La Policía investiga una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 en la que se emitió una amenaza de muerte al gobernador Alejandro García Padilla.

La persona que llamó también alegó que había un artefacto explosivo en el Capitolio. Esto provocó que la Casa de las Leyes fuera desalojada de inmediato.

Según detalló la Oficina de Prensa de la Policía, estas amenazas se registraron a las 8:21 a.m. de este jueves, a un día de que el Senado aprobara un aumento al arbitrio del petróleo y sus derivados.

Tras conocerse de esta advertencia de muerte contra García Padilla, La Fortaleza activó el protocolo de seguridad para estos casos. De inmediato, no se detalló cómo es el plan, pero en otras ocasiones ha incluido un aumento en las escoltas del primer ejecutivo y su familia.

“El gobernador sigue con sus actividades públicas del día, pero con el protocolo de seguridad para estos casos”, dijo la subsecretaria de prensa de La Fortaleza, Yanira Hernández.

La funcionaria también destacó que las amenazas son confusas, porque en la comunicación se alegó que se colocaba el explosivo en el Capitolio para matar al gobernador. Es conocido que el gobernador habita y tienen sus oficinas en La Fortaleza.

Explicó que, hasta el momento, el Capitolio permanece desalojado, pero que en La Fortaleza no se ha tomado dicha medida.

 Mientras, para atender la amenaza de bomba en el Capitolio, la Policía activó a la Unidad de Explosivos y a la Unidad Canina, que junto a personal de seguridad de la Casa de las Leyes realizará una inspección, informó el superintendente de la Policía, José Luis Caldero.

“En estas cosas, cuando están discutiendo (un) proyecto controvertible, pues en ocasiones hay estas amenazas. Esperando que esto sea todo una amenaza. Pero estamos trabajando el caso”, afirmó el jefe policiaco a su llegada a la Marcha “No balas al aire 2014: Juntos por la Vida” que se realiza en el residencial Manuel A. Pérez, en San Juan. En este evento es que estará esta mañana el gobernador.

Sobre la activación realizada para el Capitolio, el agente Juan de Jesús Lozano, de la División de Explosivos, indicó que “enviamos técnicos de explosivos que combinan esfuerzos con la Unidad Canina para llevar a cabo el registro”.

Para determinar qué constituye una amenaza, “lo que se hace es que se procura la ayuda del personal del Capitolio para identificar qué es sospechoso”, agregó el agente.

Este procedimiento está contenido en órdenes generales de la Policía estatal, que requieren que toda amenaza o hallazgo sospechoso sea tratado de inmediato como una emergencia real.

“En casos de llamadas anónimas, el director del distrito o precinto enviará una patrulla al lugar donde se indica la presencia del artefacto para realizar una búsqueda minuciosa. Simultáneamente, notificará a la Oficina de Explosivos y Seguridad Pública para que los técnicos realicen los preparativos pertinentes en caso de encontrarse un artefacto”, instruye la Orden General 2008-6 de la Policía de Puerto Rico.

El documento también establece que, a medida que el personal especializado evalúa el caso, las autoridades determinan si procede un desalojo parcial o total de la instalación bajo amenaza y cuán amplio debe ser el perímetro de seguridad.