El jurado del juicio federal contra el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, se retiró a deliberar en la tarde de este miércoles, luego de que la jueza federal Aida Delgado Colón, del Tribunal federal de Distrito en Hato Rey, les impartiera las instrucciones que deben seguir para tomar una determinación en este caso criminal por corrupción pública.

A eso de las 6:30 p.m., los abogados de defensa y los fiscales federales se habían reunido en dos ocasaiones desde que el jurado se retiró a deliberar a las 3:34 p.m. No se informó el motivo del primer conclave. El segundo, sin embargo, fue porque el jurado pidió una aclaración sobre una factura. Las únicas facturas que se presentaron durante el juicio fueron relacionadas a la empresa Island Builders. Mientras, el jurado continuaba con su deliberación.

Los dos hombres y 10 mujeres que componen este ente deberá determinar si Pérez Otero es culpable o no culpable de haber recibido sobornos de parte del empresario colombiano Oscar Santamaría.

Previo a reunirse para tomar una decisión, el jurado escuchó las argumentaciones finales de parte de los fiscales federales Myriam Fernández y Nicholas Warren Cannon, así como del abogado de defensa, Osvaldo Carlo.

En resumen, los fiscales se centraron en señalar las supuestas acciones ilícitas cometidas por Pérez Otero para conceder un contrato a una de las empresas del empresario Santamaría, Island Builders.

Carlo, por su parte, atacó la credibilidad de Santamaría, señaló que había falta de prueba para juzgar a su cliente y estipuló que los delitos que se le podrían imputar a Pérez Otero eran estatales y no federales.

En medio de los argumentos legales, Pérez Otero expresó a la prensa que se siente confiado en que será declarado no culpable.

“Ha sido un proceso difícil, difícil, pero confiamos en Papito Dios y en la imparcialidad del jurado”, sentenció.

Además, expuso que “en ningún momento ustedes escucharon a Oscar (Santamaría) decir que él me ofrecía dinero. Eso está bien claro”.

Pérez Otero no quiso explicar estos argumentos, ya que alegó que el proceso judicial no había culminado.

Fiscalía presenta los delitos

Fernández inició los argumentos finales al reiterar que este caso criminal está relacionado a “poder y codicia”. De inmediato, aludió a que el caso no está relacionado a que el empresario Oscar Santamaría hacía donativos ilícitos a la campaña política de Pérez Otero, como han aludido sus abogados de defensa.

“No es sobre Ángel (Pérez Otero) versus Oscar (Santamaría). Es sobre Ángel con Oscar, es un acuerdo, una conspiración”, dijo.

“Ángel Pérez Otero se benefició y enriqueció al aceptar sobornos y prebendas de parte de Oscar Santamaría a cambio de asegurar contratos municipales con Island Builders”, agregó la fiscal.

En su exposición, Fernández detalló cuáles son los cargos por los que está acusado Pérez Otero. Se trata de conspiración para cometer soborno, soborno y extorsión. Luego, repasó lo que expusieron los testigos que presentaron en este caso. Pero, lo más que destacó fue lo emparentado que se encontraban los miembros de la Junta de Subasta, a cargo de otorgar contratos en el municipio, con el alcalde. Volvió a presentar fotos en las que sus miembros estaban de fiesta, en restaurantes o en un crucero que realizaron en el 2015.

Destacó, por ejemplo, que el presidente de la Junta, Raúl Torres Gómez, era el esposo de la actual esposa de Pérez Otero, Liza Fernández, y que el abogado que los divorció, Fernando Pérez del Valle, era el director de la División Legal del municipio.

Entre otras cosas, la fiscal enfatizó que cuando una persona desea pagar por algún servicio o deuda lo hace en cheque, transacción electrónica o ATH. “No en cash”, soltó, al aludir que Santamaría le daba $5,000 en efectivo cada cuatro a seis semanas a Pérez Otero durante encuentros privados.

Destacó que la Fiscalía demostró con vídeo y fotografías cómo Santamaría le dio ese dinero a Pérez Otero. Las transacciones, grabadas por agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), ocurrieron el 19 de mayo, 1 de julio y 19 de agosto de 2021.

“Él estaba corrompido”, señaló la fiscal, al hablar del exalcalde de Guaynabo.

Fernández le recordó al jurado que en las conversaciones grabadas se escucha a Santamaría y a Pérez Otero hablar de la posibilidad de que el municipio le diera un contrato a una de sus compañías, Waste Collection, para el trasbordo de basura hacia vertederos, así como la probabilidad de obtener más obras de construcción para la empresa ya contratada, Island Builders.

Asimismo, recordó que en las conversaciones Santamaría le solicitaba al exalcalde que el municipio emitiera los pagos a favor de Island Builders. Destacó que el 19 de agosto de 2021 Santamaría le dio un pago de $5,000 a Pérez Otero y le solicitó ayuda con el pago. Un día después, el municipio desembolsó un cheque de $440,784.91 a nombre de Island Builders.

