El equipo legal de Ana Cacho radicó ayer una demanda en contra del Programa Biopsicosocial, adscrito al Recinto de Ciencias Médicas (RCM), por impericia profesional, daños y perjuicios y violación de derechos civiles.

Los Cacho exigen una compensación no menor de $1 millón por demandante.

En su demanda, radicada ayer en el Tribunal de Primera Instancia, el equipo legal de Cacho sostiene que el Programa ha permitido que las hermanas de Lorenzo González, asesinado el pasado 9 de marzo en circunstancias aún sin esclarecer, sean utilizadas como “instrumento de investigación criminal” por los departamentos de Familia y Justicia.

La radicación del recurso legal se da luego que la semana pasada dicho programa determinara que Cacho, así como los demás miembros de la familia materna, no les podrían enviar regalos a las niñas, lo que han estado haciendo desde que éstas fueron removidas por el Departamento de la Familia hace nueve meses, sostuvo la licenciada Sharon González.

“El Programa Biopsicosocial, sin validar ni existir evidencia de violencia intrafamiliar y/o abuso sexual, ha sometido a las menores a un proceso de terapia cuyo propósito reiterado es y ha sido obtener información de las menores para esclarecer una investigación criminal utilizando sus recursos profesionales para ello”, dice el documento.

Primera Hora intentó obtener una reacción de la doctora Brenda Mirabal, directora del Programa y quien también figura como demandada, pero indicó que no podía hacer comentarios. “Hasta que no haya un asesoramiento completo, no puedo responder a lo que acaba de salir”, señaló.

El recurso incluye también en la parte demandada a la psicóloga Karim Torres, que atiende a las menores y quien, según se alega en la demanda, “sin evidencia científica válida ha impedido y evitado que las menores tengan relaciones filiales de carácter supervisada y de todo tipo con su madre”.

“Dichas violaciones a los derechos de estas partes se ha realizado anteponiendo a dichos derechos e intereses de las menores del Departamento de Justicia y su investigación criminal”, dice otro fragmento.

A la trabajadora social Noemí Vázquez, quien figura como codemanda, le adjudican haber recomendado , impedido, evitado y prohibido que las menores tengan relaciones con su madre y abuela materna sin evidencia ni fundamento, así como que a las niñas se les entreguen regalos en ocasiones especiales, “provocando la eliminación total de la madre en la vida de las menores”.

Según González, durante los pasados meses, Cacho les ha enviado a sus hijas, de seis y 14 años, crayolas, moldes para hacer bizcochos, libros de cocina y no joyas como se ha mencionado.

“Cuando se utilizan menores para coaccionar, presionar y para lograr averiguar una cosa, eso es maltrato institucional, ése es nuestro planteamiento”, añadió González.

Además de intentar coaccionar a las niñas para adelantar la investigación criminal, las abogadas alegan que con esta acción reciente de prohibir la entrega de obsequios, Justicia busca “lastimar” a Cacho, al punto de “lograr” el caso, señaló la abogada Brenda Berríos.

Desde el primer día

A pesar de que la demanda se entabló ayer, las abogadas denunciaron que las menores han sido víctimas de maltrato desde el momento en que fueron removidas por la agencia y separadas de cualquier tipo de relación con su familia.

“Los daños que estas niñas han tenido son irreparables. Nadie puede recuperarles a estas niñas nueve meses de estar con su familia. ¿Quién repara este daño? Todas las personas que hayan contribuido... están sujetas a ser responsables por daños y perjuicios”, sostuvo Berríos.

Las abogadas prefirieron no abundar sobre el caso que se lleva en el Tribunal de Menores por la custodia de las menores y en el cual se está a la espera de una determinación de la jueza Sonia del Toro.

Ni el Departamento de Familia ni Justicia están incluidos en la demanda porque es parte de la estrategia legal del equipo de Cacho, reconocieron.