El exalcalde de Guaynabo Ángel Pérez Otero pidió este lunes al Tribunal Federal en San Juan que le desestimen los cargos de corrupción que pesan en su contra.

El pedido fue realizado por su abogado, Osvaldo Carlo, mediante una moción a la jueza federal Aida Delgado Colón, según publicó El Nuevo Día.

En la moción, que es la primera presentada luego de que el también exlegislador rechazara un acuerdo de la Fiscalía para declararse culpable, se indica que aunque Pérez Otero dio contratos a una compañía “a cambio de sobornos y comisiones ilegales pagadas por Oscar Santamaría en efectivo, la evidencia provista por el Ministerio Público, durante el descubrimiento de prueba, claramente sugiere que los pagos tuvieron forma de contribuciones de campaña política”.

“Pérez Otero solicita la desestimación del pliego acusatorio porque falla en alegar un elemento esencial de las violaciones de ley imputadas y porque falla en alegar un crimen, ya que el carece de una alegación de un ‘quid pro quo’, como es requerido por el Tribunal Supremo de Estados Unidos”, reza la moción.

Carlo hace referencia a un caso de un miembro de la Cámara de Delegados de West Virginia, Robert L. McCormick, que recibió pagos en efectivo de parte “de un grupo de cabilderos, que no reportó como contribuciones de campaña”.

Según el diario, tras eso, el funcionario auspició una legislación aprobada que benefició a ese grupo de cabilderos. Luego, el funcionario recibió otro pago. McCormick luego fue convicto por extorsión, violación a la Ley Hobbs, que alega efectos en el comercio interestatal, entre otras cosas.

“El Tribunal Supremo anuló la condena (de McCormick), sosteniendo que el recibo de una contribución de campaña violaba el estatuto solamente si el Ministerio Público podía probar un ‘quid pro quo’ explícito, es decir, solo si los pagos se realizan a cambio de una promesa o compromiso explícito por parte del funcionario de realizar o no realizar un acto oficial”, indica la defensa de Pérez Otero.

“En tales situaciones, el funcionario afirma que su conducta oficial estará controlada por los términos de la promesa o compromiso”, agrega la moción.

Según la defensa de Pérez Otero, “la estructura básica en el intercambio en (el caso de) McCormick es análogo al alegado en este caso” contra elexalcalde de Guaynabo.

Asimismo alegó que no había duda en cuanto al “quid” por el pago de contribuciones en efectivo “a la campaña de un político” y un “quo” en cuanto a la acción favorable al cliente de un cabildero, mientras que alegó que para el ‘pro’ solo había evidencia circunstancial.

También indicó que en el caso de McCormick se demostró que el “pro” en sí mismo “debe ser claro e inequívoco y caracterizado por algo más que proximidad temporal, guiños y asentimientos, y frases vagas como: ‘Déjame ver qué puedo hacer’”.

Es por eso que, a su juicio, para alegar responsabilidad criminal contra el exalcalde de Guaynabo por “el soborno en el contexto de las contribuciones de campaña, debe haber alegaciones de un ‘quid pro quo’ que sean claras e inequívocas, lo que significa que el vínculo entre el acto oficial y el pago o beneficio, el pro, debe ser alegado o demostrado por algo más que una mera implicación”.

Osvaldo Carlo también hizo varios planteamientos sobre la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y su relación con la libertad de expresión a través de las contribuciones a campañas políticas.

Indicó que los cargos uno, dos y tres del pliego acusatorio deben “desestimarse porque no alegan, como un elemento”, que Pérez Otero “hizo un acuerdo ‘explícito’ con Santamaría” que resultaría en que “su conducta como alcalde estaría controlada a cambio de contribuciones de campaña”.

Sostuvo que el texto del pliego acusatorio usa frases tales como: “A cambio de estos pagos, Pérez Otero acordó conceder, facilitar y proteger contratos para la Compañía A” y a su juicio, esa expresión no es suficiente por que “no es sinónimo de explícito o expreso”.

“La existencia de un intercambio o acuerdo no implica necesariamente la existencia de un acuerdo explícito o expreso”, sostuvo en la moción.

“El uso de (la palabra) ‘intercambio’ fue insuficiente para informar completamente al gran jurado de un elemento necesario de los cargos dos y tres (y, por lo tanto, el cargo uno, que acusa una conspiración para cometer los dos últimos cargos)”, agregó.

El abogado sostuvo además que la secuencia presentada por el Ministerio Público sobre los supuestos eventos entre Pérez Otero y Santamaría “no alegan la existencia de un acuerdo entre los dos al momento en que la Compañía A recibió un contrato por el Municipio” de Guaynabo.

Pérez Otero fue arrestado en diciembre del 2021 y le radicaron cargos de soborno para recibir comisiones ilegales o “kickbacks”, conspiración para cometer soborno y extorsión como oficial público, relacionados a un presunto esquema de corrupción.

Según se alega en el pliego acusatorio, entre 2019 y 2021 el exalcalde recibió dinero de forma regular de parte de un individuo identificado como propietario de una compañía de construcción, a cambio de que favoreciera a dicha compañía con contratos del municipio.