Presuntas irregularidades en un contrato para la compra y mantenimiento de la flota de helicópteros para la división Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA), de la Policía de Puerto Rico, provocaron que la compañía Ecolift Corporation amaneciera este viernes ocupada por agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Interna del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (HSI-ICE). 

En sus hangares del aeropuerto regional Fernando Rivas Dominicci, en Isla Grande, San Juan, los federales diligenciaron una orden de allanamiento como parte de una investigación en curso, confirmó el portavoz de la agencia federal, Iván Ortiz. 

Ortiz informó que la orden está sellada, por lo que no podía emitir más comentarios sobre los motivos de la pesquisa.

No obstante, este diario supo la misma está relacionada al contrato que obtuvo esta compañía el año pasado con el gobierno para la compra y mantenimiento de la flota de helicópteros para FURA.

Según partes de prensa, la compañía Ecolift fue contratada en 2013 por la Administración de Servicios Generales (ASG) para comprar cuatro helicópteros para la Uniformada, específicamente para la flota aérea de FURA, y para darles mantenimiento.

El administrador de ASG, Luis M. Castro, confesó que le sorprendió la intervención de las autoridades federales en el lugar.

"Me sorprende porque lo que hemos trabajado con la compañía, no habíamos tenido problema. Es una compañía seria, a nuestro entender. Además de manejar la flota policiaca, también ofrecen servicios privados a helicópteros de las Naciones Unidas, de República Dominicana, de Venezuela, lo que es un elemento positivo económicamente para Puerto Rico", expresó Castro sobre la compañía fundada en 1998 y presidida por Ernesto DiGregorio.

Castro aclaró que, hasta el momento, las autoridades federales no les han solicitado documentos ni información.

Detalló que en 2013 se gestionó un préstamo de $34 millones para la compra de tres helicópteros Bell 429 de doble turbina y uno Bell 407 de turbina sencilla con financiamiento de Scotiabank y garantizado por el Royal Bank de Canadá.

Se acordó que la flota siempre tendría su mantenimiento al día por parte de Ecolift por la duración del préstamo, que vence en 2020. Ecolift es el representante autorizado de la manufacturera de Bell, que son hechos en Canadá.

Castro explicó que el contrato de mantenimiento conlleva un pago mensual de $25,000 por cada uno de los helicópteros de doble turbina y $17,000 mensual por los de turbina sencilla. Esto incluye mantenimiento preventivo, inspecciones, entre otros.

El administrador aclaró que no han tenido controversia con facturas referentes al mantenimiento como tal, pero sí con lo que llaman "over and above", que contempla el reemplazo de piezas que dicen no están cubiertas por la garantía.

"Sí tenemos controversia, y llevamos hace poco más de un año bregando con el asunto, con unas cosas que ellos llaman 'over and above', basado en tipo de mantenimiento de piezas que dicen no están cubiertas. Hay controversia, porque entendemos que hay cosas que no se han autorizado por la Policía y hay piezas que sí tienen garantías. Esas facturas, que no recuerdo a cuánto ascienden, ellos las someten y la Policía tiene que autorizarlas. No las hemos pagado porque entendemos que la Policía tiene que decir si se hizo el trabajo o no. Si la Policía no las autoriza, no se pagan. Punto", manifestó Castro, quien aclaró que los helicópteros están funcionando.

Reconoció que sí hubo controversia el año pasado, dado a que hubo un atraso en la entrega de las unidades. Se suponía que los entregaran entre junio y julio de 2014, pero entregaron el último helicóptero en septiembre del año pasado.

Castro indicó que para este contrato no hubo subasta. Dijo que lo trabajó el entonces superintendente de la Policía, Héctor Pesquera, y se hizo la compra mediante orden ejecutiva de Fortaleza, luego de declarar en estado de emergencia a la Policía por no tener helicópteros funcionando.

Fue el 15 de abril de 2014 que el gobernador Alejandro García Padilla anunció la compra de los helicópteros, que fueron personalizados con sistemas de navegación, equipo táctico, grúa para realizar rescates en el mar, consola removible, y lámpara de búsqueda de alta intensidad, entre otros equipos.

En esa conferencia de prensa, estuvieron presentes el superintendente José Caldero; la jefa de Fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez; el director del FBI en Puerto Rico, Carlos Cases; y el agente especial a cargo del HSI-ICE, Ángel Meléndez.

También indicó que se restauraron otros tres helicópteros Bell 407 a un costo de $4.1 millones, que se pagó con piezas que dieron en "trade in".

Agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) también participaron del allanamiento a Ecolift.