Tratando de contener las emociones y con la voz afectada, Ana Cacho salió este viernes del Tribunal de Familia y Menores de Bayamón con un número escrito en su mano izquierda que daba cuenta de los días que lleva sin ver a sus hijas, aunque todo apunta a que su espera podría terminar en enero de 2014.

"Mil trescientos sesenta días sin ver a mis hijas. Mil trescientos sesenta días que este Gobierno no me deja ver a mis hijas. Mil trescientos sesenta días, acuérdense de ese número... Deseo abrazar a mis hijas", expresó molesta Cacho al salir del tribunal mostrando la mano.

Su madre, Amneris Yvette González, salió un poco después, llorosa y con los ojos rojos, repitiendo una y otra vez: "Por favor, vámonos".

Aunque una fuente de este medio con conocimiento de los procesos indicó que el juez José A. Cardona Rodríguez tomó una determinación que podría permitir que Cacho vea a sus hijas tan pronto como en enero de 2014, la mujer acudió a la vista con la expectativa de poder verlas durante el venidero periodo navideño. No obstante, el encuentro se dilatará en lo que el Departamento de la Familia coordina cómo sería el proceso de las visitas supervisadas.

Este proceso es a puerta cerrada por tratarse de menores de edad y el juez impuso una orden de mordaza. Cacho no ve a sus hijas desde el 30 de marzo de 2010 tras el asesinato de su hijo Lorenzo.

 "Ella está desesperada. Van 1,360 días sin ver a sus hijas, eso es de esperarse", indicó la abogada de Cacho, Sharon González, quien indicó que entendía la "frustración" de su representada al no poder pasar navidades con sus hijas, de 9 y 16 años de edad.

"Estamos satisfechas con la determinación que se tomó (por el juez). Pero, ustedes van a ver a sus hijos en Navidad, yo voy a ver a mis hijos en Navidad y ella no ha podido. Esperamos que pronto esta mamá pueda abrazar a sus hijas", agregó González.

La abogada dijo que "es de esperarse que una madre que no ha podido ver a sus hijas tenga ese dolor y haga ese reclamo".

Entretanto, el padre de los menores, Ahmed Alí González, estuvo presente en el proceso el lunes y esta mañana, pero no regresó luego del receso del almuerzo. Su abogada, María Juarbe no hizo declaraciones y se limitó a desear una "buena Navidad" a todos, haciendo referencia a las expresiones de las abogadas de Cacho, que más temprano en el día opinaron que esta sería "una buena Navidad".

Las vistas comenzaron el lunes pasado, cuando la defensa del padre de los menores solicitó la inhibición del juez Ricardo Román por supuestamente cometer una intervención indebida al comunicarse con un testigo.

El proceso buscaba evaluar si beneficiaría o no a las niñas relacionarse con su madre, señalada por las autoridades como sospechosa del asesinato del niño de 8 años ocurrido el 9 de marzo de 2010. Las menores son testigos esenciales y, según se informó en un inicio, la familia materna las sometió a un "pacto de silencio" para que no hablaran de lo ocurrido esa noche en casa de Cacho en la urbanización Dorado del Mar, razón por la cual el Departamento de la Familia removió a las niñas del hogar el 30 de marzo de 2010.

En octubre pasado, se determinó otorgarle la custodia provisional de las niñas al padre.

El 18 de junio pasado, el Tribunal Supremo ordenó al Tribunal de Primera Instancia a llevar a cabo vistas para auscultar la posibilidad de permitirle relacionarse con sus hijas, paralizando así la decisión emitida por el Tribunal de Apelaciones, que había ordenado al Departamento de la Familia concederle visitas supervisadas a Cacho.

"Se confirma el dictamen con relación a la celebración de una nueva vista de esfuerzos razonables; y mientras tanto se mantiene la custodia provisional de las menores a favor de su padre Ahmed Alí González", lee la determinación del Supremo, devolviendo el caso al Tribunal de Primera Instancia.

En las vistas el Departamento de la Familia "tendrá que probar la existencia de maltrato o negligencia" por parte de Cacho hacia las menores.

"El Estado solo puede alegar hechos que constituyen maltrato y/o negligencia o que el padre o la madre a quien se busca afectar su patria potestad padece de una enfermedad, defecto o condición mental o emocional, o que padece de una condición de alcoholismo o adicción a sustancias controladas", se agregó de la decisión emitida en junio pasado, que estableció además que la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores condiciona los esfuerzos razonables a "aquellas situaciones donde sea viable y se pueda garantizar la seguridad, el bienestar y el mejor interés de los menores".

Aún queda pendiente el caso de pensión que González solicitó a su exesposa para la manutención de sus hijas.

Lorenzo, de 8 años, falleció el 9 de marzo de 2010 en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Dorado. La madre alegó que lo encontró ensangrentado en la cama donde dormía con su hermana, entonces seis años, en su hogar en Dorado del Mar. Fue entonces que lo llevó a la institución médica.

No obstante, la autopsia determinó que la muerte no fue accidental, sino un homicidio. El menor recibió un fuerte golpe en la cabeza y tenía heridas de arma blanca en el rostro.

Desde entonces, las autoridades señalan a Cacho, a Jesús Genaro Camacho, William Marrero Rivera y Arnaldo "Naldy" Colón como sospechosos del crimen, ya que se alega estuvieron la noche de los hechos en la residencia de Cacho. Aún no han radicado acusaciones en este caso.