“Te podrán decir el trabajo se hizo en este contrato. Ok. Esto no se trata de eso. Es de que Ángel Pérez Otero recibió sobornos de $5,000 cada cuatro a seis semanas para obtener un contrato y que esa compañía recibiera sus pagos”, sentenció Fernández, al solicitar al jurado que encuentre culpable a Pérez Otero.

Se defiende

Para defender a Pérez Otero de las acusaciones, Carlo estipuló al inicio de su discurso que este “no es un caso de Ángel Pérez contra Oscar Santamaría”.

Explicó al jurado que debe evaluar si la Fiscalía federal probó su caso contra Pérez Otero, ya que todo acusado se presume inocente. Les dijo que, si tienen duda, no lo pueden juzgar como culpable.

“No hay evidencia para sostener más allá de duda razonable que Ángel Pérez cometió las violaciones a las que ha sido acusado. Como mínimo, hay una duda razonable”, planteó Carlo, al finalizar su argumentación.

Para establecer tal duda, Carlo centró sus argumentos en dos puntos: el contrato que el municipio le dio a la empresa de Santamaría, Island Builders, y del empresario en sí.

Le dejó claro al jurado que Santamaría es un “convicto”, que se prestaba para ilegalidades. Alegó que, por cooperar con la Fiscalía federal, tendría una sentencia menor, la que estimó de 60 meses de prisión.

Les recordó a los miembros del jurado que el testigo aceptó que cometió múltiples delitos en otros municipios, lo que llevó a un grupo de alcaldes a declararse culpable. Señaló que Pérez Otero es el único que enfrentó un juicio.

De inmediato, Carlo imputó a Santamaría haber entrampado a Pérez Otero con la entrega de ese dinero. Alegó que se trató de un “show del gobierno” federal.

“Le da $5,000 coordinado con el gobierno... Todo lo que hizo Santamaría fue coordinado con el FBI, porque fue parte de ese acuerdo (para declararse culpable)”, afirmó el abogado.

Alegó que el mismo “Santamaría fue quien admitió que él estaba haciendo contribuciones políticas al alcalde de Guaynabo. Dijo que el alcalde bajó y le dio dinero. Por eso, tienen que creer a Santamaría, porque no hay evidencia de esos pagos. Solo lo que Santamaría testificó”.

De inmediario, insistió que los pagos que el empresario le daba a Pérez Otero eran “contribuciones políticas”, en las que el empresario nunca prestaba su nombre para reportarlas.

Alegó que Santamaría “no recibió nada del alcalde de Guaynabo por un solo contrato”. Mientras, señaló que la Fiscalía “nunca demostró que esto es un caso de corrupción”. Dijo que lo que se presentó es para que el jurado “presuma” que hubo ilegalidades.

Le indicó al jurado que la Fiscalía federal nunca sentó a empleados de Pérez Otero que corroboraran si les dio instrucciones para beneficiar a la empresa Island Builders.

“Esa es la teoría de la Fiscalía, pero nunca comprobaron que Ángel Pérez les dio una instrucción para hacer algo ilegal”, expresó.

En otra instancia dijo que en este caso “puede haber problemas con sus impuestos, violaciones de ética, pero sin ‘qui pro quo’ (acuerdo que beneficie a dos partes) no hay crimen federal”.

También resaltó que la Fiscalía no trajo prueba de cuentas de bancas o de cualquier otro tipo que demostraran que Pérez Otero recibió desde finales del 2018 hasta verano de 2021 pagos regulares de $5,000 de Santamaría. Aceptó que lo única prueba son los vídeos y fotos tomadas por el FBI de tres ocasiones entre mayo a agosto de 2021.

De paso, el exfiscal federal destacó, durante su argumentación final, que el contrato a Island Builders lo dio el municipio en medio del cierre que se reportó al inicio de la pandemia del COVID-19 en el año 2020. Explicó que por esa razón la empresa no entregó todas las certificaciones del gobierno que se le requirieron.

Expresó, además, que la empresa tuvo que pasar por un proceso administrativo para obtener dicho contrato, lo que no representa una irregularidad.

A modo de respuestas a estos planteamientos, el fiscal federal Cannon planteó que era común para Pérez Otero recibir los pagos de soborno de parte de Santamaría. Para probarlo, se publicó un vídeo en el que el exalcalde hablaba y saludaba a unos empleados de ornato, mientras recibía un sobre con los $5,000 y los colocaba en su media.

“Ni respiró. ¿Saben por qué? Porque lo estuvo haciendo por dos años. No era nada nuevo”, afirmó el fiscal.

“Ustedes tienen una herramienta que han tenido todo este tiempo aquí: el sentido común. ¿Qué les dice el sentido común de un alcalde que se pone $5,000 en efectivo en una media y camina hacia la alcaldía? Es que eran sobornos”, concluyó el fiscal.

La deliberación

Al retirarse a deliberar con toda la prueba contra Pérez Otero, el jurado no tiene un tiempo definido para tomar una decisión. Sin embargo, su dictamen debe ser unánime, ya sea para declarar a Pérez Otero culpable o no culpable.

