Ana Cacho presentó una queja ante la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica contra dos galenos que atendieron a su hijo Lorenzo, y que entiende que pudieron haber violado la ley federal Hipaa al dar entrevistas a medios de comunicación.

Según trascendió en una emisora radial, Cacho fue el martes a la Junta -antes conocida como Tribunal Examinador de Médicos- para radicar una queja contra los doctores Mildred Bochetti y Luis González.

Bochetti atendió a Lorenzo cuando ella lo llevó en la mañana del 9 de marzo de 2010 al Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Dorado, donde Cacho alegó que su hijo, de ocho años, se había caído de la cama.

Posteriormente, la autopsia determinó que se trató de un asesinato y el Departamento de Justicia señala a Cacho como sospechosa del crimen, pero no ha radicado cargos.

Mientras, González es el director médico del CDT.

El director ejecutivo de la Junta, Ernesto Caballero, confirmó que Cacho acudió el martes, pero dijo que, según tiene entendido, fueron alegaciones contra un profesional de la salud, y manifestó que desconocía quién era.

“Se celebró una vista de prueba ayer (martes) ante un oficial examinador nuestro, un abogado. Ella sometió las alegaciones al oficial examinador, quien emitirá las recomendaciones que luego son llevadas a los miembros de la Junta, a los tribunos”, explicó Caballero.

El presidente de la Junta, constituida por seis miembros, es Edwin Mejías.

Caballero agregó que a base de lo que se someta, la Junta en pleno decidirá si la querella procede o no.

De proceder, se llevan a cabo otras vistas para escuchar las alegaciones de parte y parte, y una vista en su fondo.

Primera Hora dejó varios mensajes a la abogada de Cacho, Sharon González, para saber más detalles de la queja, pero fue infructuoso.

Apenas el lunes pasado, Cacho acudió al Tribunal de Familia y Menores de Bayamón, donde la jueza Sonia del Toro se reservó el fallo para determinar el futuro de la custodia permanente de las hermanas de Lorenzo, de seis y 14 años.

Cacho no las ve desde el 30 de marzo de 2010, cuando fueron removidas por el Departamento de la Familia por maltrato por negligencia.

Desde octubre, el padre Ahmed Alí González tiene la custodia provisional y se prevé que obtenga la permanente.