Después de dos intentos fallidos, el Departamento de Justicia no podrá volver a radicarle cargos criminales a Rivera Seijo por el asesinato del niño de ocho años, ocurrido el 10 de marzo de 2010, en la urbanización Dorado del Mar.

El 26 de abril pasado, el juez Carlos Salgado Schwartz no encontró causa en vista preliminar contra Rivera Seijo y ayer, la jueza Soler Suárez tampoco halló causa probable contra el hombre, tras una vista en alzada que se extendió por ocho días y en la que el Ministerio Público llevó a declarar 16 testigos, varios de los cuales testificaron por primera vez sobre los hechos.

Sin embargo, anoche, en declaraciones escritas, el secretario de Justicia, César Miranda dijo que le parecía inexplicable la determinación de la jueza  y anunció que le solicitó a la procuradora general, Margarita Mercado y al jefe de los Fiscales, José Capó que evalúen las circunstancias de las decisiones emitidas en el caso ante la posibilidad de solicitar mediante moción una reconsideración del fallo a la jueza. El Ministerio Público puede acudir también al Tribunal Supremo con un recurso de certiorari, pero este remedio es sólo para planteamientos de derecho.

“Definitivamente, vamos a ir hasta las últimas consecuencias en nuestro empeño de que se haga justicia en el caso del asesinato de este infante, el niño Lorenzo, crimen que nos negamos a que quede impune, y del que no nos cabe la menor duda de que la prueba hasta ahora presentada indica que fue cometido por el señor Rivera Seijo”, sostuvo.

El titular de Justicia añadió que “ha llegado la hora de que en Puerto Rico se defina de forma clara cuál es el verdadero alcance y función de la vista preliminar en nuestro ordenamiento criminal”.

La jueza Soler Suárez anunció su determinación a las 4:55 p.m., luego que los fiscales -Mario Rivera Géigel, Maricarmen Rodríguez Barea y Aracelis Pérez Correa- y los abogados de defensa -Mario Moczó, Jesús Hernández y Lester Arroyo-, sometieron el caso y después de escuchar sus argumentaciones finales.

“Analizada la totalidad de la prueba, la evidencia física, testifical y las confesiones del aquí imputado, es nuestra conclusión que la misma es contradictoria, inconsistente e impugnatoria, no logrando alcanzar el quantum de la prueba. Al no lograr la conexión con el imputado... es nuestra obligación en derecho determinar no causa”, sentenció la magistrada. 

Soler Suárez explicó que conforme lo declarado por los testigos, al imputado se le mostraron fotos de la escena del crimen antes de prestar la primera confesión. 

“Esto incide en el valor probatorio de las confesiones”, subrayó. 

Ana Cacho,  madre de Lorenzo, había llegado poco antes al recinto judicial y antes de que la jueza anunciara el fallo, la mujer gemía desde uno de los bancos del público. 

Después que la magistrada anunció la decisión, Cacho miró a los fiscales y gesticulando les inquirió:  ¿qué pasó?.

Luego de anunciar el fallo la jueza recesó los trabajos y, de inmediato, Cacho salió apresurada y llorosa de la sala.

Los abogados de defensa se abrazaron al escuchar el dictamen, mientras Rivera Seijo se mantenía sin expresión en el rostro y con la mirada perdida, como lució gran parte del proceso.

La fiscal Pérez Correa, mientras, dijo a periodistas que le sorprendió la decisión porque esperaban una determinación de causa. Sin embargo, aseguró que los fiscales están satisfechos con la nueva prueba que presentaron en esta ocasión.

“Se presentó la prueba para pasar esta etapa”, sostuvo.

Dijo que las dos confesiones que prestó el imputado a la fiscal federal María Domínguez el 15 de octubre de 2014 y al agente del Negociado de Investigaciones Federales (FBI), John Morales, el 6 de agosto de 2010, eran “bien similares”.

“Si nos vamos a un detalle como el de los zapatos o un detalle como esos, hay recuerdos de esa naturaleza que vamos borrando con el tiempo. Incluso aquí hay jurisprudencia que dice que cuando hay versiones exactas, hay que mirarlas con mucho detenimiento porque son ensayadas. En la esencia, todas las confesiones eran consistentes y fueron corroboradas”, sostuvo la fiscal.

Al ser preguntada por el asesinato del niño que queda impune, la fiscal dijo que “eso no nos toca a nosotros”.

¿Qué se puede esperar de una solución al caso?, inquirió un reportero.

“Para mí y para nosotros ese caso está resuelto”, aseveró Pérez Correa. 

“Estoy segura de que fue El Manco (el que cometió el crimen)”, comentó.

Moczó por su parte, destacó que “el trabajo se hizo y el tribunal aquilató la prueba de la manera que se debía hacer”.

El abogado dijo que “había muchos puntos” para refutar la prueba de la Fiscalía como “la inadmisibilidad de las confesiones, la corroboración y la prueba científica”.

En su argumentación final a la jueza, Moczó lamentó la tragedia ocurrida a Lorenzo y aseguró que independientemente del impacto del caso en la comunidad, de lo que se trataba es evaluar si su cliente, quien lleva seis años en un Hospital Psiquiátrico, era responsable del crimen.

Moczó atacó la confesión a las autoridades federales y reclamó que “este paciente psiquiátrico”, en alusión a su cliente, fue llevado a un cuartito por funcionarios y se le dio “un papelito”.

Cuestionó por qué la fiscalía “le da tanto el apellido federal, federal, federal que no sabemos si lo que buscan es que el tribunal se impresione, pero lo que pasa es que este señor tiene derechos”.

El letrado sacó a relucir incongruencias de la prueba del Estado como el largo del cuchillo, cómo brincó la verja su cliente, que no hubiera huellas dactilares de su cliente y la ausencia de testigos que lo hayan visto entrar y salir de la urbanización Dorado del Mar.

Por su parte, el fiscal Mario Rivera Geigel, quien tuvo a su cargo la argumentación por el Ministerio Público, recordó la intervención de varios funcionarios federales y abordó el tema de la condición mental de Rivera Seijo.

“El tener un defecto mental no necesariamente incapacita”, planteó Rivera Geigel.

“¿Cuántas confesiones necesitamos para que se nos autorice procesarlo en un juicio?”, afirmó Rivera Géigel, quien reconoció que hay algún conflicto en la prueba, pero dijo que “es creíble, razonable y él renunció a sus derechos constitucionales no una vez sino dos veces”.

Asimismo, el fiscal dijo que no llevaron a la más pequeña de las dos hijas de Ana Cacho, la que estaba en la cama en el momento del crimen, porque “no tiene nada que aportar ni nada que esconder”.