De no alcanzar un acuerdo, el jurado se disolvería y tendría que comenzar nuevamente un proceso judicial con un nuevo panel.

Pérez Otero fue arrestado el 9 de diciembre de 2021, luego de que el empresario Santamaría y el exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado Montalvo, acordaran cooperar con la Fiscalía federal para revelar un presunto esquema en el que empresarios daban dinero en efectivo a los alcaldes a cambio de contratos o mantener los mismos con sus municipios. Sus testimonios llevaron a que varios empresarios, así como a que los exalcaldes de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz; de Guayama, Eduardo Cintrón Suárez; de Humacao, Reinaldo Vargas, y de Aguas Buenas, Luis Arroyo Chiqués y Javier García Pérez, se declararan culpables ante la corte federal.

Del grupo de imputados, Pérez Otero es el único que no aceptó ninguna de las cinco ofertas realizadas por la Fiscalía federal y determinó enfrentar un juicio que lo podría llevar a cumplir hasta un máximo de 20 años en prisión.

En específico, la Fiscalía federal imputa a Pérez Otero haber recibido entre finales de 2018 al 19 de agosto de 2021 pagos de $5,000 mensuales por parte de Santamaría a cambio de un contrato para la empresa de construcción Island Builders, la cual realizaría unos trabajos viales en el barrio Ríos de Guaynabo. Por los supuestos delitos, fue acusado por un gran jurado federal a principios de diciembre de 2021 de soborno, conspiración y extorsión.

Los abogados de defensa, Carlo, José Olmo y Eduardo Ferrer, sin embargo, han alegado en fallidas mociones radicadas ante la corte que el dinero que Santamaría le daba a Pérez Otero eran contribuciones políticas ilegales para saldar las deudas de la campaña política del 2017.

Los testigos que desfilaron en este caso para establecer lo ocurrido fueron el actual vicealcalde de Guaynabo, Eduardo Farrías; el presidente de la empresa Island Builders, Carlos de Jesús Pagán; el exalcalde de Cataño, Delgado Montalvo; el agente del FBI que investigó el caso, Miguel Rodríguez; el director auxiliar del área de Auditoría de Informes Financieros de la Oficina de Ética Gubernamental, Héctor Ramón Bladuell; el empresario colombiano, Santamaría; la directora de la División Legal de la Oficina del Contralor Electoral, Sarah Rodríguez; la directora de Head Start del municipio de Guaynabo. Marisol Monserrate Conde; el auditor senior de la Oficina del Contralor Electoral, Abraham David Espada; una empleada del Departamento de Hacienda, Leisa Alejandro Castro, así como expresidente de la Junta de Subasta del municipio, Raúl Torres Gómez.

Los testigos más importantes en este juicio, que se ha extendido por seis días, fueron Delgado Montalvo y Santamaría.

El exalcalde de Cataño reveló que fue la primera persona que acudió ante agentes del FBI y la Fiscalía federal para revelar el esquema de corrupción.

Alegó, además, que Santamaría ayudó a Pérez Otero a convertirse en presidente de la Federación de Alcaldes. Mientras, señaló que contrató a Fernández como abogada de su municipio, a pesar de que no necesitaba los servicios, a modo de favor hacia el empresario, ya que este también le pagaba sobornos de $2,000 semanales.

Santamaría, por su parte, estipuló en su testimonio que “estoy aquí porque hice pagos ilegales a Ángel Pérez, exalcalde de Guaynabo”. Dijo que lo hizo “para obtener contratos”.

El empresario detalló que, en primera instancia, le daba $5,000 cada cuatro a seis semanas a Pérez Otero para saldar una alegada deuda de campaña de $70,000. Tras saldarla, continuó emitiendo los pagos de manera regular, “porque quería mantener la relación viva… Si detenía los pagos, no sabía cómo iba a actuar”.

Además, Santamaría dijo que emitió dos pagos de $20,000 en efectivo para la campaña política que Pérez Otero realizó en el 2020.

Trascendió del testimonio de David Espada que el exalcalde no presentó en sus informes de ingresos y gastos de la campaña política que para el inicio del 2019 tuviese tal deuda de campaña por la que pagó Santamaría.

Mientras, los testimonios de los empleados de Ética y Hacienda establecieron que no hay rastro del dinero que presuntamente le dio Santamaría en sus informes éticos o planillas de contribución sobre ingresos.

Entretanto, Farrías y De Jesús Pagán estipularon que para la contratación de Island Builders no hubo una subasta formal. Es que, aunque se hicieron dos procesos para tratar de elegir una empresa por subasta, se declararon “desiertas”. Por invitación de tres compañías, Island Builders fue seleccionada por ser la que menor cantidad prometió cobrar, unos $871,751.60. Sin embargo, se le realizaron tres enmiendas al contrato, entre noviembre de 2020 y marzo de 2021, que aumentó la suma que se le debía pagar a la empresa a $2,396,751.60.

El municipio de Guaynabo informó a Primera Hora que a Island Builders se le llegó a desembolsar $1,894,922 por unos trabajos de construcción y rehabilitación en el barrio Ríos.