La mayor controversia que se ha desatado en el sonado divorcio del reguetonero Daddy Yankee, la supuesta extracción de $100 millones de las cuentas bancarias de las corporaciones creadas para manejar la carrera artística del boricua por parte de su esposa, Mireddys González Castellanos, y su hermana, Ayeicha González Castellanos, se comenzará a dilucidar en la mañana de este viernes en corte abierta ante el juez superior Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

Según estableció el juez en una de las varias órdenes emitidas durante la semana, esta vista se concentrará en atender “la petición del remedio interdictal que provee la Ley de Corporaciones, es decir, la razonabilidad del propósito del requerimiento de información o acceso a los libros corporativos. Entendemos que la vista será una argumentativa”.

Todo el proceso será retransmitido por Primera Hora, tras acogerse una petición de acceso mediático a través del Programa Experimental para el Uso de Cámaras Fotográficas y de Equipo Audiovisual de Difusión por los Medios de Comunicación en los Procesos Judiciales.

Mireddys llegó temprano al tribunal capitalino y no emitió expresiones. No obstante, el representante legal de González Castellanos, Hipólito Torres Rivera , alegó que existe una orden de “mordaza” en ambos casos y que sí se realizó la transacción monetaria, pero no como se reseñó en los medios de comunicación.

“Se hizo de manera legal todo”, manifestó.

Poco antes de las 9:00 a.m., el famoso reguetonero llegó también al tribunal acompañado de su hijo, Jeremy.

En este caso, los abogados que representarán a Daddy Yankee son el experto en derecho corporativo y analista político, Carlos Díaz Olivo; la también analista político, Anabelle Torres Colberg, así como Heileene Colberg Birriel.

Mientras, los abogados de las hermanas González Castellanos son Pilar Pérez Rojas, Torres Rivera y David Carrión Baralt, quien fue ayudante General de la Guardia Nacional bajo la administración del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá.

Además, las corporaciones de Daddy Yankee, Los Cangris, Inc. y El Cartel Récords, Inc, también estarán representadas legalmente.

La disputa inicial comenzó el pasado viernes, cuando supuestamente las demandadas transfirieron a sus cuentas personales $80 millones de la corporación El Cartel Récords y $20 millones de la corporación Los Cangris.

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Como respuesta, los abogados de Daddy Yankee presentaron dos demandas en contra de las hermanas, las cuales fueron consolidadas. Durante el proceso, se logró revertir la transacción millonaria.

Estas demandas presentadas por el artista aluden a que “la transacción bancaria realizada bajo el control de la demandada Mireddys, (supuestamente se realizó) disfrazada como un alegado pago de dividendos, a nombre de ella y el demandante”.

Se alega en los documentos legales presentados ante la corte que la movida la dieron las hermanas luego de presentado el divorcio el 2 diciembre, fecha para la cual Daddy Yankee había removido de la presidencia de las corporaciones de Mireddys y a su hermana del puesto de tesorera y secretaria.

Como parte de la controversia, también trascendió que las hermanas vendieron el catálogo musical del reguetonero en una transacción que “resultó ser irrazonable, desproporcional y muy por debajo del valor real”.

Por tales acciones, el artista solicitó por conducto de sus abogados que se “declare con lugar la presente esta demanda de naturaleza interdictal y ordene a las demandadas González Castellanos que entreguen al demandante el control del Cartel Records Inc. ( y de Los Cangri, Inc.) para que este pueda libremente usar su nombre en conjunto con imagen y creaciones inherentes al desarrollo de su carrera, así como también la entrega a la parte demandante, de todo registro, documentos de cualquier naturaleza de las corporaciones que estén bajo su poder o control, así como que cesa y desista de continuar desempeñando funciones o cargos administrativos y gerenciales de todo tipo en las corporaciones en las que el demandante tenga interés o participación. Así también que ordene el pago de costas y honorarios a favor de la parte demandante y cualquier otro remedio en ley que también asista a la parte demandante”.