Los informes de ingresos y gastos que Ángel Pérez Otero radicó a la Oficina del Contralor Electoral cuando era alcalde de Guaynabo estipulan que la campaña política no tenía deuda para inicios del año 2019.

La primera deuda de campaña que se registró fue en el periodo de julio a septiembre de 2019, el cual era de un total de $6,223.41. Pero, para finales de año, se indicó que ya no tenía ninguna deuda.

Así lo estipuló este martes Abraham Javier David Espada, auditor senior de la Oficina del Contralor Electoral, quien es el séptimo testigo que sienta la Fiscalía federal en el juicio por corrupción pública que se sigue contra Pérez Otero ante la sala de la jueza Aida Delgado Colón, en el Tribunal Federal de Distrito, en Hato Rey.

La revelación del auditor es importante, ya que se alega que Pérez Otero le indicó entre finales del 2018 a inicios de 2019 al empresario Oscar Santamaría que tenía una deuda de campaña de $70,000. Entonces, Santamaría se comprometió a saldar tal deuda al entregarle $5,000 cada cuatro a seis semanas al exalcalde, según testificó el propio empresario.

Específicamente, Santamaría detalló en el testimonio que ofreció, ayer, que comenzó a emitir pagos ilegales a Pérez Otero para mejorar su relación con este, ya que en la elección especial del 2017 no lo apoyó. Estaba con su contrincante político para ese entonces, Carmelo Ríos.

Explicó que el exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado Montalvo, acordó un encuentro con Pérez Otero para que hicieran las paces. En el mismo, Santamaría le preguntó al ahora acusado cómo lo podía ayudar, “si había alguna deuda de la campaña”. Entonces, acordó pagar los $70,000 que adeudaba.

“Le dije que yo podía ayudar a pagar la campaña, que haría pagos mensuales. Dividí que eran 14 pagos. Le dije que cada cuatro a cinco semanas le daría dinero para pagar la deuda”, reveló Santamaría.

Aludió a que de manera regular le daba $5,000 en efectivo al exalcalde, aun cuando la deuda ya estaba saldada. Comentó que continuó los pagos, “porque quería mantener la relación viva... Si detenía los pagos, no sabía cómo iba a actuar”.

Por otro lado, a preguntas del fiscal Nicholas Warren Cannon, el testigo señaló que en ninguno de los informes de ingresos y gastos presentados bajo juramento por el propio Pérez Otero nunca aparece el nombre de Santamaría.

Mientras, durante una de las fechas que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) le daba los $5,000 para que Santamaría los entregara a Pérez Otero, que fue el 19 de mayo, el informe presentado por Pérez Otero reportó que no había ni un solo donante para la campaña política.

Pero, el informe que incluía las fechas del 1 de julio y 19 de agosto, en las que también Santamaría entregó dinero suministrado por el FBI, solo aparecen registrados dos donantes. Ninguno era Santamaría.

Trascendió, además, que Pérez Otero recibió señalamientos del Contralor Electoral por irregularidades en sus informes de ingresos y gastos de campaña. La información salió a relucir a preguntas del abogado de defensa, el exfiscal federal Osvaldo Carlo.

“En la auditoría se detectaron ingresos y gastos no reportados, ingresos no depositados en la cuenta bancaria, pagos en efectivo mayores a $2,500, donantes no identificados conforme a la ley y solicitud de pautas con el pago después que la pauta se realice y déficit en controles internos”, sostuvo David Estrada.

Añadió que los déficits en controles internos se referían a “falta de documentos, falta de cheques cancelados, cheques depositados, facturas, hoja de depósitos”.

Pérez Otero fue arrestado el 9 de diciembre de 2021, luego de que el empresario Oscar Santamaría y el exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado acordaran cooperar con la Fiscalía federal para revelar un presunto esquema en el que empresarios daban dinero en efectivo a los alcaldes a cambio de contratos o mantener los mismos con sus municipios. Sus testimonios llevaron a que varios empresarios, así como a que los exalcaldes de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz; de Guayama, Eduardo Cintrón Suárez; de Humacao, Reinaldo Vargas, y de Aguas Buenas, Luis Arroyo Chiqués y Javier García Pérez, se declararan culpables ante la corte federal.

Del grupo de imputados, Pérez Otero es el único que no aceptó ninguna de las cinco ofertas realizadas por la Fiscalía federal y determinó enfrentar un juicio que lo podría llevar a cumplir hasta un máximo de 20 años en prisión.

En específico, la Fiscalía federal imputa a Pérez Otero haber recibido entre finales de 2019 a mayo de 2021 pagos de $5,000 mensuales por parte de Santamaría a cambio de un contrato para la empresa de construcción Island Builders, la cual realizaría unos trabajos viales en el barrio Ríos de Guaynabo. Por los supuestos delitos, fue acusado por un gran jurado federal a principios de diciembre de 2021 de soborno, conspiración y extorsión.

Los abogados de defensa, Osvaldo Carlo, José Olmo y Eduardo Ferrer, sin embargo, han alegado en fallidas mociones radicadas ante la corte que el dinero que Santamaría le daba a Pérez Otero eran contribuciones políticas para saldar las deudas de la campaña política del 2017.

Los fiscales federales en este caso son Nicholas Warren Cannon y Myriam Fernández.