El suspendido alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, fue acusado por un gran jurado federal por supuestamente recibir $5,000 mensuales entre finales de 2019 a mayo de 2021 de parte de Oscar Santamaría, quien llegó a un acuerdo de culpabilidad por corrupción ante las autoridades federales, a cambio de contratos para la compañía Island Builders, según transcendió.

En conferencia de prensa, el jefe de la Fiscalía federal, W. Stephen Muldrow, no detalló la cantidad que se alega recibió Pérez Otero en sobornos, pero invitó a la prensa a hacer los cálculos matemáticos.

Esto representa que tan solo en el año 2020 pudo haber acumulado unos $60,000 y, para el 2021, otros $25,000.

No obstante, Muldrow aceptó que posterior a mayo de 2021, Pérez Otero obtuvo otra cifra de dinero en efectivo que no fue utilizada para la acusación.

De hecho, explicó que hubo una paralización momentánea del pago de soborno en el periodo de los arrestos federales de los exlegisladores María Milagros Charbonier, Nelson del Valle y Nelson Alonso, pero que luego continuó el pago de los sobornos. Esto ocurrió entre julio y agosto de 2020.

De una fotografía suministrada en la petición de fianza que sometió la Fiscalía federal contra el acusado por corrupción, trasciende que el también presidente de la Federación de Alcaldes recibió una paca de dinero el 19 de agosto de 2021.

Por estos pagos que se alega recibió, Pérez Otero fue arrestado en la mañana de este jueves por agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) en su residencia de Guaynabo. Se le acusó de recibir sobornos, conspirar para cometer soborno y extorsión. Una fianza de $10,000 le fue impuesta por el juez federal Bruce J. McGivering.

“Posibles sentencias de Pérez Otero son cinco años de prisión por conspiración, 10 años por cargo de soborno y 20 años de prisión por el cargo de extorsión”, informó Muldrow.

Cabe destacar que el funcionario no quiso estipular que la otra persona que aparece en la fotografía en la que Pérez Otero recibe el dinero en efectivo fuese Santamaría. De hecho, estipuló que “no voy a contestar preguntas sobre Oscar Santamaría”.

La empresa en controversia

No obstante, la vicealcaldesa del municipio y ahora alcaldesa interina, Luisa Colom García, reveló que la empresa implicada en el esquema de corrupción, en la que el pliego acusatorio limita a señalar como una de construcción, era Island Builders.

La empresa tiene un contrato activo con el municipio por $871,751.60 hasta junio de 2022, según el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor.

“Al advenir en conocimiento de las investigaciones y acusaciones recientes contra varios funcionarios y contratistas, ordené la cancelación inmediata del contrato con la compañía Island Builders Corp. La ley es clara sobre las consecuencias legales para los servidores públicos y personas naturales y jurídicas que violen las disposiciones contenidas en el Código Anticorrupción y demás legislación que contenga delitos contra la función pública. No habrá dilaciones en nuestras acciones para asegurar el buen uso de los recursos públicos”, dijo Colom García en expresiones escritas.

Ayer, miércoles, cuando salió a relucir que Santamaría llegó a un acuerdo de culpabilidad con las autoridades federales por casos de sobornos, este emitió una declaración escrita en la que se adjudicó ser parte de la empresa.

“En cuanto a las compañías VIP y Island Builders las ganancias devengadas por mi persona han sido devueltas en su totalidad en el cargo de confiscación impuesto por el Departamento de Fiscalía Federal. Deseo hacer constar que sus directivos estuvieron ajenos a cualquier acción indebida de mi parte”, señaló.

De hecho, el acuerdo de culpabilidad alcanzado por Santamaría con las autoridades federales por los pagos realizados al exalcalde de Cataño aparece que este le pagó sobornos por tres contratos a favor de Island Builders por un monto de $584,830.

La Fiscalía federal, de hecho, presentó una fotografía de la persona que le entregó el dinero a Pérez Otero el 19 de agosto pasado, similar a Santamaría. No obstante, Muldrow no quiso revelar su identidad.

Santamaría también era parte de Waste Collection, empresa que pagó sobornos al exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado. Este también llegó a un acuerdo de culpabilidad con las autoridades federales. Ambos se exponen a penas en prisión de cinco años.

Sobre Island Builders, el Registro de Contratos del Departamento de Estado, no estipula en ningún momento que entre sus incorporadores figure Santamaría. Aparecen Luis F. Sierra Rodríguez y Carlos Javier de Jesús Pagán, ambos de Cidra.

Primera Hora se comunicó con los números telefónicos que están en el Certificado de Incorporación, pero las personas que respondieron aludieron a que no estaban relacionados a estos incorporadores.

