El exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, afirmó este martes que “estamos confiados en Papito Dios” en que el jurado lo exonerará de los cargos por corrupción que pesan en su contra y por los que enfrenta un juicio federal.

Es que augura que, mañana, miércoles, las 12 personas que lo juzgarán conozcan lo que supuestamente ocurrió entre él y el empresario Oscar Santamaría. Dijo que el asunto se discutirá en los argumentos finales que presentará su defensa.

“Estamos confiado en la imparcialidad de ese jurado y de que, lo que va a estar escuchando en esos en los argumentos finales de nuestra defensa, los van a entender, verdad, y con el favor de Dios habrá una decisión” a su favor, sostuvo a la salida de la corte, luego de que se culminara la presentación de prueba y testigos en este juicio que se desarrolla en la sala de la jueza Aida Delgado Colón, en el Tribunal Federal de Distrito, en Hato Rey.

Pérez Otero, entre otras cosas, afirmó que fue quien determinó enfrentar un juicio. Esto. a pesar de que recibió unas cinco ofertas de parte de la Fiscalía federal para declararse culpable.

“Yo quería que esto ocurriera. Y nada, mañana ustedes van a escuchar a nuestra defensa explicar muchas de las cosas y hablar de todo lo que se ha presentado”, indicó.

Primera Hora supo que la última de las ofertas, entregada semana y media antes de iniciar el juicio estipulaba que sería sentenciado a una pena mínima en prisión, que por buena conducta, lo hubiese llevado a estar preso entre seis a ocho meses.

No obstante, al enfrentar un juicio, si es hallado culpable, Pérez Otero podría estar entre cuatro a siete años en prisión, según calculó su abogado, el exfiscal federal Osvaldo Carlo.

Por otro lado, Pérez Otero no quiso indicar cuál cree fue la motivación que tuvo Santamaría para declarar que le pagó sobornos de forma regular entre finales del 2018 hasta el 19 de agosto de 2021.

Alegó, de paso, que no le preocupó “en absoluto” que el empresario testificara en su contra.

Por otra parte, la esposa del exalcalde y quien fue jueza en la esfera estatal, Liza Fernández, y el abogado Carlo alegaron que la Fiscalía federal no logró demostrar su caso contra Pérez Otero.

“Lo único que yo les recuerdo a todos ustedes es que el peso de la prueba lo tiene la Fiscalía y tienen que probar su caso más allá de duda razonable”, alegó Fernández.

Carlo, entretanto, sostuvo que, “nosotros, en base a la prueba presentada, entendemos que tenemos suficiente para ir ante un jurado y demostrar que no se probó”.

Pérez Otero fue arrestado el 9 de diciembre de 2021, luego de que el empresario Oscar Santamaría y el exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado acordaran cooperar con la Fiscalía federal para revelar un presunto esquema en el que empresarios daban dinero en efectivo a los alcaldes a cambio de contratos o mantener los mismos con sus municipios. Sus testimonios llevaron a que varios empresarios, así como a que los exalcaldes de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz; de Guayama, Eduardo Cintrón Suárez; de Humacao, Reinaldo Vargas, y de Aguas Buenas, Luis Arroyo Chiqués y Javier García Pérez, se declararan culpables ante la corte federal.

Del grupo de imputados, Pérez Otero es el único que no aceptó ninguna de las cinco ofertas realizadas por la Fiscalía federal y determinó enfrentar un juicio que lo podría llevar a cumplir hasta un máximo de 20 años en prisión.

En específico, la Fiscalía federal imputa a Pérez Otero haber recibido entre finales de 2019 a mayo de 2021 pagos de $5,000 mensuales por parte de Santamaría a cambio de un contrato para la empresa de construcción Island Builders, la cual realizaría unos trabajos viales en el barrio Ríos de Guaynabo. Por los supuestos delitos, fue acusado por un gran jurado federal a principios de diciembre de 2021 de soborno, conspiración y extorsión.

Los abogados de defensa, Carlo, José Olmo y Eduardo Ferrer, sin embargo, han alegado en fallidas mociones radicadas ante la corte que el dinero que Santamaría le daba a Pérez Otero eran contribuciones políticas para saldar las deudas de la campaña política del 2017.

Los fiscales federales en este caso son Nicholas Warren Cannon y Myriam Fernández.