“Hello, it’s me! John Biden. The president, John Biden”.

Variaba sus mofas. En ocasiones, era el ahora expresidente estadounidense. Otras veces simplemente emitía palabras soeces. También se hacía pasar por la gobernadora Jenniffer González, concediéndole días de vacaciones a los empleados del Negociado del Sistema de Emergencias 9-1-1. Hasta llegó a llamar a varios operadores del 9-1-1 para hacer que seis a ocho hablaran entre sí.

Y es que Carlos M. Soto Rodríguez marcó el número de emergencias en 20,000 ocasiones entre enero a agosto de 2023 en los llamados “prank calls”, fenómeno que, aunque popular en los Estados Unidos, resultó ser un caso sin precedentes en la Isla.

“No es una broma. No es graciosa”, sentenció la fiscal, directora de la Unidad Investigativa de Crímenes Cibernéticos (UICC) del Departamento de Justicia y quien lideró la pesquisa, Naydik Ramos Montesinos, en entrevista con Primera Hora.

Soto Rodríguez, de 35 años y vecino de Guayama, se declaró culpable el pasado jueves, 16 de enero, luego de que admitiera los hechos y el juez Rafael Taboas Dávila, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, determinara que tenía la capacidad para ser procesado criminalmente bajo la Regla 240.

A consecuencia, Ramos Montesinos radicó el 4 de octubre de 2023 siete cargos por violar el Artículo 239 del Código Penal que establece como delito llamar al Sistema de Emergencias para reportar falsedades. Una violación al Artículo podría traducirse hasta un término de tres años de cárcel.

Según dicta el Código, “toda persona que a sabiendas efectúe o permita que desde cualquier teléfono bajo su control se efectúe una llamada telefónica a cualquier sistema de respuesta a llamadas telefónicas de emergencia, como el tipo conocido comúnmente como ‘9-1-1’, para dar aviso, señal o falsa alarma de fuego, emergencia médica, comisión de delito, desastre natural o cualquier otra situación que requiera la movilización, despacho o presencia del Negociado de Bomberos, personal del Negociado de Emergencias Médicas, Negociado para el Manejo de Emergencias, Departamento de Recursos Naturales y Ambientales o fuerzas del orden público, incluyendo el Negociado de la Policía de Puerto Rico, cuerpos de la Policía Municipal, o cuerpos de Voluntarios, o que efectúe o permita que desde cualquier teléfono bajo su control se efectúe una llamada obscena o en broma a tal sistema de respuestas a llamadas telefónicas de emergencia, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años”.

Ante esto, Ramos Montesinos hizo un llamado a la ciudadanía a no recurrir a esta práctica, pues puede arriesgar la vida de alguien realmente necesitada.

“Por favor, siempre vamos a estar ahí para el pueblo de Puerto Rico, las puertas están abiertas para hacer nuestro trabajo, realizar investigaciones, recopilar evidencia y radicar los casos en Tribunales. Claro que sí. Pero, también necesitamos de nuestro pueblo para que hagamos buen uso y no pongamos en riesgo a ningún ser humano. Y ahora la pregunta es: ¿y si esa persona hubiera puesto en riesgo a un ser humano que necesitaba una ambulancia y la ambulancia no llegó?”, analizó la fiscal.

Es un crimen serio

Aunque situaciones de esta índole no suelen ocurrir con frecuencia en Puerto Rico, aclaró Ramos Montesinos, no dejan de ser una amenaza a la vida, como lo que sucedió el pasado 10 de diciembre en el estado de Georgia.

Y es que una conductora falleció en un accidente de tránsito contra un policía que se apresuraba para llegar al hogar de la representante estadounidense Marjorie Taylor Greene, luego de que alguien alegara, a través de correo electrónico, implantar una bomba en su buzón, reportaron varios medios, incluyendo CNN. El aviso resultó ser falso.

Por ende, el crimen de Soto Rodríguez es mucho más serio que un mero pasatiempo en la que acudió de hacer varias llamadas de emergencias infundadas, reiteró Ramos Montesinos.

“Cada vez que alguien hace uso del Sistema, se le quita la oportunidad a una persona que sí tiene una emergencia de salud, como de propiedad, a que los equipos de respuesta de emergencia lleguen en el momento oportuno. Ese es el peligro, es la vida de un ser humano”, advirtió.

De igual modo, reportar emergencias falsas interrumpe las labores del equipo de primera respuesta, quienes podrían estar atendiendo a una población realmente necesitada.

Esto se vivió el 10 de septiembre de 2024 cuando un ciudadano reportó una amenaza de bomba falsa en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, por lo que se activó la División de Explosivos del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) bajo la presunción de la presencia del artefacto.

“A veces los ciudadanos se molestan y dicen ‘ah, pero ese es tú trabajo’. Pues, claro que sí y nos apasiona, nos gusta, porque estamos devolviéndole a Puerto Rico un granito de arena. Pero no es para poner en riesgo a otra persona, no es para una mentira, no es par que el Estado gaste de su erario”, recalcó.

El caso de Soto Rodriguez, además, impulsó al Departamento a proceder con la adquisición de equipo sofisticado para identificar casos como estos, en la que invirtió sobre $340,000 aproximadamente, sin contar otras propuestas, para contar con los aparatos apropiados que analizan metadata y, así, presentar evidencia digital contundente, ya sean llamadas, vídeos o fotografías.

Ya Justicia estaba en vías de adquirir este equipo especializado. El caso de Soto Rodríguez únicamente reforzó su plan, dijo Ramos Montesinos.

“Fue un reto, porque lo único que teníamos era la voz de una persona y un número de teléfono. Hicimos una querella para conocer a quién le pertenecía ese número de teléfono para poder saber la descripción del dispositivo electrónico para hacer las llamadas y poder dar con la persona que tenía control del teléfono. Entonces, había que ver si había algún operador del sistema que fuera capaz de reconocer la voz de la persona que estuviera llamando en ese periodo de tiempo”, recordó.

“(También el reto para mí fue) cómo podía culminar la investigación, porque si esos operadores no podían identificar la voz, no podía identificar a la persona”, añadió.

Gracias a este equipo, la fiscal aseguró que se han esclarecido asesinatos, robos domiciliarios, agresiones sexuales, maltrato de menores y casos de violencia doméstica.

“Se han esclarecido muchos casos y se ocupa evidencia”, celebró, resaltando que ha ayudado a armar el caso con evidencia contra Jonathan “Abuelito” Bonilla, sospechoso de la desaparición de Tamara Michelle García Resto en el 2021, según reportes de prensa.

“Hacemos un memorial a la secretaria (de Justicia, Janet Parra) sobre cuál es el equipo que tenemos que obtener y se nos escuchó, se nos ha provisto”, aseguró.