“Este es un caso de codicia y poder”.

Ese fue el pie forzado que presentó este jueves el fiscal federal Nicholas Warren Cannon en sus argumentos iniciales para establecer ante un jurado que el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, supuestamente participó de un esquema de soborno junto al contratista colombiano, Oscar Santamaría, en el que presuntamente recibió $5,000 mensuales entre finales del 2019 hasta mayo del 2021 a cambio de un contrato para la empresa de construcción Island Builders.

Como parte de su exposición, contó que durante el juicio presentarán un vídeo en el que se observará cómo el acusado recibió de parte de Santamaría una paca de dinero, se la metió en una media y caminó hacia sus oficinas en la Alcaldía de Guaynabo. La transacción ocurrió el 19 de agosto de 2021, cuando el exalcalde ya era vigilado por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés).

“Se puede ver cómo Pérez Otero recibe un soborno de $5,000 en efectivo Oscar Santamaría en el auto de Oscar, se lo mete en una media y sale y camina hacia la oficina del alcalde”, detalló el fiscal.

Sin embargo, el abogado de defensa y exfiscal federal, Osvaldo Carlo, contrastó esta hipótesis con otra ilegalidad que se aleja de un caso federal por soborno. Alegó que se trata de cómo en Puerto Rico se esconden bajo nombres de otras personas contribuciones políticas dadas por personas adineradas y contratistas poderosos.

“Son maneras que son ilegales en Puerto Rico, pero pasan”, sentenció.

Bajo este contraste fue que arrancó el segundo día del juicio federal contra Pérez Otero en el Tribunal Federal de Distrito, en Hato Rey, ante la jueza Aida Delgado Colón.

En sus argumentos iniciales, Cannon especificó que gracias al dinero que Santamaría daba a Pérez Otero la empresa con la que se mediaron los sobornos, “Island Builders, tomó ventaja en la municipalidad”.

Dejó por sentado que, para que se aventajara a la empresa, hubo “un acuerdo entre dos o más personas para hacer algo ilegal”. Expuso que tales irregularidades serán ventiladas en el juicio por el propio Santamaría.

Carlo, en cambio, expuso que “cada historia tiene dos lados”.

En el inicio de su exposición explicó quién era Santamaría. Alegó que llegó a Puerto Rico becado para jugar fútbol en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Indicó que por las conexiones que logró levantar se volvió un hombre “poderoso”, que llegó a tener contratos por servicio de recogido de basura, bajo la empresa Waste Collection, y en la Legislatura, que sumaron $150 millones.

Asimismo, comentó que su cliente y Santamaría se conocieron a principios de la década del 2000 en la Legislatura y que tuvieron fricciones para el 2017. Las mismas ocurrieron porque Santamaría apoyó a Carmelo Ríos en la contienda que se dio para escoger al sustituto del exalcalde Héctor O’Neill y no a Pérez Otero.

Carlo estableció que, para mejorar las relaciones, Santamaría utilizó la mediación del exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado, y acordó pagar la deuda de la campaña que quedó con motivo de la elección especial del Partido Nuevo Progresista (PNP). Dijo que el dinero que recibió Pérez Otero era para esos fines y no sobornos para que Santamaría obtuviera contratos municipales.

“El señor Pérez no está acusado de esas contribuciones”, planteó, al aceptar que eso serían delitos en el foro estatal.

Alegó que en el juicio se verá que a Santamaría no se le complació cuando solicitó el contrato de recogido de desperdicio de basura y que se realizó un extenso proceso para la selección de Island Builders para realizar una construcción vial en el barrio Ríos de Guaynabo.

Primeros testigos

El primer testigo que sentó la Fiscalía federal para probar su caso fue el exdirector de Recursos Humanos y actual vicealcalde del municipio de Guaynabo, el abogado Eduardo Farrías Rodríguez. Este, en esencia, habló sobre el contrato que Island Builders logró con el ayuntamiento para hacer trabajos en carreteras y estipuló que las personas que aparecen en dicho contrato fueron nombradas por Pérez Otero.

En dicho contrato, el municipio estuvo representado por la licenciada Mariela Vallines Fernández, quien era la vicealcaldesa de Guaynabo en aquel entonces y que en la actualidad ocupa el cargo de directora del Distrito del Centro de Convenciones. Esta no está citada como testigo en el caso. Mientras, Island Builders, por su parte, estuvo representada por su presidente, Carlos Javier de Jesús Pagán.

Según el contrato, la empresa Island Builders realizaría el proyecto denominado “Improvements to Municipal Roads and Other Works at Rio Ward” en Guaynabo. El acuerdo destaca que hubo una subasta para esta obra que se declaró “desierta”. Ante tal situación, la Legislatura Municipal aprobó una resolución el 3 de febrero de 2020 en la que se autorizó a “Pérez Otero o al funcionario que este designe, en representación del Municipio Autónomo de Guaynabo, a proceder administrativamente con el proyecto ‘Improvements to Municipal Roads and Other Works at Rio Ward’”.

Trascendió que el municipio solicitó propuestas a tres empresas y que Island Builders fue el licitador más económico.

El contrato original concedido fue de $871,751.60. Sin embargo, se le realizaron tres enmiendas, entre noviembre de 2020 y marzo de 2021, que aumentó la suma que se le debía pagar a la empresa a $2,396,751.60. El municipio de Guaynabo informó a Primera Hora que a Island Builders se le llegó a desembolsar $1,894,922 por unos trabajos de construcción y rehabilitación en el barrio Ríos.

