, renunció este jueves a la vista preliminar en su contra.

El magistrado federal Bruce McGiverin aceptó la renuncia y encontró causa probable, por lo que el caso deberá ser presentado ante la consideración de un gran jurado federal para emitir un pliego acusatorio formal en su contra, ya que hasta el momento el caso se presentó como una denuncia.

La vista, en la que el imputado estuvo acompañado por su abogado Jorge Armenteros, y en la que estuvieron presentes los fiscales federales José Capó y Luke Cass, duró menos de cinco minutos.

Recientemente McGiverin le denegó libertad bajo fianza a Peluzzo Perotín, por lo que está detenido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés), en Guaynabo.

"Encuentro que no hay condiciones o combinación de condiciones que razonablemente aseguren la seguridad de la comunidad o la comparecencia del acusado a los procesos judiciales. Primero por la naturaleza de las ofensas que se le imputan en la querella criminal, que detallan que el acusado facilitó 100 permisos fraudulentos para portar armas de fuego. Estas ofensas representan un obvio peligro para las autoridades de ley y orden y para la comunidad a raíz de la rampante violencia con armas ilegales en Puerto Rico", señaló el magistrado en la orden del 30 de diciembre pasado.

Aunque al momento la denuncia a nivel federal contra Peluzzo Perotín es con relación a 100 personas a las que les tramitó el permiso de portación de armas fraudulentamente, los fiscales adelantaron que han recibido múltiples llamadas de individuos que el abogado de la armería The Lawman Gunshop ayudó en el proceso y las autoridades temen que el número de implicados sea de hasta 5,000.

Peluzzo Perotín enfrenta 100 violaciones de falsificación de firmas de jueces, sellos y órdenes de los tribunales estatales de Aibonito, Bayamón, Caguas, Humacao y San Juan, además de 100 violaciones por causar u ocasionar la creación de identificaciones falsas para que sujetos porten armas de fuego, y otras 100 violaciones de robo de identidad agravada, para un total de 300 violaciones en su contra.

Según la investigación, el abogado cobraba entre $1,000 y $1,500 para conseguir permisos de portación de armas, lo que hizo falsificando firmas de jueces y mandó a hacer un sello del tribunal en una tienda que vende artículos de oficina. De forma expedita y sin tener que ir a vistas con testigos de buena reputación, emitía las licencias de portación. Se estima que se apropió de $1.8 millones.

Los fiscales destacaron que aproximadamente el 20% de las personas que obtuvieron el permiso de portación a través del imputado no tenían permiso de posesión de armas, prerrequisito para poder portarlas. Al menos uno tenía historial criminal y otros tenían deudas de pensión alimenticia.

Cuando los agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) lo fueron a arrestar, tenía un pillo de luz en su casa. Se estima que ganaba $400,000 al año, pero no lo reportaba en su planilla.

El cargo por falsificar documentos conlleva una pena de hasta cinco años de cárcel, 15 años por la creación de identificaciones falsas, y dos años de cárcel mandatorios por robo de identidad agravada.