Mientras, en el Registro de Contratos del Contralor, aparece que Island Builders tuvo contratos con Aguas Buenas, Arecibo, Cataño y la Corporación del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña. Todos aparecen vencidos ya. El más reciente que venció fue el de Aguas Buenas, en noviembre pasado.

Contrato con Guaynabo

El contrato de la empresa con Guaynabo, el único que está vigente, fue concedido en junio de 2020 y vence en junio de 2022, revela los documentos publicados por la Oficina del Contralor.

El municipio estuvo representado en este contrato por la licenciada Mariela Vallines Fernández, quien era la vicealcaldesa en aquel entonces y actualmente ocupa el cargo de directora del Distrito del Centro de Convenciones. Island Builders, por su parte, estuvo representada por su presidente, De Jesús Pagán.

Según el documento, la empresa realizaría el proyecto denominado “Improvements to Municipal Roads and Other Works at Rio Ward”.

El contrato destaca que hubo una subasta para esta obra que se declaró “desierta”.

Se informó que la Legislatura Municipal aprobó una resolución el 3 de febrero de 2020 en la que se autorizó a “Pérez Otero o al funcionario que este designe, en representación del Municipio Autónomo de Guaynabo, a proceder administrativamente con el proyecto “Improvements to Municipal Roads and Other Works at Rio Ward” par haberse declarado desierta la subasta celebrada para tal propósito. Dicha resolución también dispuso que la autorización concedida debía realizarse en conformidad con las leyes, reglamentos, ordenanzas, resoluciones, procedimientos y cualquier otra fuente de derecho aplicable y que el Director de Finanzas validaría toda cotización que se reciba de los proyectos y expediría certificación a los efectos de que la cotización seleccionada resulta ser la más económica y/o ventajosa para el municipio, así como también certificaría la disponibilidad de fondos”.

El contrato alude que “el 5 de junio de 2020 el señor Edwin Reyes Gonzalez, director del Departamento de Finanzas del municipio, validó las cotizaciones recibidas y certificó que la cotización seleccionada para la realización del proyecto es la más económica y/o ventajosa para el municipio”.

¿De qué se le acusa?

El pliego acusatorio contra Pérez Otero establece que entre finales del 2019 hasta mayo de 2021 “conspiró a sabiendas con el individuo A y por otros conocidos y desconocidos para el gran jurado para cometer delito contra los Estados Unidos, incluyendo soborno a programas federales, para corruptamente solicitar, demandar y aceptar para su propio beneficio cosas de valor del individuo A, en un intento por influenciar y recompensar con negocios, transacciones y una serie de transacciones en Guaynabo valoradas en $5,000 o más en cada año en que la conspiración y las oportunidades acontecían, como, contratos municipales”.

“El propósito de la conspiración”, dice el pliego acusatorio, “era para el acusado Pérez Otero beneficiarse y enriquecerse, al aceptar sobornos y ‘kickbacks’ del individuo A”.

Se informó que, en cambio, el dueño de la empresa de construcción obtenía contratos a su favor.

En ningún momento en el pliego acusatorio ni en la conferencia de prensa se detalló quién era el individuo A ni el nombre de la empresa en controversia.

La acusación alude que Pérez se reunía en secreto con el individuo A, donde este le pagaba los sobornos. También se enviaban mensajes de texto codificados.

Para lograr que la empresa obtuviera los contratos, se dice en la acusación, que el alcalde “recomendaba, presionaba y dirigía a oficiales municipales a garantizar a la compañía A fuera recompensada con contratos en Guaynabo”.

En el documento sometido por la Fiscalía federal para solicitar una fianza de $50,000 contra Pérez Otero se estableció que “la evidencia en posesión de los Estados Unidos incluye, pero no se limita a, lo siguiente: a) llamadas telefónicas grabadas por consenso; b) grabaciones de video de pagos de sobornos; c) mensajes de texto; d) videos de vigilancia; e) gobierno contratos y sus modificaciones; f) facturas de pago de contratos gubernamentales; g) fotografías de dinero utilizado para hacer pagos de sobornos; h) testimonio de testigos; y i) cheques emitido por la municipalidad de Guaynabo en pago por obra contractual”.

Fue en este documento que la Fiscalía incluyó una fotografía de Pérez Otero del 19 de agosto de 2021, donde supuestamente se le aprecia aceptando lo que parece ser una paca de dinero. También se adjuntó un cheque del municipio pagado a la empresa de construcción el 20 de agosto por $440,784.91.

Se distingue que la fecha en la que Pérez Otero supuestamente recibió el dinero en efectivo fue un día antes que el municipio hiciera el pago a la empresa.