En su testimonio, Farrías Rodríguez hizo constar que como abogado del municipio realizó un borrador de este contrato y sus enmiendas. Dijo que alertó al entonces director de la Oficina de Asuntos Legales de Guaynabo, Fernando Pérez del Valle, de varios problemas en esta contratación en un correo electrónico. El principal era la falta de documentos de la empresa Island Builders.

“No estaban las cotizaciones o propuestas. Tampoco estaban los documentos que requiere la ley, como certificación de contribución sobre ingreso que requiere el Departamento de Hacienda, certificación de no deuda de Hacienda, documentos del CRIM (Centro de Recaudación de Ingresos Municipales), como radicación de planilla de propiedad mueble”, afirmó el testigo.

Luego, Farrías Rodríguez reveló que sus observaciones le ganaron que fuera desplazado por Pérez del Valle de atender el caso de contratación y que este le solicitó el borrado del contrato que había preparado.

A preguntas de uno de los abogados de Pérez Otero, Eduardo Ferrer, el testigo leyó que del contrato se desprende que se le concedió a Island Builders unos 60 días para entregar muchos de estos documentos, ya que había un toque de queda en el país a causa de la pandemia del COVID-19 y muchas agencias estaban cerradas.

Cabe destacar que este testimonio sacó a relucir que Pérez Otero tenía contratado al exesposo de su conyugue, Liza Fernández, como director de Desarrollo Económico y presidente de la Junta de Subasta Municipal, Raúl Torres Gómez. También reveló que Pérez del Valle fue el abogado que divorció a Fernández y a Torres Gómez.

Tras finalizarse el testimonio de Farrías Rodríguez, la Fiscalía federal llamó al presidente de Island Builders para que se sentara en el banquillo de los testigos. De Jesús Pagán contó que entró a la empresa en el 2018, contratado por Santamaría “para representar” a la entidad.

Explicó que su relación con el municipio de Guaynabo inició en el 2020, cuando el entonces director de Obras Públicas, Wilfredo Martínez, lo contactó por teléfono. Esperaba la llamada, ya que contó que “Oscar (Santamaría) me había dicho que me iban a contactar para unos trabajos que se iban a contratar”.

Detalló que Martínez lo invitó a una reunión en la que no había ningún otro contratista. Allí, le explicó que los proyectos a cotizar eran para los de los barrios Ríos y Frailes durante un periodo de dos años. El único contrato que obtuvieron fue el de barrio Ríos.

Durante el periodo de contrato, el constructor dijo que hubo una preocupación, porque el municipio “quería eliminar la partida de pavimentar con asfalto” que era la que más dinero les dejaría. Al enterarse de este acto, llamó a Santamaría para informarle. Indicó que luego fue citado a una reunión con personal municipal en la que se le indicó que no se iban a registrar los cambios.

El testimonio de De Jesús Pagán no concluyó, por lo que continuará mañana, viernes. Además, se espera que los próximos en desfilar por el banquillo de los testigos sean el exalcalde de Cataño y Santamaría.

No da paso a desestimación

Por otro lado, este segundo día del juicio inició con el análisis de una moción de desestimación que presentó la defensa de Pérez Otero, la que la jueza Delgado Colón no dio paso. La discusión se realizó a puerta cerrada y la moción se radicó “sellada” en el expediente judicial, por lo que no se dio a conocer su contenido.

Cabe destacar que, como parte del proceso, hubo un cambio en la composición del jurado, debido a la baja de dos personas. Ahora, este cuerpo estará constituido por dos hombres y 10 mujeres. El pasado lunes, la división había quedado en tres hombres y nueve mujeres.

La jueza indicó que no se podía especular sobre la razón por la que ocurrieron las dos bajas en el jurado.

Entre las personas presentes en la sala de la jueza Delgado Colón se distinguieron durante el día el jefe de la Fiscalía federal, W. Stephen Muldrow, la esposa de Pérez Otero y su tía, así como agentes federales.

Pérez Otero fue arrestado en diciembre de 2021, luego de que el empresario Oscar Santamaría y el exalcalde de Cataño acordaran cooperar con la Fiscalía federal para revelar un presunto esquema en el que empresarios daban dinero en efectivo a los alcaldes a cambio de contratos o mantener los mismos con sus municipios. Sus testimonios llevaron a que varios empresarios, así como a que los exalcaldes de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz; de Guayama, Eduardo Cintrón Suárez; de Humacao, Reinaldo Vargas, y de Aguas Buenas, Luis Arroyo Chiqués y Javier García Pérez, se declararan culpables ante la corte federal.

Del grupo de imputados, Pérez Otero es el único que no aceptó ninguna de las cinco ofertas realizadas por la Fiscalía federal y determinó enfrentar un juicio que lo podría llevar a cumplir hasta un máximo de 20 años en prisión.

En específico, la Fiscalía federal imputa a Pérez Otero haber recibido entre finales de 2019 a mayo de 2021 pagos de $5,000 mensuales por parte de Santamaría a cambio de un contrato para la empresa de construcción Island Builders, la cual realizaría unos trabajos viales en el barrio Ríos de Guaynabo. Por los supuestos delitos, fue acusado por un gran jurado federal a principios de diciembre de 2021 de soborno, conspiración y extorsión.

Los abogados de defensa, José Olmo, Carlo, Ferrer, sin embargo, han alegado en fallidas mociones radicadas ante la corte que el dinero que Santamaría le daba a Pérez Otero eran contribuciones políticas para saldar las deudas de la campaña política del 2017.

Los fiscales federales en este caso son Cannon y Myriam Fernández.