Tras cuatro horas de deliberación, un jurado encontró culpable en la noche de este miércoles a Ángel Pérez Otero de haber cometido conspiración, soborno y extorsión mientras era alcalde de Guaynabo.

Pérez Otero se mostró inexpresivo al momento de escuchar por tres ocasiones que el jurado, compuesto por 10 mujeres y dos hombres, lo había encontrado culpable de manera unánime por cada uno de los cargos que le imputó la Fiscalía federal.

A su salida de la corte, el exalcalde no emitió ninguna expresión. Alegó que sus abogados le recomendaron que no hablara.

Su esposa Liza Fernández, por su parte, se limitó a indicar que “estábamos preparados para todo”.

Pérez Otero escuchó el dictamen rodeado de sus abogados de defensa, Osvaldo Carlo, Eduardo Ferrer y José Olmo, en la sala de la jueza Aida Delgado Colón, del Tribunal Federal de Distrito, en Hato Rey. Allí también se encontraban su esposa, varios pastores de la congregación religiosa que visita y otras amistades.

A su salida del tribunal, llegó para acompañarle el exsenador por San Juan, Carlos Díaz.

Cabe destacar que en sala también estuvo presente el subjefe de la Fiscalía federal, Héctor Ramírez Carbó.

El ahora convicto quedará en libertad hasta al día de la sentencia, a conocerse el 8 de agosto.

Ferrer indicó a la prensa que el exalcalde podrá continuar trabajando como contable en la empresa privada y tendría que notificar a la corte si se dispone a salir del país.

Pérez Otero fue arrestado el 9 de diciembre de 2021, luego de que el empresario colombiano Oscar Santamaría y el exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado Montalvo, acordaran cooperar con la Fiscalía federal para revelar un presunto esquema en el que empresarios daban dinero en efectivo a los alcaldes a cambio de contratos o mantener los mismos con sus municipios. Sus testimonios llevaron a que varios empresarios, así como a que los exalcaldes de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz; de Guayama, Eduardo Cintrón Suárez; de Humacao, Reinaldo Vargas, y de Aguas Buenas, Luis Arroyo Chiqués y Javier García Pérez, se declararan culpables ante la corte federal.

Del grupo de imputados, Pérez Otero es el único que no aceptó ninguna de las cinco ofertas realizadas por la Fiscalía federal y determinó enfrentar un juicio que lo podría llevar a cumplir hasta un máximo de 20 años en prisión.

Su abogado Carlo opinó que por la naturaleza del delito y el dinero que se estima recibió, la sentencia podría reducirse a entre cuatro a siete años de cárcel.

A su salida de la corte, los abogados de Pérez Otero no se mostraron sorprendidos por el dictamen del jurado. De hecho, Carlo señaló que desde un inicio le plantearon a su cliente que la Fiscalía federal tiene un alto récord de convicciones.

“Él siempre supo que había una posibilidad de 95% convicción, que es el por ciento de convicción que tiene la Fiscalía federal en Puerto Rico. O sea, que siempre estuvo al tanto de que él tiene un 5% de probabilidades de prevalecer y decidió ir a juicio porque creía en su inocencia”, sostuvo el exfiscal federal.

El próximo paso de la defensa será apelar el caso en el Tribunal del Primer Circuito de Apelaciones en Boston. Entre otras cosas, alegarían que no se le dio a Pérez Otero un juicio justo e imparcial.

En específico, la Fiscalía federal imputó a Pérez Otero haber recibido entre finales de 2018 al 19 de agosto de 2021 pagos de $5,000 mensuales por parte de Santamaría a cambio de un contrato para la empresa de construcción Island Builders, la cual realizaría unos trabajos viales en el barrio Ríos de Guaynabo. Por los delitos, fue acusado por un gran jurado federal a principios de diciembre de 2021 de soborno, conspiración y extorsión.

Los abogados de defensa, sin embargo, alegaron durante el juicio que el dinero que Santamaría le daba a Pérez Otero eran contribuciones políticas ilegales para saldar las deudas de la campaña política del 2017.

Carlo reveló que estos argumentos sobre contribuciones políticas ya no lo podrían utilizar en una apelación del caso, dado a que el dictamen establece que hubo extorsión.

Los testigos que desfilaron en este caso para establecer lo ocurrido fueron el actual vicealcalde de Guaynabo, Eduardo Farrías; el presidente de la empresa Island Builders, Carlos de Jesús Pagán; el exalcalde de Cataño, Delgado Montalvo; el agente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) que investigó el caso, Miguel Rodríguez; el director auxiliar del área de Auditoría de Informes Financieros de la Oficina de Ética Gubernamental, Héctor Ramón Bladuell; el empresario colombiano, Santamaría; la directora de la División Legal de la Oficina del Contralor Electoral, Sarah Rodríguez; la directora de Head Start del municipio de Guaynabo. Marisol Monserrate Conde; el auditor senior de la Oficina del Contralor Electoral, Abraham David Espada; una empleada del Departamento de Hacienda, Leisa Alejandro Castro, así como expresidente de la Junta de Subasta del municipio, Raúl Torres Gómez.

Los testigos más importantes en este juicio, que se extendió por seis días, fueron Delgado Montalvo y Santamaría.

El exalcalde de Cataño reveló que fue la primera persona que acudió ante agentes del FBI y la Fiscalía federal para revelar el esquema de corrupción.

Alegó, además, que Santamaría ayudó a Pérez Otero a convertirse en presidente de la Federación de Alcaldes. Mientras, señaló que contrató a Fernández como abogada de su municipio, a pesar de que no necesitaba los servicios, a modo de favor hacia el empresario, ya que este también le pagaba sobornos de $2,000 semanales.

Santamaría, por su parte, estipuló en su testimonio que “estoy aquí porque hice pagos ilegales a Ángel Pérez, exalcalde de Guaynabo”. Dijo que lo hizo “para obtener contratos”.

El empresario detalló que, en primera instancia, le daba $5,000 cada cuatro a seis semanas a Pérez Otero para saldar una alegada deuda de campaña de $70,000. Tras saldarla, continuó emitiendo los pagos de manera regular, “porque quería mantener la relación viva… Si detenía los pagos, no sabía cómo iba a actuar”.

Además, Santamaría dijo que emitió dos pagos de $20,000 en efectivo para la campaña política que Pérez Otero realizó en el 2020.

Trascendió del testimonio de David Espada que el exalcalde no presentó en sus informes de ingresos y gastos de la campaña política que para el inicio del 2019 tuviese tal deuda de campaña por la que pagó Santamaría.

Mientras, los testimonios de los empleados de Ética y Hacienda establecieron que no hay rastro del dinero que presuntamente le dio Santamaría en sus informes éticos o planillas de contribución sobre ingresos.

Entretanto, Farrías y De Jesús Pagán estipularon que para la contratación de Island Builders no hubo una subasta formal. Es que, aunque se hicieron dos procesos para tratar de elegir una empresa por subasta, se declararon “desiertas”. Por invitación de tres compañías, Island Builders fue seleccionada por ser la que menor cantidad prometió cobrar, unos $871,751.60. Sin embargo, se le realizaron tres enmiendas al contrato, entre noviembre de 2020 y marzo de 2021, que aumentó la suma que se le debía pagar a la empresa a $2,396,751.60.

El municipio de Guaynabo informó a Primera Hora que a Island Builders se le llegó a desembolsar $1,894,922 por unos trabajos de construcción y rehabilitación en el barrio Ríos.

Los fiscales federales en este caso fueron Myriam Fernández y Nichola Warren Cannon.