Si el Ejecutivo le asigna a la Rama Judicial menos de $340 millones para operar en el nuevo año fiscal, tendrá que cerrar hasta 15 tribunales y reducir la jornada de sus funcionarios, advirtió hoy martes la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Liana Fiol Matta.

Más aún, ante la posibilidad de que se concrete este panorama, la jueza presidenta no descartó que la Rama Judicial recurra a sus propios tribunales para cuestionar la constitucionalidad de los recortes que, a su juicio “desmembrarían el sistema de Gobierno”, que se basa justamente en mantener el balance entre sus tres poderes. 

“Confío en que no haya la necesidad de hacerlo”, expresó Fiol Matta al dirigirse a la prensa, luego de fungir como oradora en la ceremonia de reconocimiento académico a la clase graduanda de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Río Piedras.

Al mismo tiempo, Fiol Matta invitó a los legisladores, en especial a los representantes en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, a oír la necesidad del pueblo de tener cerca juzgados en los que puedan atender sus controversias. Anticipó que la directora de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), la jueza Isabel Llompart Zeno, tendrá a su cargo representar a la Rama Judicial ante la Comisión cameral de Hacienda y Presupuesto el próximo lunes, cuando se espera que solicite una revisión sustancial a la asignación propuesta. 

Las alternativas de recortes “están sobre la mesa”, debido a que el proyecto de presupuesto sometido por la Rama Ejecutiva apenas propone $315 millones para esta rama constitucional de Gobierno, detalló la togada. Esta cifra es $61 millones menos que el presupuesto actual, que a su vez fue $54 millones inferior a la asignación previa. Esto supondría un recorte acumulativo de $115 millones en dos años. 

“La diferencia es sustancial”, lamentó Fiol Matta. 

Destacó que las medidas de austeridad que ha tomado en los pasados 12 meses “han tenido un impacto duro en la operación de los tribunales”. Estos ajustes han requerido ordenar cierres parciales en días feriados, congelar plazas, cerrar salas municipales y reducir contratos de arrendamiento y servicios. 

Sin embargo, explicó que –más allá de mantener una rígida disciplina fiscal– no hay mucho más de donde cortar sin que el público al que sirven y los empleados públicos sufran las consecuencias. Esto responde a que la Rama Judicial tiene una misión específica de servicio directo, que conlleva atender 628,000 incidentes, que se derivan de más de 300,000 casos al año. 

Nueva forma en que el gobierno busca ingresos

“La reducción de jornada laboral a los empleados y funcionarios de la Rama Judicial es anticipable. Eso afectará la calidad de vida de más de 5,000 familias y, además, reducirá significativamente el tiempo de servicio directo al pueblo”, indicó sobre las opciones que baraja, con la esperanza de que no tenga que implantarlas. 

Ante este panorama, Fiol Matta hizo un llamado a los dirigentes legislativos y ejecutivos a recordar que “la financiación adecuada de la Rama Judicial no es negociable”, toda vez que no es una agencia más, sino que tiene una misión constitucional irrenunciable, tan importante como la de los otros dos poderes de Gobierno.

“La situación fiscal de Puerto Rico no puede ser razón ni excusa para limitar los derechos fundamentales del pueblo, ni para impedir el acceso a un foro en el cual nuestra gente pueda representar sus reclamos y obtener justicia”, manifestó a los graduados que, junto a sus allegados, llenaron el Teatro de la UPR. 

Vital el tribunal para la economía 

En su discurso, la jueza presidenta también llamó la atención al hecho de que el gobierno se contradice al hablar constantemente de desarrollo económico y seguridad pública, mientras se presta a “erosionar” sus juzgados.

“¿Qué empresa va a invertir o a desarrollarse en un país que no le asegura un sistema que haga valer sus contratos en un tiempo razonable? ¿Cómo asegurar un sistema que atienda el problema de la criminalidad sin contar con tribunales en condiciones para atender los casos de manera oportuna?”, cuestionó.

Hizo hincapié, además, en que los cierres de tribunales municipales no son solo una molestia para quienes residen cerca, sino que además recargan y retrasan las labores en los centros judiciales. 

“Estas medidas son contrarias a un tribunal abierto y accesible. Al cerrar los tribunales y limitar el acceso a la justicia, retrocedemos en la historia y en el desarrollo del país”, sentenció la jueza presidenta.